Como una manera de comunicar al gobierno nacional sobre cómo el conflicto viene afectando a los habitantes de la vereda Mesa Rica Parte Baja, del municipio de La Playa de Belén, fue tomada por uno de sus voceros, Hermides Garay, la invitación a participar en la quinta sesión de la Mesa por la Protección a la Vida.
El campesino denunció que en esa zona del Catatumbo se han presentado asesinatos, desapariciones y desplazamiento de familias. Todo esto, dijo, por cuenta de la confrontación que sostienen desde hace varios meses grupos armados ilegales. Garay aprovechó el encuentro con autoridades regionales y nacionales para solicitarles apoyo eficaz para frenar esa disputa territorial.
El representante comunitario narró que se ha tenido que desplazar en tres oportunidades, en una de ellas hacia la vecina Venezuela, para salvar la vida de uno de sus hijos. Esta dramática situación también la padecen cientos de habitantes de la región catatumbera, quienes se sienten vulnerables ante acciones violatorias de derechos humanos, como la ocupación de sus viviendas por parte de miembros de grupos armados ilegales, circunstancia que los ha obligado a abandonar sus propiedades ante posibles señalamientos de parte y parte.
Así como Garay, varios más reclamaron medidas oportunas de protección tras considerar que los están matando sin razón, “todo por el hecho de trabajar y representar a una comunidad”, reiteró el vocero veredal.
Una situación semejante expuso Miguen Duarte, personero del municipio de El Tarra. El representante del Ministerio Público describió la dinámica de la región como “peor” luego de que el Estado colombiano, a través del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), firmara un acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
A juicio de este funcionario, no se ha cumplido a cabalidad asuntos tales como la activación de proyectos productivos, situación que se complica cuando se evidencia que los campesinos no tienen tierra en propiedad. “Uno los ve decepcionados”, afirmó Duarte.
Lideresas sociales también tomaron la palabra para reclamar por lo que consideran incumplimientos del gobierno pidiendo que esta Quinta Mesa por la Protección a la vida no se quede en una más sin soluciones.
El pueblo Barí pidió a través de su coordinador de Derechos Humanos, Alexander Dora, el cumplimiento de las sentencias judiciales que establecen los planes de salvaguardia de su comunidad, asentada en dos resguardos. El líder indígena reiteró que el problema del Catatumbo deriva de la confrontación entre grupos armados ilegales “identificados y no identificados”, por lo que pidió monitoreo permanente para que la convivencia en el territorio sea lo menos tensa posible.
En esta quinta sesión de la Mesa por la Protección a la Vida sobre la que se pretendía determinar qué acciones se van a ejecutar para evitar el asesinato de más líderes sociales y cuáles serían los compromisos para brindar seguridad y respeto por los derechos humanos de los catatumberos, las comunidades y sus voceros hicieron énfasis en el fortalecimiento de políticas preventivas mediante el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Cifras de la Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparadas para este encuentro revelan una grave situación humanitaria. La disputa desde 2018 entre la guerrilla del Eln y el grupo armado ilegal Epl ha generado el desplazamiento de por lo menos 15 mil personas; redujo a situación de confinamiento a 33 comunidades.
Durante las casi cinco horas de reunión, realizada en el coliseo Angelino Durán Quintero, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera; el fiscal general encargado, Fabio Espitia; y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, escucharon a los voceros de las comunidades y, de paso, hicieron un balance sobre los compromisos cumplidos e incumplidos en el Catatumbo.
Ante las denuncias y reclamos hechos por voceros de las organizaciones sociales y campesinas, el Fiscal General encargado afirmó que no se puede hablar de “exterminio sistemático” de líderes sociales y que las investigaciones están orientadas a averiguar la razón de los asesinatos y sus responsables.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, llegó a clausurar el encuentro y tras escuchar al Procurador y al Defensor del Pueblo destacó la capacidad de resiliencia de los habitantes de la región que, por décadas, han soportado los rigores de la violencia.
“Son 11 municipios duramente golpeados por esas estructuras malignas que van detrás de los secuestros y extorsiones. Hago un llamado al liderazgo social para no caer en tentación del camino fácil”, dijo el jefe de Estado. En su intervención, rechazó las intimidaciones, amenazas y asesinatos de líderes sociales: “Es un daño terrible, no existe causa ideológica que justifique un asesinato. Desde que empezó nuestro gobierno hemos implementado planes de acción oportuna con mesas de coordinación con plataformas de derechos humanos para ir al fondo”.
De acuerdo con cifras expuestas por el defensor Negret, 14 líderes sociales han sido asesinados en los últimos tres años en la zona del Catatumbo y destacó que en esta región “el ciudadano de estos municipios no pide nada distinto a tranquilidad”.
Por su parte, el procurador Carrillo advirtió sobre los riesgos que genera el debate electoral que ya va cogiendo forma de cara a los comicios locales y regionales del próximo 27 de octubre: “Estamos a menos de seis meses de un debate electoral, y la violencia contra los líderes sociales se recrudece en estas épocas. Aquí hay un elemento no marginal sino vertebral, para el análisis de lo que representa en adelante su protección”.
Alertas de la Defensoría
La violencia que padece el Catatumbo tras la dejación de armas de las Farc ha sido monitoreada de manera permanente por esa agencia del Ministerio Público, con particular interés desde enero de 2018, advirtiendo de manera reiterada los posibles efectos que pueden sufrir sus pobladores en materia de vulneración a los derechos humanos.
En la Alerta Temprana emitida en enero del año pasado hizo referencia a lo que venía ocurriendo en la zona fronteriza con Venezuela y a la intensificación de los choques armados entre el Eln y el Epl, puntualmente en los municipios de Teorama, Convención y El Carmen.
Tres meses después fue emitida una nueva alerta en la que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría reiteró “los riesgos para la población civil derivados de la expansión de este conflicto y producto de los primeros choques violentos entre miembros del ELN y el EPL, en jurisdicción de los municipios Hacarí, Teorama y San Calixto”.
A partir de ese momento, la confrontación se recrudeció y tuvo un punto de inflexión entre diciembre de 2018 y mediados de abril de este año. Ese hecho fue interpretado como consecuencia de una “estrategia de repliegue por parte del EPL hacia municipios como Sardinata, Cúcuta, El Zulia y Puerto Santander, desde donde se estaría planeando la estrategia de retoma de posiciones teniendo como punto de entrada sectores urbanos y rurales de los municipios La Playa de Belén y Abrego, especialmente en las áreas colindantes con el municipio Hacarí”.
A la par, según el SAT, el Eln avanzó sobre áreas estratégicas del Epl, en la zona norte de San Calixto y Hacarí, y actualmente tienen enfrentamientos en zonas rurales de La Playa de Belén y Abrego. Esos dos municipios estuvieron al margen de los combates, pero ahora “registran un aumento considerable de homicidios selectivos, desplazamientos forzados de núcleos familiares asentados en veredas donde la conflictividad no era usual, ya que estas áreas venían siendo utilizadas por los grupos al margen de la ley más como corredor de movilidad que como espacios de confrontación abierta”
Por esa razón, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana de Inminencia, en la que deduce que la afectación y el impacto sobre la población civil de esos dos municipios “resultará mayor como quiera que no están habituados a vivir lo rigores de la confrontación armada”.
Sobre estos nuevos enfrentamientos, la Defensoría del Pueblo indica que la tensa calma que se vivió en el Catatumbo en los primeros meses de 2019 presagiaba la posibilidad de un acuerdo entre los dos grupos armados, pero abruptamente se rompió cuando, en marzo, el Eln emitió un comunicado reafirmando sus ‘motivos’ para enfrentarlos.
En el documento, ese grupo subversivo recordó que le brindó protección al Epl cuando las Farc se propusieron aniquilar a sus integrante y los señaló de dejar de ser un grupo guerrillero: “Hoy aparece con pequeños grupos en todo el territorio, pero es una guerrilla desfigurada en su concepción revolucionaria y alejada de los sentimientos populares; agresiva e impositiva con la población; degradada por sus alianzas con el bandidaje de los carteles de la droga relacionados con el paramilitarismo”.
En respuesta fechada el 14 de abril, el Epl le declaró la guerra al Eln, aduciendo que había agotado todas las vías de diálogo posible para zanjar las diferencias existentes. En uno de los apartes del comunicado, reseñado por el SAT, se lee: “Queridas comunidades donde hoy en día se alojan y acampamentan (Sic) los miembros del Eln. Queremos de una manera responsable advertirlos. A partir de la promulgación del presente va ser una guerra sin cuartel como respuesta y agotados todos los escenarios que el Ejército Popular de Liberación, Epl, ha propuesto para buscarle solución dialogada a la problemática. Los invitamos a que se refugien en cabeceras municipales, ya que no queremos que la población civil esté en medio del fuego cruzado, el no hacer caso entendemos de su participación complicidad y colaboración con el Eln”.
Ese fue el detonante de una ola de violencia que tiene sumida en la zozobra a los habitantes de la Playa de Belén y Abrego. Sobre los hechos ocurridos en el primero, la Alerta Temprana reportó que los combates están ocurriendo de manera constante y reseñó el día previo a su emisión, ocurrido en la madrugada del 1 de junio, en inmediaciones de las veredas Miraflores y Capellanía.
“En estos mismos hechos fue asesinado el señor Dagoberto Álvarez, quien figuraba como líder comunal, tenía 35 años de vivir en esa comunidad y había sido parte de la directiva de la JAC. Actualmente era tesorero de la JAC de la vereda Miraflores, corregimiento de Aspasica, (y) al parecer fue sacado de su casa por hombres armados que luego procedieron a darle muerte con armas de fuego. Esta persona en julio de 2018 había presentado amenazas por parte del EPL”, consignó.
Sobre el municipio de Abrego reportó que la violencia también está ocurriendo en la zona urbana y describió las afectaciones que ha generado: “El 19 de mayo se presentó el homicidio de una persona en el barrio Kennedy, que junto a barrios como la Ceiba, Brisas de Hato viejo, Villas del Rosario, La Inmaculada, San Pedro entre otros, presentan una alta vulnerabilidad y problemáticas asociadas al expendio y consumo de sustancias alucinógenas, hogares disfuncionales, arribo de población migrante y desplazada por la violencia, que se convierte al tiempo en focos de delincuencia, lo que permite que sobrevengan otras expresiones de violencia urbana letal para la imposición de patrones de conducta sobre todo en personas estigmatizadas y relegadas socialmente”.
Además de dar cuenta de combates, asesinatos y desplazamientos forzados, la Defensoría del Pueblo alertó que ambos grupos armados están reclutando menores de edad, incluso algunos provenientes de Venezuela: “En principio no lo estarían haciendo de manera forzada sino mediante maniobras engañosas como el ofrecimiento de dinero, promesas de adquirir status dentro del grupo armado e incluso a partir del inicio de relaciones afectivas a través de diversos métodos de seducción, especialmente, en centros educativos”.
Sobre los desplazamientos forzados, advirtió que son producto de amenazas: “Las amenazas de muerte o de destierro que profieren ambos grupos guerrilleros vienen recayendo sobre personas a las que acusan de ser colaboradores o simpatizantes, no obstante, se observa que dichas amenazas vienen escalando hacia ámbitos más privados que incluye a los familiares de combatientes o hacia personas que han tenido algún tipo de relación sentimental con miembros de estas organizaciones armadas y de las cuales los grupos armados en disputa presumen, que podrían conocer de información sensible y capitalizable por su oponente, ante lo cual deciden asesinarlos o desplazarlos de manera forzada”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto porque la situación del Catatumbo se está complejizando mucho más, pues la violencia llegó a municipios donde no se encontraba: “Esta situación no hará más que profundizar la crisis humanitaria que ya había mostrado niveles dramáticos durante lo corrido del 2018 en municipios como Hacarí, San Calixto y Teorama, y que ahora, en virtud de los reposicionamientos del EPL y el avance del ELN, se traslada a territorios de La Playa de Belén y Ábrego, que no venían afrontando los rigores de esta confrontación de manera tan directa como hoy acontece”.
Hallazgos de la Comisión
A la par del encuentro en Ocaña también se registró la difusión de un informe elaborado por la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, que realizó entre el 14 y el 18 de mayo una segunda misión de verificación, la cual estuvo conformada por organizaciones sociales, delegados de la ONU y funcionarios estatales. Durante esos días recogió testimonios de las comunidades de cinco municipios del Catatumbo sobre presuntas agresiones de miembros de la Fuerza Pública.
El documento advierte que tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) habrían cometido presuntas acciones ilegales contra la población civil que estarían relacionadas con las instrucciones que emitió el Ejército Nacional para aumentar las capturas y las bajas de miembros de grupos armados armados. Esas supuestas directrices para aumentar los resultados operacionales fueron reveladas hace varias semanas por el diario New York Times.
Entre las acciones documentadas por esta Comisión se encuentran torturas, estigmatizaciones, hurtos y daños de bienes civiles, ataques indiscriminados, seguimientos, capturas sin fundamentos, toma de fotografías y retención de documentos de identidad. A continuación, VerdadAbierta.com detalla los casos consignados en el informe.
Tomado de Verdad Abierta
