El presidente Duque atacó duramente el informe anual de la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), argumentando que era impreciso pues, por ejemplo, no reconocía avances en la implementación de la paz o en la investigación de los asesinatos de líderes sociales, ni condenaba suficientemente las atrocidades del Eln. Y tuvo un ataque más fuerte: argumentó que era una intromisión en la soberanía colombiana que Oacnudh recomendara que la Policía pasara al Ministerio del Interior.
Estos ataques son no solo injustificados, sino que contradicen otras posiciones del propio Gobierno.
Primero, quien es impreciso es Duque. Un solo ejemplo: no es cierto que el informe no reconozca progresos en las investigaciones de homicidios de líderes sociales, pues valora positivamente que haya avances en 55 % de los casos. Pero obviamente critica que no haya esclarecimiento sobre los autores intelectuales de esos asesinatos y que su número siga siendo tan alto: 108 solo en 2019.
Segundo, esos ataques a Oacnudh por supuestamente infringir la soberanía desconocen la función de la ONU y de los derechos humanos en el mundo contemporáneo.
La ONU nació para evitar la repetición de las atrocidades de los fascismos, que habían conducido a la Segunda Guerra Mundial y habían mostrado que a veces el peor enemigo de las personas es su propio Estado. Quedó claro que era necesario crear mecanismos internacionales para proteger a las personas de sus propios Estados.
La Carta de la ONU estableció entonces que todos los Estados deben colaborar en el respeto de los derechos humanos, que dejaron de pertenecer a la soberanía de los Estados y se convirtieron en un tema de derecho internacional. Posteriormente, los propios Estados crearon instituciones para promover y proteger los derechos humanos, como la propia Oacnudh. Cuando uno de esos órganos internacionales se pronuncia sobre los derechos humanos en un Estado y le formula recomendaciones, no está entonces infringiendo la soberanía de ese Estado, sino que está ejerciendo una función que le ha sido encomendada por el derecho internacional.
Eso precisamente fue lo que hizo Oacnudh al recomendar a Colombia que la Policía quede bajo la supervisión del Ministerio del Interior, que es además una petición muy razonable, a fin de que la Policía deje de ser un cuerpo militarizado y sea realmente un cuerpo armado civil, como debe serlo en una democracia genuina.
Finalmente, estos ataques de Duque a Oacnudh por supuestamente invadir nuestra soberanía nacional contrastan con otras posiciones de ese mismo Gobierno. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, también de la ONU, recomendó, con toda razón, que condenados como el exministro Arias debían tener un recurso para impugnar la sentencia que los condenó en única instancia. El gobierno Duque ha apoyado esa recomendación y la reforma que se ha tramitado en el Congreso al respecto.
Para el gobierno Duque, la ONU es entonces legítima para recomendarnos que modifiquemos nuestro proceso penal a favor de Arias, pero invade nuestra soberanía si recomienda que reformemos a la Policía. Un doble estándar inaceptable. Pero, además, con esa actitud chauvinista contra Oacnudh, Duque termina asumiendo la misma posición del gobierno de Maduro, que siempre se ha opuesto a las críticas de los órganos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, con el argumento de que es una injerencia en la soberanía venezolana.
Posdata. Por transparencia, aclaro que para el período 2019-2022 soy integrante del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Texto de Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Tomado de El Espectador
