Quito, 10 junio de 2025.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó este martes, por treinta días, el estado de excepción para Quito, y siete de las 24 provincias del país decretado, «por grave conmoción interna».
La medida aplica para las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como para el Distrito Metropolitano de Quito, de la provincia de Pichincha.
En el decreto de renovación del estado de excepción declarado el pasado 12 de abril por 60 días, Noboa pide que se notifique a la ciudadanía de la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia y de la libertad de tránsito.
En el decreto, Noboa anota que la Ley de Seguridad Pública y del Estado define al estado de excepción como la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado, determinando que es un régimen de legalidad y, por lo tanto, no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración.
El pasado 5 de marzo, la Corte Constitucional ordenó la creación de una comisión -a lo que no ha respondido el Ejecutivo- compuesta por diferentes instituciones estatales para evitar que se perpetúe el estado de excepción decretado contra el crimen organizado, medida que Noboa ha mantenido por más de un año en varias zonas.
El tribunal advirtió de la necesidad de encontrar la fórmula para enfrentar a las bandas criminales dentro del ordenamiento jurídico ordinario sin recurrir al estado de excepción.
Ecuador, que atraviesa una crisis de inseguridad, está bajo la declaratoria hecha por Noboa el 9 de enero de 2024 de «conflicto armado interno» contra el crimen organizado, vinculado con el narcotráfico.
Ese día, Noboa declaró a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales para facilitar que las fuerzas estatales las neutralicen.
En repetidas ocasiones, la Corte había señalado que la declaración de ‘conflicto armado interno’ esgrimida por Noboa no era suficiente razón para declarar el estado de excepción contra el crimen organizado y que esta debía estar fundamentada en hechos comprobables.
Por ello, el máximo tribunal de garantías en Ecuador había declarado inconstitucionales algunos estados de excepción y otros los había suavizado ya que, en la mayoría de los casos, implicaban la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de reunión e incluso en ocasiones libertad de tránsito con toques de queda nocturnos.
Pese a los estados de excepción, continúan los hechos violentos en el país y este martes fueron asesinadas, en menos de una hora, siete personas (cinco en los exteriores de un mercado) en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país.
EFE