Quito, 5 octubre.– Ecuador registró este lunes 141.339 casos positivos por la COVID-19, 305 nuevos en las últimas 24 horas, y 11.681 fallecidos, entre confirmados y probables por la enfermedad, indicó el Ministerio de Salud Pública en su parte oficial diario.
En el apartado de fallecimientos por la enfermedad, la cifra sumó 34 casos en el último día y se reparte entre 7.825 confirmados y 3.856 fallecidos probables por el coronavirus.
Según el reporte del ministerio -que recoge datos desde el 29 de febrero, mes en el que se registró el primer caso de coronavirus en el país-, la cifra de recuperados de la enfermedad asciende a 120.511 casos, mientras que los pacientes que han recibido el alta hospitalaria suman 19.275.
De acuerdo con la distribución de casos por provincias, la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que acumula el mayor nivel de contagio con 42.224 casos, 206 de los cuales son nuevos.
Le siguen las provincias de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 20.541 casos, Manabí con 9.911, Azuay (9.297), El Oro (5.654), Loja (5.648), Santo Domingo de los Tsáchilas (4.959) y Tungurahua (4.747), entre las más afectadas.
En cuanto a los municipios con mayor nivel de contagio, se encuentran Quito con 38.717 casos, Guayaquil con 14.091, Cuenca (7.420), Loja (4.365) y Santo Domingo (4.174).
Según la cartera sanitaria, se han descartado 234.956 casos, mientras que 979 personas están hospitalizadas, 356 de ellas con pronóstico reservado.
Ecuador aplicó el pasado 16 de marzo un estado de excepción en todo el territorio nacional para afrontar la expansión de la pandemia, que en los primeros meses incluyó un proceso de cuarentena y un estricto confinamiento masivo.
Tras su finalización el 14 de septiembre, el Gobierno nacional pidió «corresponsabilidad» a la población y el acatamiento de medidas tales como el lavado habitual de manos, el distanciamiento físico de al menos dos metros y el uso permanente de mascarillas.
Desde entonces Ecuador se encuentra en una nueva situación en la lucha contra la COVID-19, en la que se apela a la responsabilidad ciudadana, mientras que la imposición de las restricciones recae en los Gobiernos locales.
EFE
