El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo sostuvo que cualquier persona o entidad que colabore con la funcionaria que investiga posibles crímenes de guerra en Afganistán también estará sujeta a las medidas del gobierno.
Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la gambiana Fatou Bensouda, al objetar la investigación de soldados estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Afganistán.
“Cualquier persona o entidad que continúe asistiendo en forma material” a la fiscal en esas investigaciones “también estará sujeta a sanciones”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa. La medida, que incluye restricción de visados y congelamiento de sus bienes en EEUU, también impacta a Phakiso Mochochoko, responsable de la oficina de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación.
Según recalcó, el gobierno de Donald Trump “no tolerará los intentos ilegítimos por someter a los estadounidenses a la jurisdicción” de la Corte, a la que consideró “profundamente rota y corrupta”.
En junio, el presidente Donald Trump había dado luz verde a las medidas contra miembros del tribunal, con restricciones de viajes. En una orden ejecutiva, Trump advirtió que Estados Unidos bloquearía los bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense de cualquier miembro del tribunal con sede en La Haya involucrado en la investigación o enjuiciamiento de las tropas estadounidenses, y dijo que denegaría el visado de ingreso al país a estas personas y sus familiares.
Por entonces, la CPI rechazó esa decisión y sostuvo que esas medidas obstaculizan el “esfuerzo común por combatir la impunidad y garantizar que se cumpla la obligación de rendir cuentas por atrocidades”.
En marzo, el tribunal de La Haya autorizó la apertura de una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes contra el humanidad en Afganistán, a pesar de la oposición de Washington.
La Casa Blanca dijo que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que constituyó la CPI en 1998, y por lo tanto desconoce su jurisdicción, como sí lo hacen 123 estados.
El rol de la CPI, instalada en 2002 para juzgar crímenes de lesa humanidad, ya había sido criticado por Washington. El presidente republicano George W. Bush (2001–2009) alentó a los países a evitarla. Su sucesor, Barack Obama, adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.
Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.
Tomado de Venezuela Política
