Una comunidad del departamento colombiano del Caquetá (sur) denunció que los niños muertos en el bombardeo militar de hace dos meses contra disidentes de las FARC fueron entre 16 y 18, y no ocho como se reveló la semana pasada, lo cual fue desmentido este martes por las autoridades.
Idaly Saldaña, habitante de la aldea de Aguas Claras II, el poblado más cercano al punto donde cayeron las bombas, explicó a Noticias Uno que según lo que dicen las familias de la zona son «18 niños» que murieron en el bombardeo.
«Esa es la cifra que no revela el Estado y quienes tienen que ver con esto», afirmó la mujer a Noticias Uno, sin dar más detalles del origen de esa información.
Al respecto, el Comando General de las Fuerzas Militares explicó hoy en un comunicado que «el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la única institución que puede emitir los dictámenes científicos legales que permitan establecer posibles causas de muerte y plenas identidades de los occisos y sus edades biológicas».
La muerte de los ocho menores de edad en el bombardeo en agosto pasado salió a la luz la semana pasada en un debate de moción de censura al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien renunció ante las críticas desatadas por ocultar dicha información.
En esa operación, según Medicina Legal, fallecieron Ángela Gaitán, de 12 años; José Rojas, de 15; Sandra Vargas y Diana Medina, ambas de 16; Jhon Pinzón, Wílmer Castro y Abimiler Morales, de 17, y un octavo menor de edad cuya identificación no ha sido precisada por la Fiscalía.
Por otra parte, José Fernando Saldaña, otro habitante de Aguas Claras II, perteneciente al municipio de San Vicente del Caguán, también aseguró al noticiero que los soldados «cargaban perros que persiguieron niños y los mataron al frente de unos potreros».
Como respuesta a ello, las Fuerzas Militares aseguraron que tras el bombardeo «no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual».
La institución reiteró que pusieron a disposición de las autoridades competentes «el personal, la información, documentos y material relacionado con la operación» para la investigación.
«Se tiene plena confianza en las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría, y esperamos que los resultados se den a conocer de manera oportuna a la opinión pública, para evitar que continúen especulando respecto de la actuación de los integrantes de la fuerza pública en la operación», agregó la información.
EFE
