El daño ambiental causado al ecosistema tardará 40 años en recuperarse.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
ANTIOQUIA, COLOMBIA. (10 DIC 2024) – En el marco de operaciones conjuntas entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, fue desmantelada una unidad de producción minera ilícita que operaba en la vereda El Topacio, municipio de San Rafael. Esta operación, llevada a cabo por tropas del Batallón Especial Energético y Vial de la Cuarta Brigada, afectó significativamente las economías ilícitas del Ejército Gaitanista y dejó al descubierto el grave daño ambiental causado en la región.
Impacto ambiental y material incautado
Según las autoridades, el ecosistema afectado por la minería ilegal tardará más de 40 años en recuperarse debido al daño causado por la extracción descontrolada. Durante el operativo, fueron incautados:
- 1 excavadora.
- 2 dragas tipo buzo.
- 2 motobombas.
- 1 clasificadora de minerales.
El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades competentes, mientras se avanza en las investigaciones.
Golpe al EGC
La acción militar, enmarcada en el Plan de Operaciones Ayacucho, representó un duro golpe para la Subestructura Pacificadores de Samaná, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con pérdidas económicas estimadas en más de 1700 millones de pesos. Esta unidad minera era una de las principales fuentes de financiamiento de este grupo armado organizado, que opera en Antioquia y otras regiones del país.
Compromiso con la seguridad y los recursos naturales
La neutralización de esta unidad de producción minera ilícita responde a los compromisos adquiridos durante el Consejo de Seguridad Ministerial celebrado en el municipio de Granada. El Ejército Nacional reiteró su compromiso de proteger los recursos naturales y combatir las actividades ilícitas que amenazan la seguridad y el medio ambiente.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.