Durante la Operación Coraza fue destruida de forma controlada una mina antipersonal en Guachinte, Jamundí.
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. (8 JUN 2025) – Tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional evitaron una grave violación al Derecho Internacional Humanitario al detectar y destruir de manera controlada una mina antipersonal instalada en zona rural del corregimiento de Guachinte, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.
De acuerdo con lo reportado por El Ejército Nacional de Colombia. El artefacto explosivo fue hallado cerca de un afluente hídrico que abastece a más del 40 % de la población del corregimiento, lo que incrementaba significativamente el riesgo de una tragedia humanitaria. De acuerdo con el informe oficial, el dispositivo tenía un radio de daño colateral aproximado de tres metros, suficiente para causar heridas graves o la muerte a cualquier persona que transitara por la zona.
Las autoridades atribuyen la instalación del artefacto al Grupo Armado Organizado residual Jaime Martínez, una estructura disidente que continúa operando en el suroccidente colombiano y que ha sido señalada de reiteradas acciones que vulneran los principios del Derecho Internacional Humanitario, como el uso de minas antipersonal en zonas cercanas a población civil.
La operación se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia y patrullaje permanente por parte de los soldados del Ejército, quienes lograron neutralizar el explosivo antes de que causara daño. La destrucción controlada fue realizada por técnicos en explosivos bajo estrictos protocolos de seguridad.
“Con esta acción protegemos la vida de cientos de familias y preservamos un recurso vital como lo es el agua”, indicó un vocero del Ejército Nacional. La institución reiteró su compromiso con la protección de la población civil y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en contextos de conflicto armado.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.