Golpe económico de más de 11.000 millones de pesos a minería ilegal
Antioquia y Córdoba. 15 de Agosto de 2025. –Autoridades militares y judiciales asestaron golpes contundentes contra la minería ilegal. Las operaciones se desarrollaron bajo los lineamientos del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Tropas de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantaron acciones simultáneas que permitieron incautar maquinaria e insumos usados en la explotación ilícita de minerales.
En la primera operación, ejecutada en el sector Alto de María, jurisdicción de Zaragoza (Antioquia), los uniformados intervinieron siete unidades productoras. Allí encontraron seis dragas caperuzas, una excavadora, seis motores industriales, una clasificadora y 300 galones de ACPM. Los equipos, avaluados en más de 1.000 millones de pesos, podían producir 21.000 gramos de oro al mes. Esa cantidad generaba ganancias ilícitas superiores a 8.000 millones de pesos para el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
De forma paralela, en la vereda El Bagre, municipio de Puerto Libertador (Córdoba), soldados de la misma brigada intervinieron dos unidades mineras ilegales. En el lugar destruyeron dos dragas, tres motores y 50 galones de ACPM, valorados en cerca de 150 millones de pesos. Este procedimiento representó una afectación económica de 3.000 millones de pesos, que correspondía a la extracción mensual de 7.500 gramos de oro.
Además del golpe financiero, las operaciones reducen el daño ambiental. Varias hectáreas de terreno y fuentes hídricas, antes afectadas por la explotación ilícita, comienzan a recuperar su equilibrio natural.
Finalmente, el Ejército Nacional destacó que estas acciones fortalecen el control institucional en el Bajo Cauca antioqueño y en Córdoba. Con ellas, se debilitan de forma sostenida las finanzas ilegales del Clan del Golfo y se protege a las comunidades de la región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.