Los líderes sociales y defensores de derechos humanos necesitan más que escoltas y operativos de seguridad para que no los maten. Necesitan que el ambiente social y político que los rodea sea de protección. Así lo afirma Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, una organización que busca proteger las fuentes hídricas en el departamento colombiano de Antioquia.
Zuleta fue una de las panelistas en el foro ‘Defensores y defensoras bajo ataque’, que se realizó este miércoles en el marco de la 49 Asamblea General de la OEA en Medellín.
El evento fue organizado por siete organizaciones de la sociedad civil junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia (Oacnudh).
El evento se realizó en medio de una grave situación de violencia en Colombia. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en noviembre de 2016, 702 líderes y lideresas sociales han sido asesinados, según el informe del 2019 de Indepaz.
El panorama para los líderes en América Latina también es sombrío. La región ocupa el deshonroso primer lugar como la más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos. En 2018, 321 defensores o defensoras de Derechos Humanos fueron asesinados en el mundo y el 75% de estos ataques ocurrieron en el continente americano.
“Necesitamos que el ambiente que nos rodea sea de protección. Que no nos estén señalando, estigmatizando y persiguiendo”, dijo Zuleta. Para construir este ambiente, explica la lideresa, es necesario que los líderes políticos no promuevan discursos de odio, que la fuerza pública goce de legitimidad entre los ciudadanos y que la justicia trabaje con plena independencia y respaldo del Estado.
La líder añadió que las medidas de seguridad para los líderes y defensores deben priorizar «su permanencia en los territorios» para que puedan seguir con su trabajo. “Debemos permanecer en el territorio en un ambiente seguro que lo debe proporcionar el Estado colombiano”, dice Zuleta.
Para hacer frente a las agresiones, el gobierno del presidente Iván Duque presentó el ‘Plan de Acción Oportuna para la Prevención y Protección de Defensores/as de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Colectivos/as y Periodistas’ (PAO). El plan fue anunciado en noviembre de 2018, pero las amenazas no se han detenido y tanto la comunidad internacional como la colombiana han pedido acciones urgentes.
Sebastián Escobar, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una organización que actúa como ‘órgano consultivo’ de la OEA, explica que las medidas no han sido efectivas porque no responden a las causas reales del problema. “Hay un reduccionismo en la forma como el gobierno nacional quiere ver el fenómeno”, dice el experto. Explica que el gobierno ve la situación de seguridad de líderes sociales, defensores de DDHH y periodistas como un asunto que se puede resolver con medidas principalmente de fuerza, como Ejército y Policía, o estrategias preventivas individuales, como escoltas y chalecos antibalas.
Pero estas medidas no resuelven los problemas de fondo. Según el experto, la presencia de la fuerza pública no asegura la vida de los líderes sociales. Es más, muchos líderes señalan a miembros de la fuerza pública como uno de los factores de hostigamientos hacia su trabajo y su seguridad personal.
“Lo que tendría que hacer el gobierno nacional es reconocer que este es un fenómeno estructural que tiene profundas raíces políticas, sociales, económicas e históricas. Tiene que atender a cada una de las raíces del fenómeno”, dice Escobar.
Isabel Zuleta coincide con Escobar en que el primer paso para detener las agresiones es reconocer el problema. “Para nosotros es imposible que se desconozca una realidad tan contundente no solo desde las cifras, sino desde el dolor de las comunidades”, dice la líder antioqueña. “El daño que le hacen a una comunidad organizada cuando asesinan a un líder es grandísimo”, añade.
Tras el asesinato de un líder o un defensor de derechos humanos las posibilidades de que la comunidad se vuelva a organizar disminuyen debido al miedo y la desconfianza. “Están dañando el núcleo de la sociedad y la posibilidad de la democracia real, participativa, que es precisamente que estemos organizados en asociaciones de primer nivel, de segundo nivel”, explica Zuleta.
Escobar resalta que hay unas rutas en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc que podrían dar luces sobre la solución al problema. Por ejemplo, las estrategias que propone para que el Estado salde la deuda histórica con los territorios y haga presencia no solo con la fuerza pública sino también con programas sociales.
El pacto también tiene una ruta para solucionar el problema de las drogas y los cultivos de coca, algo que podría disminuir la violencia en aquellos territorios donde la presencia de cultivos ilícitos es tan fuerte que origina problemas de seguridad.
Los mecanismos del Acuerdo que involucran la participación de la sociedad civil también son importantes, ya que le pueden dar una “mirada más participativa de este problema tan complejo”, añade Escobar.
“Lamentablemente estas rutas y mecanismos han sido desconocidos por el gobierno nacional. Ahí hay un tema que es simplemente de voluntad política y con el gobierno de Iván Duque no se ha podido avanzar”, afirma el integrante de Cajar.
De cara a la Asamblea General de la OEA, diversas organizaciones civiles afirman que será clave exigir que los Estados miembros desarrollen e implementen políticas públicas para abordar de forma integral los delitos cometidos contra defensores, periodistas y líderes sociales.
Eso significa considerar las causas estructurales de la violencia y dar suficiente apoyo financiero y político para garantizar su protección real.
Tomado de Anadolu Agencia
