Si existe un rostro femenino visible por las luchas de los pueblos indígenas en Colombia ese es el de Aída Quilcué, la consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). Ha liderado diferentes movilizaciones por los derechos de los pueblos ancestrales del país. El 16 de diciembre de 2008, siendo consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el Ejército asesinó a su esposo en una emboscada en un hecho que ella ha denunciado como una trampa para asesinarla. En su más reciente denuncia, en marzo de este año, relató que hombres vestidos con prendas militares estaban forzando a personas de la comunidad para que den información sobre ella y otros líderes del resguardo indígena Pickwe Tha Fixw (semilla de Juan Tama), cuyo asentamiento es el municipio de Páez (Cauca).
Su caso está dentro de las 118 agresiones contra lideresas indígenas que se registraron entre 2013 y 2019, según el informe más reciente de las organizaciones Somos Defensores y Sisma Mujer. De acuerdo con el documento, las mujeres indígenas tienen los índices más altos de amenazas, homicidios, atentados, violencia sexual, detenciones arbitrarias, entre otros, en el marco del conflicto armado. A ellas le siguen las agresiones contra lideresas comunitarias con 75 casos. En total, en esos siete años se cometieron 1.338 hechos violentos contra mujeres y defensoras de derechos humanos.
En el informe “Defensoras: Voces de vida y resistencia”, publicado por dichas organizaciones este miércoles, se detalla cómo ha sido la violencia contra las lideresas en el 2019, el año más trágico de los siete años analizados. En 2019 fueron asesinadas 19 lideresas, una cifra que no se había registrado al menos en la última década y que se incrementó en un 50% con respecto al 2018. Un caso emblemático y que sacudió las fibras de los colombianos fue el asesinato de la lideresa comunitaria María del Pilar Hurtado, quien tenía 34 años años y a quien le quitaron la vida frente a su hijo de 12 años el 21 de junio del año pasado en Tierralta (Córdoba).
María del Pilar había sido desplazada del Cauca por denunciar desaparición forzada, asesinatos y torturas en “casas de pique” de narcos y paramilitares en Puerto Tejada (norte del Cauca). En Córdoba llegó a trabajar por la comunidad en la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor) y, desde comienzos del 2019, comenzó a recibir amenazas con panfletos por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuyo grupo ilegal la declaró “objetivo militar” junto a su esposo y sus hijos. Según el informe, Hurtado fue unas de las 28 mujeres amenazadas en 2019, sin embargo, solo asesinaron a 19 de ellas. Aunque el caso, un año después de los hechos aún no se resuelve, la única hipótesis que tienen las autoridades es que las AGC fueron los autores materiales del crimen.
El 2015 fue el año más peligroso para las lideresas, según el informe de Somos Defensores, pues 271 de ellas fueron agredidas ya sea porque recibieron amenazas contra sus vidas, porque fueron víctimas de la desaparición forzada de algún ser querido, víctimas de violencia sexual o porque atentaron contra su integridad física. Y, pese a que en los dos años posteriores hubo una tregua por el Acuerdo de Paz, que redujo los casos en un 50%, las cifras volvieron a subir. Mientras en 2017 estas organizaciones registraron 143 denuncias de agresión, en 2018 fueron 235 y el año pasado se llegó a 225 casos.
¿Quiénes están tras las agresiones a las lideresas?
El informe anual de Somos Defensores también advierte que 67 asesinatos contra lideresas sociales en los últimos siete años se le atribuyen a autores desconocidos; seguido de las Autodefensas Gaitanistas (llamado Clan del Golfo por las Fuerzas Militares) con 10 casos; luego las disidencias de las FARC con cuatro casos; la guerrilla del ELN con dos y las Fuerzas Estatales con un caso.
Sin embargo, para el caso de las mujeres que han denunciado amenazas contra sus vidas, a los grupos neoparamilitares les atribuyen 880 amenazas contra mujeres entre 2013 y 2019, cuya cifra representa el 78% de los casos; seguido de grupos desconocidos, con el 17% de los casos, las disidencias, con un 1% y las Fuerzas Estatales y el ELN con el mismo porcentaje (1%).
“Como se ha mencionado, los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC contribuyeron enormemente a la reducción de la intensidad de la violencia y, en particular, a la reducción de las agresiones contra defensoras en los años 2016 y 2017; sin embargo, la ineficacia del Estado y las deficiencias en la implementación de los acuerdos, llevaron en años recientes a la expansión de grupos armados en estas zonas y a la disputa territorial de diferentes actores”, resalta el informe.
Más del 90% de los casos están impunes
Entre 2013 y 2019, según el informe, se cometieron en el país 84 homicidios contra lideresas, de los cuales, respondió la Fiscalía a dichas organizaciones, apenas cuatro casos tienen condenas. “La mayoría de los casos de homicidio de mujeres defensoras de DD. HH se encuentran en etapa de indagación y a renglón seguido están los casos sin información. Los casos que se encuentran en imputación, juicio, ejecución de penas y condena están en un nivel mucho menor que el promedio general con solo el 9%, eso quiere decir que los casos de homicidios contra defensoras de derechos humanos se encuentran en un 91% de impunidad», resaltó el informe.
Una de las conclusiones del informe es que la Fiscalía se ha centrado en indagar sobre los homicidios, pero no hay avances en las investigaciones por las amenazas, agresiones y otro tipo de violencias contra los liderazgos femeninos. Incluso, se menciona una investigación contra el grupo neoparamilitar denominado “Águilas Negras», el cual desde mayo hasta octubre del 2018 emitió nueve panfletos amenazantes en contra de 39 organizaciones de derechos humanos. Sobre ello, dice el documento, aunque el fiscal del caso ha tenido disposición de diálogo con las organizaciones, «aun no se conoce ningún resultado concreto para determinar quiénes son los responsables. En este caso, aunque hay varias defensoras y organizaciones de mujeres amenazadas, aún no se adoptan metodologías de investigación con enfoque diferencial para explicar los riesgos de las defensoras.”
Uno de los reclamos que hace la entidad al sistema de justicia es que se tengan en cuenta los tipos de violencia de género que pueden padecer las defensoras, y que sean investigados con el enfoque de género pertinente. Como el caso de Deyanira González, lideresa desaparecida en 2018, madre cabeza de familia y quien recibió una amenaza firmada por las AUC. Aunque su desaparición fue reportada por distintas organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hoy denuncian que el Gobierno no ha establecido qué sucedió con la víctima. En su caso, las organizaciones de mujeres han tenido conocimiento de que la Fiscalía ha expresado que ella se fugó con un “amor” a pesar de haber sido amenazada por los paramilitares”, se lee en el informe.
Para garantizar el avance judicial en estos casos, Somos Defensores y Sisma Mujer propusieron que se implementara el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la cartera del Ministerio del Interior. Con ello se busca facilitar el acceso a la justicia a las mujeres e indagar los casos, con el enfoque de género requerido, para identificar todos los tipos de violencias. También, expusieron que la Unidad Nacional de Protección debería construir con las mujeres un protocolo de análisis de riesgo para las lideresas en el que se mencione la importancia de capacitar a las personas en violencias de género.
Tomado de El Espectador
