Lima, 18 noviembre.- El 91 % de los peruanos desaprueba la destitución del expresidente Martín Vizcarra a manos del Congreso que se produjo el pasado día 9 de noviembre, mientras que un 78 % de ellos responsabiliza exclusivamente al Parlamento por la crisis política que se desató en consecuencia.
Así se desprende de la primera encuesta publicada sobre la gravísima crisis política y social que dejó dos muertos, decenas de heridos, casos de desaparecidos y la sucesión de dos presidentes en menos de una semana, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos y difundida por el diario La República.
Los datos de la encuesta coinciden con la apreciación evidente en las calles del rechazo masivo a los pasos del Congreso que llevaron a la asunción de Manuel Merino como jefe del Estado y su ilegitimidad.
La encuesta se realizó por vía telefónica entre los días 12 y 15 de noviembre, aún bajo el mandato de Merino y antes de su dimisión, y cuenta con un margen de error de +/- 3,9%.
En otro dato significativo, la desaprobación de la gestión del Congreso alcanzó el 90 %, mientras que la aprobación de Vizcarra al momento de su destitución fue del 77 %, un registro récord en la vida política peruana y pese a las graves acusaciones de corrupción que pesan en su contra.
En octubre, la desaprobación del Congreso era del 65 %.
El 83 % de los peruanos considera además que la decisión de la vacancia se dio exclusivamente por los intereses políticos o personales de los congresistas y no por su compromiso en la lucha contra la corrupción.
Tal es así que un 56 % de la población, siempre según esta encuesta, considera que este Congreso es peor aún que el disuelto en septiembre de 2019, un paso que fue decretado por Vizcarra y que también contó con un respaldo abrumador entre la población.
DESTITUCIÓN Y CRISIS
El lunes 9, una votación abrumadora en el Congreso, con 105 votos a favor sobre 130 diputados, declaró «incapacitado moral» al entonces presidente Martin Vizcarra y su sustitución por el presidente del Congreso, Manuel Merino, en función de lo que establece la Constitución.
Sobre Vizcarra pesaban acusaciones, aún no probadas y vertidas por aspirantes a colaboradores eficaces de la Justicia (delatores premiados, de haber recibido sobornos para otorgar obras públicas a algunas empresas cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).
Este era el segundo intento en menos de dos meses para destituir al mandatario impulsado por el Congreso.
De manera inmediata, miles de ciudadanos salieron a las calles en protesta por esta iniciativa, considerada por muchos ilegítima, ilegal y un uso forzado de los artículos de la Constitución que regulan el control de poderes y la capacidad del Congreso para destituir al jefe de Estado.
Luego, a esta crisis de legitimidad se unió el rechazo al Gobierno que Moreno estableció, formado por políticos de derecha y extrema derecha quienes criminalizaron la protesta y desataron una durísima represión.
El sábado 14, una masiva movilización ciudadana en Lima fue reprimida con extrema violencia y causó la muerte de Jack Pintado e Inti Sotelo, atacados con armas de fuego.
Esa misma noche el efímero gobierno de Merino comenzó a disolverse con la dimisión de varios ministros, mientras el Congreso que lo había aupado le retiraba su apoyo y varios legisladores pedían su dimisión o destitución.
El domingo 15, Merino dimitió y comenzó un proceso negociador en la Cámara que culminó con la elección del legislador de centro Francisco Sagasti como presidente del Congreso y, en consecuencia según el proceso de sucesión constitucional, su asunción como presidente de la República hasta que culmine el período legislativo en julio de 2021.
