El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado entre el Gobierno y las FARC, rechazado por los promotores del No el 2 de octubre de 2016, y renegociado y firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón, en Bogotá, dejó consignada la participación política de los territorios en donde ha habido presencia histórica del conflicto armado, por lo que en el punto 2, Participación política, en el aparte 2.3.6., se concertaron las circunscripciones especiales de paz: «[…] con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional».
Los territorios afectados por el conflicto, a lo largo y ancho del país, fueron agrupados en dieciséis circunscripciones especiales, dos de ellas en Antioquia —Bajo Cauca y Urabá—. Lo particular de estas dos circunscripciones es que se ubican en subregiones en donde el proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCC), y luego las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como su proyecto de refundación de la patria, a través de las fichas políticas en el Congreso de la República, en lo que se conoció como la «parapolítica», y ahora son dominadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, domina el territorio, controla el negocio del narcotráfico y las rentas ilegales, y dirige las rutas de embarque.
La circunscripción del Bajo Cauca (C-3) está integrada por trece municipios: Cáceres, Caucasia (zona rural), El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Anorí, Amalfi, Briceño, Ituango y Valdivia. En todos ellos ha habido presencia de paramilitares, se han cometido masacres y fueron corredores de los frentes de las FARC hoy concentrados en las zonas veredales y desarmados.
¿Qué es lo que preocupa en dicha circunscripción especial?
Desde hace un par de meses, políticos de la región del Bajo Cauca, muchos de ellos exalcaldes vinculados con la criminalidad, exconvictos o con cuentas pendientes por la parapolítica, luego de haber sido alfiles o testaferros de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, están haciendo cálculos políticos, buscando cómo apoderarse de una curul y cómo acceder a que uno de sus pupilos logre la candidatura por la circunscripción.
El exalcalde y exconvicto Miguel Ángel Gómez García —el poder detrás de la alcaldía de Tarazá, en donde logró poner a Gladis Rebeca Miguel Vides, avalada por el Partido Liberal—, es uno de los parapolíticos que ven en la circunscripción una forma de reencaucharse, pese a que hace parte del equipo del congresista Julián Bedoya Pulgarín, quien aspirará al Senado.
En Cáceres, el exalcalde Hugo de Jesús Barrera Gómez, señalado de ser uno de los testaferros de Cuco Vanoy, exjefe del Bloque Mineros, también se suma al proyecto de las circunscripciones, viendo como ficha clave para su propósito a un excandidato a la alcaldía que ha estado vinculado con organizaciones comunales y campesinas. Una fuente consultada, que pidió se reservara su nombre, dijo que el exalcalde está empecinado en sacar un candidato por el Bajo Cauca y, de ser posible, de Cáceres.
En Caucasia tres exalcaldes con vínculos con parapolítica: José Nadín Arabia Abissad, Juan Carlos Garcés Estrada y Jorge Iván Valencia Rivera, están jugados por buscar apoderarse de la circunscripción especial. A ellos se suma el excandidato a la alcaldía de Caucasia José Dairo Bedoya Hincapié, fiel seguidor del congresista Julián Bedoya, que ante la imposibilidad de aspirar en las elecciones de 2015 puso a su esposa: Neri Montiel de Bedoya. Si Bedoya Hincapié no puede aspirar a dicha circunscripción ha manifestado que apoyará a otro candidato. Una mala noticia: la zona urbana de Caucasia no está dentro de la jurisdicción de la circunscripción especial. El excandidato Leovigildo Madera, cercano a Juan Carlos Garcés, también está dentro de la lista.
¿Y las subregiones de Nordeste: Segovia, Remedios, Anorí y Amalfi, en donde el oro y el narcotráfico son fortín de la criminalidad, y el Norte: Ituango, Briceño e Ituango, en donde las FARC fueron la autoridad, qué opinan de las circunscripciones?
La Asociación Campesina de Ituango (Ascit) ve la circunscripción especial como un proyecto difuso, en donde los políticos del Bajo Cauca han ido tomando ventaja porque la idiosincrasia entre las dos subregiones es muy diferente, aunque el conflicto y la economía ha sido lo mismo: Clan del Golfo (antes Frente 18 de las FARC) y cultivos de coca.
Dentro de la circunscripción especial de paz del Bajo Cauca están asentadas tres Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN): en Ituango, vereda Santa Lucía; Anorí, vereda La Plancha; y Remedios, vereda Carrizales. Anorí y Remedios hacen parte del Nordeste, por lo que podría tener mayor protagonismo en las elecciones parlamentarias.
En el Bajo Cauca no fue ubicada ninguna ZVTN por el dominio territorial de las Autodefensas Gaitanistas y el conflicto azuzado por el narcotráfico que se conecta con la subregión de Urabá, en donde está ubicada la circunscripción de C-16.
El Ministerio del Interior ya tiene formulado el texto del proyecto de Acto Legislativo que radicará el 20 de julio ante el Congreso de la República, que deberá ser tramitado dentro del fast track con mensaje de urgencia y pueda ser aplicado en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018. El proyecto comprende dos periodos legislativos: 2018-2022 y 2022-2016, y tiene los siguientes requisitos para ser postulado: «Los candidatos solo pueden ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos…». Lo novedoso y a la vez atractivo para los gamonales es que contarán con financiación especial por parte del Estado, lo que no acarrearía gastos a quienes están acostumbrados a gastar millones de pesos en compra de votos, tamales y tejas. [Ver borrador Acto Legislativo_circunscripciones]
Otra barrera que se le atraviesa a estos politiqueros del Bajo Cauca es que se le exige a los aspirantes que sean «habitantes regulares de la circunscripción o desplazados de estos territorios en proceso de retorno», por lo que quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular en otras elecciones y no acrediten dichos requisitos quedarán excluidos.
El Acuerdo Final está actualmente en la etapa de implementación por parte del Gobierno, que ha sido tibio y lento en el cumplimiento de lo pactado con las FARC, pues no les ha cumplido con la amnistía total. Ojalá que con las circunscripciones especiales sí haya una participación real de los excluidos y no el regreso reencauchado de los voceros de la criminalidad al Congreso de la República.
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