El asesinato de 200 exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo firmado con el Gobierno es la «principal cascada negativa» para el proceso de paz colombiano porque genera la sensación de que «no se está avanzando con nada», según expertos del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.)
«Sabemos que la seguridad sigue siendo sumamente compleja para excombatientes y líderes sociales. Este es un tema que afecta y es la principal cascada negativa para todo el proceso», afirmó en una rueda de prensa el coordinador de Relacionamiento Político del Instituto Kroc, Daniel Cano, al presentar un informe sobre la situación del acuerdo firmado en noviembre de 2016.
Al hacer público el informe «Tres años después de la firma del acuerdo final en Colombia: hacia la transformación territorial», el analista advirtió que en las regiones hay personas que ven estos crímenes y sienten que «nada está funcionando» en cuanto a la implementación del acuerdo de paz.
«Este es uno de los principales riesgos para la legitimidad que se tiene a nivel público de la implementación», recalcó el experto del Kroc, instituto especializado en estudios de paz y miembro del componente internacional de verificación del acuerdo colombiano.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla, denunció ayer que la cifra de excombatientes asesinados ascendió a 200 con el homicidio de Mario Téllez, quien estaba trabajando en su parcela de tierra en la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, cuando fue atacado a tiros por desconocidos.
En cuanto a los líderes sociales, al menos 47 de ellos fueron asesinados en el primer trimestre de 2020, según un informe del programa Somos Defensores publicado el pasado 3 de junio.
NUEVA FASE DE LO ACORDADO
Según el estudio del Instituto Kroc, que abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, en esos 11 meses hubo un avance del 6 % en la implementación del acuerdo de paz en el que se evidencia que hay un «cambio con respecto a la naturaleza de los compromisos que se deben implementar».
«La implementación se encuentra en un punto crucial de transformación. Estaba centrada en compromisos de corto plazo, como dejación de armas y desmovilización y pasó a compromisos de largo plazo, como la transformación territorial», aseguró Cano.
En ese sentido, de los 578 compromisos del acuerdo de paz analizados, el 25 % tiene un avance completo; el 15 %, intermedio; el 34 %, mínimo, y el 26 % de esas obligaciones aún no ha comenzado.
El informe también destaca que el año pasado el enfoque del proceso de paz pasó a ser la implementación del acuerdo en aquellos territorios más afectados por el conflicto armado y que, como parte de lo firmado, se pusieron en marcha todas las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Ese sistema -conformado por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)- ha «logrado fraguar la voluntad, autonomía e independencia para cumplir con sus respectivos mandatos, lo que les ha otorgado mayor legitimidad a las víctimas», según el documento.
En ese sentido, el Instituto Kroc destacó que los tres organismos ampliaron su presencia en los territorios y lideraron «amplios espacios de participación», especialmente para mujeres, población LGBTI y comunidades étnicas.
FORTALECER IMPLEMENTACIÓN PARA REDUCIR VIOLENCIA
Una implementación «robusta» del acuerdo de paz disminuye el riesgo de que aparezcan grupos de disidentes de las FARC como los que hoy ya operan en varias regiones de Colombia, según el informe.
Para Cano, el acuerdo colombiano es además el más «comprensivo» de los más de 30 que analizan en todo el mundo y se enfoca en programas de reformas sociales, que requieren mucho más tiempo para su implementación que los relacionados con medidas de seguridad.
Es por eso que el Instituto Kroc recomienda a las autoridades y a la sociedad colombiana mantener el foco «en la implementación efectiva e integral del acuerdo de paz y en la necesidad de fortalecer las regiones».
«En tiempos de COVID-19, el Instituto Kroc hace un llamado a comprender cómo las reformas económicas y sociales que el acuerdo prevé, con enfoque territorial y lentes transversales étnico y de género, se hacen más urgentes que nunca para hacer frente a las desigualdades que se ensanchan y para construir una sociedad más incluyente», concluyó el centro de estudios.
EFE
