El cartel de los tramitadores de derechos de los desplazados: negocio de pocos; tragedia de muchos

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Tomada de la Web.

Redacción AnalisisUrbano.com

En el marco de la política de fortalecimiento a las organizaciones de población desplazada liderada por el gobierno nacional, se capacitaron varios líderes y lideresas en todo lo que respecta al paquete normativo de este grupo poblacional. Entonces, estos líderes le apostaron a una lucha más política por los derechos de los desplazados, traducida en la reivindicación por el derecho a la tierra, al retorno con dignidad y a las garantías e integralidad de los derechos consagrados en los principios rectores del desplazamiento forzado.

Sin embargo, han pasado 17 años de haber sido expedida la ley 387 de 1997 y aún no han sido restituidos los derechos mas vulnerados en la tragedia del desplazamiento, que en la actualidad afecta aproximadamente a 5 millones de colombianos. Los resultados de la política del gobierno en materia de restitución de tierra, de retorno y reubicaciones, y de reparación integral a las víctimas es bastante pobre ante la magnitud de esta crisis humanitaria. Contrario a las recomendaciones reiteradas de las Naciones Unidas, de organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos; el gobierno nacional sigue cabalgando en una política absolutamente asistencialista que no resuelve de manera estructural la problemática del desplazamiento, pero engorda cada vez más la burocracia del Departamento de la Prosperidad Social (DPS).

Bajo este contexto se fue desdibujando la lucha política para dar paso a un asistencialismo que socaba la dignidad de las víctimas y es caldo de cultivo para los tramitadores de los derechos de la población desplazada. Alrededor de esta problemática se ha configurado un verdadero cartel, el cartel de los tramitadores, conformado, presuntamente por: antiguos líderes de población desplazada, funcionarios del Banco Agrario donde se entregan las ayudas y funcionarios del DPS.

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¿Cómo funciona este cartel?

Según testimonios de algunos desplazados, cuya identidad se protege para no poner en riesgo su seguridad, funcionarios del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) venden la clave a algunos tramitadores cada quince días. La clave, o PIN, tiene un costo de un millón de pesos y con ésta los tramitadores tienen acceso a información privilegiada, con la cual se enteran de primera mano a quiénes y cuántos son los desplazados a los que les ha llegado la ayuda económica. Posteriormente, llaman a las víctimas para que vayan al Banco Agrario a reclamar las ayudas y luego les cobran un porcentaje del 30% sobre estas ayudas. Este auxilio, según sea el caso de cada familia, puede oscilar entre 540 mil a 1 millón 350 mil pesos.

Todos los días en el Banco Agrario, ubicado en Carabobo entre Colombia y Boyacá, se hacen largas filas que son el reflejo del cansancio, la desesperanza y la pobreza. Cuando alguna víctima tiene mucha prisa para entrar al banco, solo tiene que hablar con algunos de estos tramitadores, que tienen línea directa con funcionarios de esta entidad, para que autoricen de forma inmediata la entrada y todo por un costo de 10 mil pesos por persona.

Según información suministrada a AnalisisUrbano.com, puede existir un promedio de quince tramitadores que compran esta información cada quince días a un precio de 1 millón de pesos, en síntesis, son alrededor de 30 millones mensuales los que recibe el funcionario del DPS que vende la información. De esto se puede derivar varios interrogantes: ¿Cuántos funcionarios del Departamento de la Prosperidad social están involucrados en este delito? ¿Será que el director de esta entidad desconoce esto? ¿Por qué la justica no ha tomado cartas en el asunto, pese a que ya se han realizado algunas denuncias de esta situación? ¿Los funcionarios del Banco Agrario implicados en este delito lo estarán haciendo esto a espaldas del gerente del Banco?

No se tienen indicios de cuánto pueden ser los ingresos de un tramitador o tramitadora en esta cadena de corrupción, pero a juzgar por las montañas de tutelas que se traen de los pueblos que visitan, las que llegan a diario a sus oficinas y los 2 millones de pesos que tienen que pagar por el cambio de clave cada mes; debe superar el costo de la “inversión”.

A la hora de las explicaciones, ya es común escuchar del lenguaje gubernamental frases como “todo fue a mis espaldas”, “esos son casos aislados”, “esos son montajes”, entre otras. Sin embargo, no hay  certeza de que esto ocurra sólo en la ciudad de Medellín, otras organizaciones de víctimas denunciaron estos mimos hechos en varias ciudades del país[1], lo que gravemente significaría ser otro de los tantos escándalos de corrupción a nivel nacional.

El asunto es mucho más delicado, si se tiene en cuenta que se está violando el derecho a la intimidad de las víctimas, puesto que particulares podrían acceder a esta información confidencial, con la complicidad de los funcionarios. Además, llama la atención que en pleno escándalo por las chuzadas y la infiltración de información a través de hackers, se esté presentando con las víctimas este tipo de anomalías, que bien podría calificarse como delito, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Jugar con las necesidades de las víctimas también puede convertirse en una sentencia de muerte

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El caso del Eduardo Montero* es uno de los tantos casos en donde se pone en juego la vida por la crisis económica que padecen estas familias. Es desplazado del municipio de Quibdó por amenazas contra su vida y en la actualidad reside en Medellín. Cuando reclamó la ayuda humanitaria, tuvo que ir a solicitarla en el mismo sitio de donde fue desplazado, exponiendo su vida por 500 mil pesos que le fueron consignados. Esta misma situación se presentó con víctimas de Urabá, las cuales exponen su vida por 300 mil pesos que es lo que realmente sobra de la ayuda humanitaria, después de deducir los gastos de transporte y demás viáticos. Lo anterior no es un asunto trivial ni puede minimizarse como gajes del oficio, es simplemente un atentado contra la vida de los desplazados, que precisamente salieron huyendo de la muerte.

Aunque esta situación ya fue denunciada en diferentes medios de comunicación y aún no se ataca el fondo de la problemática porque se quiere endilgar toda la responsabilidad sobre los tramitadores, evitando tocar a los funcionarios de estas entidades que son los que dieron origen y sostienen este cartel con la venta de información.

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Por lo anterior, AnalisisUrbano.com exige a la Fiscalía y a la Procuraduría que adelanten una investigación y que esta debe ser en profundidad para que se adelanten acciones penales y disciplinarias contra aquellos funcionarios que hacen  de los derechos de las víctimas un negocio lucrativo.

Cabe recordar que la denuncia hecha por este y otros medios de comunicación, se constituye en sí como una noticia criminal y el Estado tiene la obligación de adelantar la acción penal una vez conocida la noticia criminal.

[1]Uno de los casos más recientes fue denunciado por el portal Las dos Orilla, donde se denuncia a una pareja que se hacen pasar por líderes de población desplazada para estafar a las víctimas. Sobre estas dos personas reposan en la fiscalía mas de una veintena de denuncias y el caso sigue impune.

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