A nivel nacional hay indignación por el caso de una menor de edad indígena de la etnia Embera que fue abusada sexualmente presuntamente por miembros del Ejército Nacional en el departamento de Risaralda.
Ante esto, en Radio Nacional de Colombia consultamos a Armando Wooriyu Valbuena, vocero de la ONIC, y a Carmen Torres, fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, para conocer los últimos detalles de este caso que, según la Fiscalía General de la Nación ya es materia de investigación por parte de la justicia ordinaria.
Para Wooriyu Valbuena, el reciente hecho que ya es conocimiento de toda la opinión pública, es uno más de muchos que se presentan en el territorio nacional y que han tenido impunidad por parte de la justicia colombiana.
“Esta es una atrocidad más de las que normalmente realiza el Ministerio de Defensa en contra de los pueblos indígenas y la sociedad civil. Estos comportamientos son naturales del Ejército y que ocurren en todo el territorio nacional”, indicó el vocero de la ONIC.
En la entrevista Wooriyu arremetió contra la cartera de Defensa y su jefe, Carlos Holmes Trujillo, y aseguró que “este caso se conoció en los medios de comunicación porque se descuidaron y no pudieron ocultar lo ocurrido con la niña embera”.
Las acusaciones son de gran alcance. Y la pregunta de por qué no se había denunciado desde la organización indígena este tipo de delitos teniendo un previo conocimiento, Armando Wooriyu sustentó:
“Lamentablemente no tenemos herramientas probatorias concretas para dar una pelea como estas y denunciar estos actos que se perpetran en todo el país, por eso no hemos podido actuar legalmente (…) El Ejército es una parte de la sociedad que tiene todas las herramientas para defenderse y hacer lo que quiera a lo largo y ancho del país. Recordemos lo que sucedió en Soacha y los llamados falsos positivos”.
Por su parte, la fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, indicó que tanto el fiscal General, Francisco Barbosa, como todo el Ministerio Público, rechazan rotundamente este tipo de hechos y trabajarán arduamente para individualizar a los responsables.
Pero para el vocero de la ONIC, la justicia republicana – como él llama a la justicia ordinaria- no es sinónimo de garantía, ya que no actúa de forma oportuna y es lenta en los procesos. Según la organización indígena, los presuntos soldados implicados en el hecho deberían ser juzgados por la justicia indígena.
“La justicia milenaria de nuestros pueblos indígenas es mucho más eficiente y efectiva que la justicia republicana que se demora en resolver las cosas, o que, en su defecto, las evade”, señaló.
¿Cómo avanza el proceso de investigación?
La fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, precisó que los soldados implicados en el hecho son siete y no ocho como preliminarmente se había anunciado en medios nacionales. Además, esta mañana se declararon culpables, según relató la Fiscalía General de la Nación.
De otro lado, Torres ratificó que ya hubo una comunicación con la menor de edad y se le está dando un acompañamiento psicosocial por parte del Instituto de Bienestar Familiar.
“Con el acompañamiento de un psicólogo le realizamos una entrevista a la niña afectada para poder establecer los hechos que ocurrieron, así mismo individualizar a los culpables y actuar de manera oportuna”, indicó la fiscal.
Así mismo, la fiscal aclaró que en estos momentos la niña se encuentra con su familia y en compañía de su hermana mayor, quien ha sido la encargada de brindarle acompañamiento, por supuesto reforzada por trabajadores del ICBF.
Por último, y ante las declaraciones del presidente Iván Duque, de que, si tuviera que estrenar la cadena perpetua con estos militares, lo haría, la fiscal indicó que hasta el momento se juzgarían con las leyes que rigen y no con aquellas que aún se encuentran en proceso.
“Para la Fiscalía la pena aplicable sería la actual. El delito preliminar por el que se les juzgaría a los responsables sería acceso carnaval agravado, por tratarse de una víctima menor de 14 años y se enfrentarían a una condena entre los 16 y 30 años de prisión.
La Fiscalía también trabaja de manera conjunta con Medicina Legal, a la cual le solicitó unos exámenes de ADN para así tener más pistas sobre los responsables. Se espera que en los próximos días los resultados lleguen al ente acusador.
Tomado de Radio Nacional
