Buenos Aires, 18 enero.- Han pasado seis años desde que un disparo puso patas arriba Argentina y desconcertó al mundo. Y, como una suerte de ‘thriller’, la muerte de Alberto Nisman integra ya la lista de misterios de un país en el que la pregunta de si el fiscal se mató o lo mataron -y de ser así quién fue- continúa vigente.
Mil dudas siguen sobre la mesa sobre el deceso de quien, cuatro días antes de aparecer muerto, había acusado a la entonces presidenta y hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir a terroristas. Denuncia cuyos detalles iba a explicar en el Congreso de la Nación.
«Y 24 horas antes aparece suicidado, como les gustó decir de manera grotesca, cuando la palabra correcta era ‘aparece asesinado’, con un tiro en la cabeza», cuenta a Efe Manuel Romero Victorica, abogado de las dos hijas del fiscal hasta que a fines de 2018, su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado, decidió retirarlas como querellantes tras alegar que habían recibido amenazas.
UN HOMICIDIO SEGÚN LA JUSTICIA
Si bien la Justicia determinó en 2018, basándose en un informe pericial, que dos personas golpearon, drogaron y asesinaron a Nisman, pero sin establecer quiénes, y que ese suceso fue «directa consecuencia» de la denuncia que había hecho, aquel fallo es cuestionado por sectores que acusan al Poder Judicial de estar politizado, ya que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) defendía la teoría del homicidio.
Y el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, que antes de imaginar que sería elegido por Cristina Fernández como candidato a presidente, tras años enemistados, dijo que había sido un homicidio, ahora opina lo contrario.
«En el caso Nisman yo estoy convencido de que fue un suicidio; después de dudarlo mucho eh, no voy a mentir», señaló el mandatario a Radio 10 hace menos de tres semanas, y reiteró sus críticas a la Justicia, que «va cambiando de acuerdo al momento político».
Para Romero Victorica, hay un 70 % del país que confía en el fallo judicial y un 30 %, «que son seguidores del partido kirchnerista básicamente», que sostiene la idea del suicidio: «En las manos del fiscal Nisman, les guste o no a este 30 %, no había residuos de disparo de arma de fuego», subraya.
UN CASO DE IMPACTO
Un día como hoy pero de 2015, Sara Garfunkel, madre del malogrado procurador, alertaba al número de emergencias de que había hallado a su hijo, de 51 años, tirado en el baño de su apartamento, en Buenos Aires, rodeado de sangre. «Se habrá golpeado, no sé, se cayó», acertó a decir la mujer.
Arrancaba así el caso de mayor impacto de la historia reciente argentina: la muerte de quien había acusado a la presidenta de haber querido encubrir, con la firma en 2013 de un convenio con Irán y a cambio de mejorar la relación comercial con ese país, a los iraníes imputados por el mayor atentado cometido en Argentina, algo que ella siempre negó justificando que el acuerdo -que nunca entró en vigor- solo buscaba impulsar una investigación conjunta del suceso.
Tanto ese ataque, contra la sede de la mutualista judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertes, como la muerte del fiscal que lo investigaba siguen sin estar resueltos. Más aún: ambas causas arrancaron plagadas de irregularidades y han recorrido hasta hoy un sinfín de idas y vueltas.
«Es inaceptable para el devenir institucional de cualquier país democrático que el paso del tiempo consolide la impunidad de las causas judiciales y que las sospechas, las dudas y las especulaciones se instalen y entorpezcan el camino hacia la verdad», expresó este lunes la AMIA, y exigió que la Justicia actúe con «celeridad y de manera imparcial» con la muerte del fiscal.
Hoy, como cada 18 de enero, se convocó a una manifestación en Buenos Aires para conmemorar la figura del fiscal y clamar que «no fue un suicidio», sino un «magnicidio», aunque esta vez, por la pandemia, se llamó a acudir con mascarilla y respetando la distancia social.
¿SE SABRÁ LA VERDAD?
En torno a la muerte de Nisman, el paso del tiempo parece alejar la posibilidad de que se sepa, y sea aceptado por la mayoría de la ciudadanía, qué es lo que pasó.
Mientras la causa por el presunto encubrimiento del atentado ha avanzado, con Cristina Fernández entre los procesados, el caso por la muerte de Nisman -del que en el último año apenas se han conocido novedades- tiene como imputados a los custodios del fiscal, por no protegerlo y a su asesor informático, Diego Lagomarsino, como «partícipe primario del homicidio», porque era suya el arma que acabó con su vida.
Ese colaborador reconoció que prestó a Nisman la pistola porque él mismo se la pidió para proteger a sus hijas.
«No van a conseguir ninguna prueba del asesinato, de que exista un autor, simplemente porque nadie lo mató. Nisman se suicidó», afirma a Efe Pablo Duggan, autor del libro «¿Quién mató a Nisman?».
Para el también periodista, que asegura que es «totalmente falso» que no hubiera restos de pólvora en la mano del fiscal, el informe en el que se basó la Justicia para fallar que fue un homicidio fue una «pericia absurda de Gendarmería» cuyos autores nunca fueron convocados a declarar.
«Yo lo que celebro de este aniversario es que ya muy poca gente agita la bandera del asesinato de Nisman, que es una bandera política», agrega Duggan.
En su opinión, el fiscal tenía miedo que lo echaran del cargo y decidió, aunque sin pruebas, denunciar a la presidenta, porque esa mediática acusación le permitiría mantenerse en el puesto.
«Era un tipo muy narcisista, que pasó en 4 dias de estar en la gloria a ir al desastre . Creo que él sabía que terminaba preso, por sus temas económicos de corrupción que iban a salir a la luz cuando él cayera en desgracia, más el tema emocional con sus hijas y todos los conflictos que se le venían encima… (que) me parece que lo decidieron a suicidarse», asevera.
De forma paralela, en otra causa se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero en el entorno del fallecido, tras hallarse una cuenta en Estados Unidos que la madre y la hermana de Nisman y Lagomarsino compartían supuestamente con el fiscal.
CRÍTICAS A LA POSTURA DEL PRESIDENTE
Diputado desde 2015 por el ahora opositor Juntos por el Cambio, Waldo Wolff era vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas al momento de morir el fiscal, con quien mantenía una relación profesional. Y desde entonces es una de las voces más visibles de la explicación del homicidio.
«El presidente ha hecho de la palabra un felpudo. Hace no mucho tiempo decía que el memorándum con Irán era un delito y que la muerte del fiscal era un homicidio, y ahora dice que el memorándum fue un error político y que la muerte fue un suicidio», reprocha.
«Es un hombre que ha cambiado de parecer en función de su conveniencia», lamenta.
Wolff, autor de «Asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testigo», descarta que legalmente se vaya a saber qué pasó, al considerar que desde el poder se busca «lograr la impunidad».
«Hay cosas que son innegables. La responsabilidad de cuidar al fiscal Nisman era del Gobierno, porque estaba con custodia del ámbito federal y le liberaron (de Policía) la zona», concluye.
