El caso Nuevo Jerusalén es conocido por la institucionalidad y aún no se ha hecho nada

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imagen del asentamiento Nuevo Jerusalén.

Redacción Análisis Urbano

Recientemente se ha querido subestimar la investigación que Análisis Urbano emprendió sobre el territorio Finca El Cortado, sitio que hoy se conoce como Nuevo Jerusalén. Sin embargo, y lo que aún no se conoce, es que este trabajo investigativo no sólo está fundamentado sobre los testimonios de habitantes de Nuevo Jerusalén, que constantemente han denunciado esta problemática; la institucionalidad también está enterada del problema.

El 29 de octubre de 2014, es decir, cuatro meses atrás de hacer público este informe, se llevó a cabo una reunión del comité de verificación Acción Popular Finca El Cortado (Rad:2010-00135), a la cual asistieron las siguientes personas:

reunion nuevo jerusalén

En dicha reunión se tocaron todas las obligaciones que impone el fallo de la Acción popular emitido por el Juzgado 26 Administrativo de Medellín (que prácticamente aún no se han cumplido), pero esta nota sólo se va a centrar en la número 5, la cual implica a los municipios de Bello y Medellín, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional.

La Obligación N° 5, ordena lo siguiente:

Nuevo Jerusalén en Bello 1

Nuevo Jerusalén en Bello 2

En dicha reunión, los asistentes se mostraron preocupados y Adriana Salas, subsecretaria de Planeación del Municipio de Bello, informó que por razones técnicas el CAI no se había podido instalar. También expresó que sólo un cuadrante de la policía patrulla dicho sector y que el Ejército Nacional, al parecer, en una reunión afirmó que ellos no eran competentes para cuidar asentamientos. Según el acta, Salas se preocupa por que en sus informes el asentamiento ya cuenta con 1950 familias y que sólo hay dos policías cuidando con un bastón, por lo tanto quiere saber las estrategias de la institución policial pues no ve resultados efectivos y se pregunta por la protección del territorio como lo ordena el fallo.

El comandante de la estación responde que sí, que eso es lo que hay,  que tienen dos agentes de policía por turno para cubrir las 24 horas del día, que incluso lo hacen los fines de semana, pero que requieren más acompañamiento y apoyo de la Administración Municipal.

En este rifirrafe, la subsecretaria de Planeación del Municipio de Bello le inquieta que si no han pensado en otra estrategia porque esos dos agentes de policía no son suficientes, y que al contrario están es exponiendo la vida de “esos dos seres vulnerables”.

Juan Diego Ardila, personero del Municipio de Bello, por su lado pide que en los Consejos de Gobierno sea un tema recurrente la “necesidad de hacer presencia en el sector”.

El secretario de Gobierno de la Administración Municipal de Bello, Hugo Díaz Marín,  solicita a la administración de Medellín que los apoye con “pie de fuerza”, ya que es un tema que comparten pues el predio realmente pertenece al municipio Medellín.

El secretario Díaz también añade que la falta de apoyo es mucha y que incluso hubo una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo, a la que también asistió Fiscalía y Policía, en la que se hizo una radiografía de la zona y sus problemáticas de seguridad, y que desde entonces no ha pasado nada. Debe anotarse que esta misma entidad (Defensoría del Pueblo) ya había pasado un informe de carácter “Urgente” al secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, en agoste del 2013, y desde entonces tampoco se ha hecho nada.

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Finalmente, y para concluir, en esa reunión del Comité de Verificación de Acción Popular, del 29 de octubre de 2014, teniente coronel del Ejército, Julio César Roa, afirmó que “la situación de El Cortado es muy delicada”, y sugirió que “se llevara un plan de publicidad masiva y de recompensas”. Por último, agregó que “el principal problema en la zona es la falta de denuncia ya que así no se puede proceder a judicializar”.

La pregunta es por qué no se denuncia. Si las autoridades civiles, judiciales y militares, contrario al común de los casos, esta vez sí reconocen la problemática y  manifiestan su preocupación por lo que allí sucede, ¿por qué sus habitantes no denuncian? ¿Por qué este país cuenta con un largo historial de falta de denuncias?

Porque la gente se siente coartada, con miedo y desconfianza, por eso no denuncian, porque a diario conviven con sus victimarios.

Y si los periodistas pretenden subir con petos e insignias de sus medios de comunicación a los territorios en conflicto, esperando que las fuentes se lancen sobre ellos para declarar que su verdugo es su vecino, es mejor decirles de una vez que en Colombia eso no pasa, y que ese tipo de testimonio es mejor buscarlos en un país donde no se asesina a la fuente que denuncia dando la cara.

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