La situación legal del expresidente colombiano Álvaro Uribe es objeto de controversia luego de que la Corte Suprema de Justicia trasladó a la Fiscalía el caso que lo tiene en detención domiciliaria, mientras en Estados Unidos se revelan sospechas oficiales de presuntos vínculos suyos con paramilitares.
La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda es consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en la Cámara Alta, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.
«Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la nación (Francisco Barbosa) al detenido», dijo la Sala Especial de Instrucción de la Corte este martes en un comunicado.
La renuncia de Uribe al Senado ha sido criticada por sus opositores que la consideran una maniobra para eludir a la Corte Suprema donde, según el expresidente y sus seguidores, no tenía las garantías procesales e incluso era víctima de persecución política.
«Que no haya duda: pese a inmensas presiones que ejercen Uribe y sus fanáticos seguidores, campañas de desprestigio, amenazas y hostigamientos, tengan la certeza de que con mis abogados perseveraremos hasta las últimas instancias para que haya plena verdad y justicia en este caso», afirmó Cepeda el lunes ante la posibilidad de que la Corte traspasara el proceso a la Fiscalía.
IMPARCIALIDAD JUDICIAL
Para el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, la decisión de la Corte muestra que el máximo tribunal está libre de cualquier sospecha con relación a Uribe, que desde sus años en la Presidencia (2002-2010) tiene un agrio enfrentamiento con los magistrados.
«La Corte Suprema de Justicia dio una muestra de imparcialidad, de que no está actuando como un agente político y que por el contrario aplicó las reglas (…) y da paso a la Fiscalía General de la Nación, que en primer lugar conserva con plena validez todas las decisiones y las pruebas que haya recaudado la Corte», dijo a Efe Bernate.
Uribe, contra quien la Corte ordenó detención domiciliaria el pasado 4 de agosto, permanece desde entonces en «El Ubérrimo», una vasta hacienda de su propiedad situada en el departamento de Córdoba, en el norte del país, desde donde 14 días después anunció su renuncia al Senado.
Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso no solo archivó la causa contra el senador de izquierdas sino que le abrió una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
SOSPECHAS EN EE.UU.
Tras la detención domiciliaria de Uribe volvieron a salir a la luz esas versiones que el exmandatario siempre ha negado, e incluso unos documentos oficiales desclasificados que fueron divulgados el lunes en Estados Unidos aumentaron la controversia porque sugieren que Washington sospechó repetidamente del presunto vínculo entre el expresidente y paramilitares.
Uno de los documentos publicados por el centro independiente National Security Archives (NSA) es un memorando que muestra que durante la presidencia de George W. Bush el alto funcionario del Pentágono Peter Rodman alertó al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, de que era «casi seguro» que Uribe mantuvo tratos con paramilitares mientras era gobernador del departamento de Antioquia, entre 1995 y 1997.
Pese a esas dudas, Rodman también aclaró que no había visto «informes que sugirieran que las drogas fueran parte del panorama», de acuerdo con el citado informe.
Ante esa revelación, el Centro Democrático, partido fundado por Uribe en 2014, salió a defender a su líder y aseguró que la única relación que tuvo el exmandatario con los paramilitares fue enviarlos a prisión.
«El presidente Uribe fue una némesis de los grupos paramilitares. Durante su presidencia 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros fueron desmovilizados. Los únicos acuerdos que tuvo el presidente Uribe con los paramilitares fue mandarlos a la cárcel», aseguró el partido en un comunicado.
El Centro Democrático agregó que «cualquier acción tomada a los más altos niveles del Gobierno estadounidense prueban que nunca hubo duda de la integridad, compromiso con los derechos humanos y cumplimiento de la ley por parte del presidente Uribe».
LO QUE SIGUE PARA URIBE
En opinión de Bernate, el hecho de que el proceso haya pasado de la Corte Suprema a la Fiscalía no debe cambiar la detención domiciliaria.
«No se afecta en lo más mínimo, la medida de aseguramiento (detención domiciliaria) que pesa sobre el expresidente Uribe conserva plena legalidad y vigencia y simplemente lo que ahora debe hacerse es que el trámite se adelante por la Fiscalía», dijo el abogado.
Bernate calcula que en unos diez meses la Fiscalía debería haber tomado «la decisión de si remite o no el proceso ante un juez» que, a su vez, estudiará el expediente y decidirá la suerte de Uribe.
Al respecto, Cepeda anunció ayer que recusará al fiscal y solicitará uno ad hoc porque considera probable un conflicto de intereses ya que Barbosa es amigo del presidente colombiano, Iván Duque, quien en varias ocasiones ha defendido públicamente a Uribe, y en su opinión eso no da garantías de un proceso transparente.
EFE
