Este es el número de casos recogidos en un informe de Funvides y la Armada presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz. El desplazamiento forzado y el homicidio son las principales afectaciones. Antioquia es el departamento con más casos.
El 14 de febrero de 2011, un grupo de militares de la Armada que venía de una misión por Puerto Leguízamo (Putumayo) descendió de su embarcación a orillas de corregimiento de Piñuña Negro. Iban tomarse un descanso y proveerse de alimento. Eran las ocho de la mañana, recuerda Carmen Cecilia Pedraza, la madre de Christian William López Pedraza, quien hacía parte de ese equipo, cuando seis cilindros bomba instalados por el Frente 48 de las Farc explotaron.
Tres hombres murieron, siete quedaron heridos y dos desaparecieron. Christian fue uno de ellos. Carmen cuenta que la onda explosiva alcanzó a su hijo y él cayó al río, que en la Armada le dijeron que su hijo posiblemente nadó hacia tierra, pero que nunca lo pudieron encontrar. Su compañero, el infante de marina Oscar Javier Ortis Sachica, también desapareció desde entonces.
Ya pasaron nueve años. Él tenía 21 cuando ocurrieron los hechos y recién había entrado a la Armada Nacional. Era marinero segundo. Carmen ha emprendido la búsqueda sola, viaja constantemente a Putumayo a preguntar por él, aunque con los años, dice, la gente ha olvidado lo que pasó ese día. A su parecer, “las personas tienen ese chip en la mente de que como eran militares y trabajaban para la guerra, entonces no pasó nada. Esa es mi tristeza, que los militares y sus familias no tenemos una voz que grite por la defensa de nosotros».
En plena negociación del acuerdo de paz con las Farc, en 2014, Carmen fue una de las víctimas que les envío cartas para preguntar por su hijo: “Soy la madre de Christian William López y envié una carta a Fabián Ramírez para que diga: ¿Qué pasó con mi hijo? Era el comandante del Frente 48 de las Farc”.
Luego, con la instalación de los espacios de reincorporación de los excombatientes, ella sola y con recursos propios empezó a averiguar a dónde habían llegado los de este frente para iniciar su vida civil. Así, consiguió viajar hasta Agua Bonita, el espacio de reincorporación de Montañita (Caquetá) y el de La Carmelita, en Puerto Asís (Putumayo) para preguntar por su hijo. Le advirtieron que era peligroso, que no se expusiera ella sola, pero allá terminó, mostrándoles la foto de su hijo y preguntando por él. Dice que no le dieron nunca alguna respuesta.
“Yo he estado muy pendiente de lo que están diciendo las Farc en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y veo que están payaseando, y que los magistrados están dejando que hagan eso. Hoy quiero decirles que están siendo muy débiles, que les exijan la verdad a las Farc y que nos digan qué pasó con nuestros hijos”, exclama.
Es Carmen, precisamente, quien les entregó este jueves a los magistrados de la Sala de Reconocimiento un informe hecho entre la Armada Nacional y la Fundación para la protección de los derechos de las víctimas de secuestro, desaparición forzada y otros hechos victimizantes (Funvides), en el que recogen 33.462 víctimas de la Armada Nacional por acciones cometidas por las Farc y otros grupos armados entre 1985 y 2016.
Este documento, que desde abril de 2019 empezó a construirse, es el tercer informe hecho en colaboración entre Fuerza Pública y Funvides para visibilizar las afectaciones que dejó la guerra en los militares. Los informes de Ejército y Fuerza Aérea reportaron 208.000 y 1.597 víctimas, respectivamente.
En el caso de la Armada, los 33.462 casos están divididos en su orden en desplazamiento forzado (26.379), homicidio (3.336), amenazas (1.877), atentados, enfrentamientos u hostigamientos (355) y desaparición (538, que incluyen a militares y a familiares de militares desaparecidos); y minas antipersonal y otros artefactos explositos ( 272).
Los departamentos que reporta el documento donde más hay víctimas registradas de la Armada son Antioquia con 5.189 casos, Bolívar con 4.368, Valle del Cauca con 3.513, Sucre con 2.268 y Nariño con 2.268 víctimas. De acuerdo con Antonio Ochoa, director jurídico de Funvides, con la entrega de estos informen a la JEP se quiere aportar en la construcción de lo ocurrido en el conflicto armado sobre los militares y en la exigencia de verdad. También, sostiene, es un reconocimiento y visibilización a las víctimas militares. También hay un gran interés en que la JEP reconozca que la mayoría de quienes han sido afectados por artefactos explosivos y minas antipersonal han sido los militares.
«Los militares son seres humanos que sufren y que tienen derechos. Que la sociedad y el Estado también debe ayudarlos y no abandonar a sus familias. Eso es lo que actualmente no estamos viendo y es el mensaje que queremos dejar con la entrega de este informe», puntualiza Carmen.
Tomado de El Espectador
