Desbloqueo y consenso, dos palabras que después de muchos días de conflicto comenzaron a escucharse este viernes en Bolivia para avanzar, aunque sea tímidamente, en el objetivo de convocar nuevas elecciones.
Al final de una jornada que apenas había dejado avances hacia ese objetivo, empezaron a anunciarse acuerdos para desbloquear carreteras, un alivio que esperan muchas ciudades donde escasean alimentos y combustibles.
Mientras en el Parlamento los políticos se alistaban para una larga noche con tal que dejar preparado para este sábado el proyecto de ley que permita ir cuando antes a las urnas.
SIGNOS DE DESBLOQUEO
El día transcurría sin la violencia de jornadas anteriores, sin añadir más víctimas a los 32 muertos que, según la Defensoría del Pueblo, arrastra el conflicto desencadenado tras los fallidos comicios del 20 de octubre.
Pero al caer la noche se fueron sucediendo anuncios de acuerdos entre un sinfín de instituciones, organizaciones sociales, sindicatos, entidades religiosas y de otra índole para levantar los bloqueos en carreteras.
El más significativo el de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde el pasado martes un operativo militar y policial costó la vida a ocho personas, por disparos cuya autoría está por confirmar oficialmente y que el Gobierno interino niega que sean del ejército.
Las grandes piedras desparramadas por el asfalto, las maderas cruzadas de lado a lado de la calzada y las barricadas de neumáticos iban retirándose de algunas carreteras poco a poco.
Para respiro de ciudades como La Paz, donde hace días están racionados el gas y la gasolina, escasean alimentos y se ven largas colas en gasolineras y mercados.
El Gobierno interino de Jeanine Áñez garantizó por escrito a todos los que protagonizaban los bloqueos en su contra que este sábado podrán llegar con plena seguridad al palacio de Gobierno en La Paz, para instalar una mesa de diálogo nacional.
VOLUNTAD DE CONSENSO EN EL PARLAMENTO
La comisión que lleva los asuntos constitucionales en el Senado boliviano se conjuraba para reunirse hasta entrada la noche, con tal de que a primera hora del sábado esté listo un proyecto de ley a ser posible consensuado entre todas las fuerzas políticas.
El Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales y que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, ha presentado un anteproyecto que incluso fija el 12 de enero de 2020 como fecha tentativa para nuevas elecciones.
El Gobierno de Áñez, quien asumió la presidencia interina siendo senadora de la opositora Unidad Demócrata, ha entregado por su parte un proyecto de ley que no habla de fechas, solo de agilizar todo lo posible la convocatoria.
El senador opositor Óscar Ortiz, del partido de Áñez y que preside esa comisión del Senado, expresaba la voluntad de las partes de alcanzar «una redacción de consenso» del texto legal.
No obstante, advertía de que por parte del Gobierno una de las condiciones es que se respete en las próximas candidaturas electorales el límite constitucional de dos mandatos presidenciales consecutivos.
Ortiz no lo citaba, pero se refería a Evo Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato seguido tras los comicios de octubre.
«Si son nuevas elecciones, hay nuevos candidatos», sentenció, ante el temor de que Morales quiera volver a presentarse.
DENUNCIA CONTRA MORALES
Aunque si regresa a Bolivia desde su asilo en México puede verse procesado por terrorismo y sedición, si la fiscalía admite una denuncia contra él por esos graves delitos presentada este viernes por el Gobierno interino de Áñez.
«Las pruebas están claras», defendía el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, tras la foto en la ventanilla de la fiscalía presentando los cargos entre una nube de camarógrafos.
Un vídeo encontrado en un teléfono móvil es la prueba principal, porque se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad investiga aún la propia fiscalía, en la que supuestamente desde México incita a un dirigente cocalero en Bolivia a mantener ciudades bloqueadas.
Las penas por terrorismo en Bolivia van de 15 a 20 años de prisión y la sedición está penada con 1 a 3 años de cárcel.
ENTRE LA TENSIÓN Y LA CALMA
Senkata, el barrio boliviano donde hace tres días murieron ocho personas en un operativo policial y militar, se movía durante este día entre la tensión por los bloqueos que aún seguían por la mañana y los intentos de la población que buscaba retomar su normalidad.
Las investigaciones forenses han encontrado proyectiles de varios calibres en cuerpos de fallecidos y heridos en operativos militares y policiales en Bolivia, como el de Senkata, sin que hayan determinado aún si es armamento utilizado por fuerzas de seguridad.
El Gobierno interino de Jeanine Áñez ha negado que los militares hayan disparado a civiles en movilizaciones a favor de Morales.
Son momentos «muy difíciles», advertía la presidenta provisional tras diez complicados días en el poder desde que asumió el cargo el pasado 12 de noviembre.
Áñez tomó las riendas del país al día después de la salida de Evo Morales hacia México, tras anunciar su renuncia forzado por las Fuerzas Armadas.
Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de un fraude que favorecía a Morales y que fue proclamado después vencedor.
El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Morales anunció su renuncia, calificada de «golpe de Estado» por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
EFE
