Lima, 7 julio.- El pleno del Congreso de Perú decidió este miércoles no acatar una orden judicial y comenzó el debate para la elección de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), en medio de un enfrentamiento con la Judicatura y organismos de la sociedad civil.
A pesar de que una jueza constitucional ordenó este martes la paralización del proceso, la mayoría de los congresistas ratificó una decisión de la Junta de Portavoces, que acordó que la elección de los magistrados es una potestad que les otorga la Constitución peruana y «no están sujetos a mandato imperativo».
De esa manera, la fase final del proceso, que ha sido duramente criticado por organismos civiles y organizaciones políticas de izquierda, se desarrollará este miércoles y jueves
Los seis nuevos miembros del TC deberán ser elegidos entre los magistrados Fernando Calle, Aarón Oyarce, Carlos Hakansson, Freddy Hernández, Francisco Morales, Helder Domínguez, María del Pilar Tello, José Gálvez, Vicente Walde, David Velasco, Jorge Rioja, Óscar Díaz, Miguel Torres, Luis Gutiérrez y Jacinto Rodríguez.
LA ORDEN JUDICIAL
El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió este martes una medida cautelar que pidió la nulidad de la selección de los magistrados y ordenó al Parlamento que disponga la suspensión provisional de la elección.
La demanda fue presentada contra la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, y el presidente de la comisión especial encargada de la elección de los magistrados del TC, Rolando Ruiz.
La decisión, tomada por la juez Soledad Blácido Baez, generó de inmediato el rechazo de las diferentes bancadas parlamentarias, que exigieron el respeto de los fueros y la autonomía de poderes del Estado, e incluso algunos legisladores afirmaron que se trataba de un «golpe de Estado» judicial.
En su resolución, Blácido otorgó un plazo de cinco días al Congreso para que conteste la demanda, en vista de que se presenta «una vulneración al derecho de tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país».
La jueza sostuvo que el Legislativo ha retomado la selección y elección de magistrados en una cuarta legislatura extraordinaria, que no contempla su reglamento interno, y el procedimiento presentaría vicios por falta de transparencia y motivación al momento de calificar a los postulantes.
EL RECHAZO DEL CONGRESO
De inmediato, la mayoría de los parlamentarios afirmó que la decisión judicial no respeta la autonomía del Legislativo y la calificaron como «prevaricadora».
Poco antes del inicio de la sesión plenaria de este miércoles, el presidente de la comisión de Constitución del Parlamento, Luis Valdez la consideró un «exceso», mientras que el vicepresidente del Congreso, Luis Roel, afirmó que el procurador del Legislativo tomará acciones legales contra Blácido.
«Creo que en la mesa directiva coincidimos en que no podemos aceptar interferencias en un estado de derecho. El procurador tomará las acciones legales debidas sobre la cautelar y respecto de la jueza, evaluará si realiza las quejas», indicó.
Roel aseguró que la resolución judicial está «poco motivada» y defendió que la elección de magistrados «no solo es legal sino constitucional, es una prerrogativa que tiene el Congreso».
LA POSICIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
A pesar de ello, organismos de la sociedad civil como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exhortaron al Congreso a respetar la decisión de la Judicatura.
El organismo consideró, en un comunicado, que «la selección de los magistrados del TC debe realizarse en un proceso donde la meritocracia, la independencia y la ética de los magistrados sean evaluadas con rigurosidad».
«Exhortamos a respetar el estado de derecho y a sus instituciones», señaló antes de sostener que la resolución judicial «advierte la falta de imparcialidad, de transparencia y la existencia de un conjunto de irregularidades en el actual proceso de selección de los miembros del próximo TC».
Tras confirmarse la decisión del Congreso, un abogado presentó una denuncia penal y pidió a la Fiscalía que actúe de inmediato para paralizar el proceso de elección del TC, tras recordar que el desacato de una orden judicial es sancionado en Perú con penas de entre 3 y 6 años de cárcel.
