“Lo que si debe quedar claro es que la institucionalidad de la administración municipal está haciendo presencia permanentemente en el sector. Hay una patrulla las 24 horas en Nuevo Jerusalén. Existe un compromiso decidido de la administración y de las fuerzas del Estado, pero también se requiere del compromiso de la comunidad”. Hugo Díaz, secretario de Gobierno del Municipio de Bello, Antioquia, tomado del periódico Q’hubo, edición del 30 de mayo de 2015.
Al leer la afirmación realizada por el funcionario público, se supondría que es verdad que el asentamiento Nuevo Jerusalén está bajo control de la institucionalidad; pero esto no es más que una falacia. Los criminales de la Oficina del 12 de Octubre, socia de alias Carlos Chata, y a su vez de Los Urabeños, tienen el control absoluto del territorio y de la vida de más de cinco mil familias.
Este asentamiento se formó hace más de siete años en los predios de la finca El Cortado —62 hectáreas—, cuyo dueño es el Municipio de Medellín, pero se encuentra en jurisdicción de Bello. Allí los criminales empezaron vendiendo lotes —todavía hoy lo hacen a precios que van desde los ocho millones de pesos—, actividad a la que se suma el despojo a la gente de sus viviendas para luego venderlas a precios más altos.
Análisis Urbano y la ONG Corpades, han denunciado reiteradamente la situación de abandono, olvido y control paraestatal que vive Nuevo Jerusalén, pero no pasa nada más allá de las medidas de corte mediático que sirven solo para mejorar la imagen institucional pero que en la realidad no generan efectos contundentes como desmantelar la Oficina del 12 de Octubre y capturar a alias Soto y Cataño, jefes de la organización criminal.
La edición del 30 de mayo del periódico Q´hubo pone una vez más a Nuevo Jerusalén en los tabloides con el artículo: A esta invasión la “gobierna” un combo. La noticia presenta los testimonios de habitantes del asentamiento que denuncian que el “combo” les cobra veinte mil pesos por el servicio de electricidad, además de que les entrega el recibo —tal como lo hace Epm—, y a quienes se niegan a pagarlo, proceden a cortarle el suministro. Los testigos afirman tajantemente que les cobran por todo.
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La denuncia no es nueva. Ya antes se había alertado sobre el cobro del servicio de luz y agua, y la venta ilegal de lotes (ver artículo: Nuevo Jerusalén, botín criminal que la institucionalidad pretende ignorar). Hoy estas problemáticas continúan a la espera de que las autoridades acaten el fallo judicial del 25 de noviembre de 2013 que las obliga a atender la situación de ilegalidad en que está inmerso Nuevo Jerusalén. Además, pasados un año y cinco meses del fallo, es ya es tiempo de que Saúl Martínez Salas, juez del Juzgado 26 Administrativo de Medellín dicte sanción por desacato.
Nuevo Jerusalén quizás no espera la llegada de un mesías, pero sí que la institucionalidad tome cartas en el asunto. No puede ser que veinte mil personas sigan bajo el control de los criminales, mientras que el municipio de Bello es escenario del derroche que generan las campañas para las elecciones de Alcaldía y Concejo. Seguramente a Nuevo Jerusalén irán los políticos con promesas y dádivas. Estaremos atentos a estas y a lo que ocurra después del 1 de enero de 2015 cuando se posesionen los nuevos mandatarios.
¿Le seguirá quedando grande a la institucionalidad tomar el control del asentamiento Nuevo Jerusalén?
