UNODC y Alcaldía caracterizaron a grupos ilegales. Carteles mexicanos tendrían enlaces en la ciudad.
El hallazgo esta semana de tres cadáveres en una vieja casona ubicada en zona rural de Cali es solo un eslabón del fenómeno de la criminalidad que desde hace treinta años se instauró en una ciudad en la que, según las autoridades locales, confluye todo el espectro de actividades delictivas: desde las pandillas más sencillas, hasta milicias de grupos armados organizados como el Eln y los ‘Pelusos’.
Según el reporte oficial, el cruento asesinato de estos hombres que aún no han sido completamente identificados, estaría relacionado a una disputa territorial por el tráfico de estupefacientes en una de la zonas de mayor incidencia de grupos delincuenciales en la ciudad, según lo evidenció una amplia investigación de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) y la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca.
El estudio, sin precedentes en el país, logró identificar las 182 estructuras delincuenciales que serían responsables de la mayoría de los homicidios selectivos, hurtos y extorsiones que mantienen con zozobra a los más de 1,8 millones de habitantes de Cali.
El 79 por ciento de estos grupos criminales estarían concentrados en el Distrito de Aguablanca, en el oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) y en las montañas de Siloé (comuna 20), en la periferia occidental de la ciudad. En estos territorios, señala el estudio, se habría cometido el 51,4 por ciento de los 7.109 homicidios registrados en los últimos 5 años.
“Lastimosamente son las zonas con mayores índices de pobreza y población desplazada. Familias fraccionadas, víctimas de la violencia que vienen con las heridas de la guerra y caen en las redes de estructuras criminales”, explicó Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de la ciudad.
Pero las bandas, responsables de la tasa de 47,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en Cali –la más alta de las capitales del país–, no serían grandes clanes delincuenciales.
Según el informe, estos grupos son conformados por jóvenes vinculados a negocios ilícitos como el hurto que terminan siendo utilizados por grandes bandas criminales para cometer delitos que pueden ir desde cobro de extorsiones hasta asesinatos selectivos.
Los integrantes de este tipo de pandillas que nacieron no necesariamente con fines delictivos, serían menores de edad consumidores de estupefacientes pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, con una esperanza de vida no mayor a los 24 años.
Varias de las 1.412 fuentes consultadas en la investigación de la UNDOC señalaron que en sectores como Comuneros I, Mojica y Llano Verde (comuna 15), algunos grupos controlan el consumo de estupefacientes en espacios públicos, prohíben la comisión de otros delitos como el hurto y limitan la movilidad de las comunidades con “fronteras invisibles” con las que también aseguran su “estatu quo delictivo”.
Sobre este aparte de la investigación, el secretario Villamizar aseguró que la Alcaldía ha logrado reducir la participación y uso de jóvenes en actividades delictivas gracias a programas sociales como Gestores.
“Eso explica por qué Cali redujo a casi a la mitad su tasa de homicidios en los últimos 5 años y por qué la cifra de asesinatos cometidos por pandillas pasó de 171 en el 2017, a 78, en el 2018”, dice el experto.
El informe también detalló que en la capital del Valle existen por lo menos 30 agrupaciones delictivas ubicadas en puntos estratégicos para el control de “líneas” de expendio de estupefacientes. Estos grupos también se dedicarían al sicariato y serían los responsables de las amenazas contra líderes sociales y miembros del aparato judicial.
Drogas y sicariato
Según la investigación, estas estructuras también estarían ejerciendo un amplio control territorial en sectores céntricos de la ciudad, como el Calvario y San Pascual, en la comuna 3; y la Isla y Popular, en la comuna 4. Allí, además de provocar un aumento significativo en la tasa de homicidios en los últimos dos años, estarían dedicados al tráfico de armas, lavado de activos y secuestros extorsivos.
En mayo pasado las autoridades del Valle lograron desarticular a la banda ‘Los Vaqueros’, una poderosa una estructura criminal liderada por dos abogados que usaban a sicarios para amenazar a jueces con el objetivo de que fallaran a favor de sus defendidos.
Según la Fiscalía, la agrupación, que también se dedicaba al narcotráfico, estaría involucrada en por lo menos 25 homicidios registrados este año en la ciudad.
“Son estructuras que trabajan de manera intermitente con organizaciones más complejas como carteles de narcotráfico nacionales e internacionales”, explicó David Álamos, Jefe de Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia de la UNDOC en Colombia.
El investigador añadió que “mientras más se generen acciones que limiten esa interacción entre las bandas, podremos mejorar los problemas de seguridad que afectan a la ciudad”.
Según el estudio de la UNDOC, estructuras criminales como las disidencias de las Farc y el ‘Clan del Golfo’, que controlan el tráfico internacional de cocaína por el océano Pacífico, establecen vínculos directos para la subcontratación de actividades delictivas con grupos ilegales urbanos del Valle del Cauca como ‘Los Rastrojos’, ‘La Empresa’, ‘La Constru’ y ‘Los Buenaventureños’.
En esta ruta delictiva, Cali sería un enlace estratégico para la logística de distribución internacional de los estupefacientes. Autoridades de la región le dijeron a EL TIEMPO que estos grupos ilegales estarían usando a la ciudad como centro de reuniones con carteles como el de Sinaloa, en México.
“Tras el proceso de paz del Gobierno con las Farc y el fin de la conexión que ellos tenían con los carteles internacionales, se empezaron a crear lazos directos entre organizaciones locales y los extranjeros que llegan a Cali a concretar negocios delictivos”, dijo Villamizar.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en los últimos tres años la llegada de ciudadanos mexicanos a la capital el Valle por el aeropuerto Bonilla Aragón aumentó un 30% . De hecho, se reportó que en los primeros ocho meses del 2019 ingresaron por ese terminal aéreo 10.207 ciudadanos provenientes de ese país. La cifra representa el 80 % de los arribos registrados durante todo el 2018 (12.812).
“Aunque gran parte de ellos son turistas, el Gobierno les ha negado a varios el ingreso al país por causa de las nuevas alertas”, explicó el secretario de Seguridad.
Según reportes de inteligencia policial, los miembros de los carteles centroamericanos estarían viajando a Ecuador para cruzar por carretera a Rumichaca y llegar a Cali.
Nuevos retos
Para Pierre Lapaque, representante de la UNDOC en Colombia, los resultados de esta investigación se convertirán en una gran herramienta para combatir los actos delictivos en la ciudad y otras zonas del país. “Gracias a esta caracterización, la Policía podrá hacer su trabajo de forma más productiva y los gobernantes diseñarán políticas de seguridad más efectivas”, aseguró.
Los nuevos retos de las autoridades –dice Lapaque– serán prevenir que los jóvenes ingresen a la actividad criminal desde temprana edad y seguir trabajando por “desarticular los grupos criminales profesionales” que operan en Cali, debido a que “la ciudad es un importante eslabón en la cadena del narcotráfico y esto garantiza el futuro de las actividades ilegales”.
La investigación, que servirá como guía para otras capitales, también recomendó profundizar los programas de rehabilitación dirigidos a víctimas, con el “fin de prevenir el reciclaje de conflictos y afectaciones directas a la vida de jóvenes en entornos de riesgo”.
Tomado de El Tiempo
