París, 8 abril.- El debate sobre la legalización de la eutanasia volvió este jueves a la primera línea política francesa con la presentación de una proposición de ley que ha reabierto heridas en una sociedad partidaria de la medida, pero que parece destinada a encallar en los meandros parlamentarios.
Pese a que los sondeos muestran un amplísimo respaldo entre la población, superior al 80 %, de la legalización de la eutanasia, y a que en la Comisión de Leyes dos tercios de los parlamentarios se pronunciaron a favor, nada hace pensar que el texto vaya a salir adelante.
Cuatro diputados conservadores han torpedeado el debate presentando casi 3.000 enmiendas, muchas de ellas simbólicas, destinadas a impedir la votación de la proposición, que solo cuenta con una jornada de debate.
«Sería un milagro que se pudiera votar», reconoce a Efe el presidente de la Asociación por el Derecho de Morir con Dignidad, Jean-Luc Romero, quien consideró que «es el momento de adoptar una ley que cuenta con más apoyo popular y legislativo que nunca».
«Nunca tantos diputados, procedentes de hasta once grupos, desde la extrema izquierda hasta la derecha, se habían pronunciado en favor de esta ley», destacó el militante, quien considera «escandaloso» el bloqueo parlamentario que impide, una vez más, avanzar su causa, legalizada ya en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y España.
EUTANASIA EN TIEMPOS DE COVID
Además, consideró que la crisis de la covid ha puesto más de manifiesto la necesidad de acompañar a los enfermos en sus últimas horas de forma digna y permitirles elegir, por lo que exigió al presidente del país, Emmanuel Macron, que impulse esta reforma.
En los últimos veinte años, los diferentes gobiernos han encargado cuatro informes y los legisladores han adoptado hasta tres leyes sobre el fin de vida, sin que ninguna de ellas autorice la adopción de medidas tendentes a causar la muerte de un paciente.
La actual fue adoptada en 2016, bajo el mandato del socialista François Hollande, quien en la campaña que le condujo al Elíseo se había comprometido a que toda persona pudiera beneficiarse de una asistencia medicalizada para terminar su vida con dignidad.
Ese principio, aplaudido por los defensores de la eutanasia, fue sacrificado en beneficio de un amplísimo respaldo político, que acabó por aprobar casi por unanimidad una ley de sedación profunda y continua hasta la muerte del paciente y que otorgaba más importancia a las directivas anticipadas del mismo.
Fue el hasta ahora último capítulo de una lucha que comenzó a principios de siglo, cuando bajo el Gobierno del socialista Lionel Jospin se aprobó una ley que establecía la obligación de contar con un consentimiento «libre y claro» del paciente a los tratamientos paliativos que le eran propuestos.
El texto, que coincidía en el tiempo con la legalización de la eutanasia en la vecina Bélgica, mostró sus carencias a golpe de mediatizados enfermos que reclamaban una asistencia para acabar con su vida.
El primero de ellos fue el de Vincent Humbert, bombero tetrapléjico que escribió al presidente, Jacques Chirac, para salir del infierno en el que aseguraba encontrarse y cuyo gesto provocó una gran conmoción social, que llevó al Ejecutivo conservador de la época a modificar la ley en 2005.
El nuevo texto regulaba la acción de «dejar morir» a los pacientes, sin que afrontara los casos más complejos.
CASOS MEDIÁTICOS
Chantal Sébire relanzó de nuevo el debate con las apariciones mediáticas de su rostro enteramente deformado por un poco corriente cáncer que, afirmaba, le causaba insoportables dolores, lo que le llevaba a pedir públicamente una ayuda para morir.
Lo logró en 2008 gracias a un producto veterinario letal, lo que colocó la controversia de nuevo en el tablero político, recogida por Hollande, que dio un nuevo paso.
Los límites de esta nueva ley quedaron patentes en el caso de Vincent Lambert, enfermo en estado vegetativo, imposibilitado de expresarse, que acabó en una encarnizada batalla judicial entre su esposa, partidaria junto a los médicos de dejarle morir, y sus padres, militantes ultracatólicos, que pedían mantenerle con vida.
El pulso desembocó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que autorizó el fin de los tratamientos y la alimentación del paciente, que falleció en 2019.
Pese a ello, el actual Gobierno no considera necesaria una modificación. Recuerda que Macron no lo llevaba en su programa electoral y cree que sería bueno que en las presidenciales del año próximo fuera uno de los temas de campaña, para alimentar el debate en la sociedad.
«Este es un debate que merece la pena, pero tiene que ser sereno y nacional, no creo que se pueda mantener ahora en buenas circunstancias», indicó el ministro de Sanidad, Olivier Véran, quien anunció una misión para determinar la aplicación real de la ley actual de cuidados paliativos.
Luis Miguel Pascual
