Panamá, 6 enero.- Tras un difícil 2020 debido a la pandemia de la covid-19, al Defensor del Pueblo panameño, Eduardo Leblanc, le preocupa la conflictividad social y el rezago educativo en este 2021 y su impacto en materia de derechos humanos en Panamá.
Las cifras dejan claro el golpe que la pandemia ha propinado a este país de 4,2 millones de habitantes: los confinamientos y restricciones de 2020 llevaron a un desplome de la economía que se calcula en torno al 9 %, un desempleo que trepó al menos hasta el 18,5 % -la tasa más alta en 20 años- y a que miles de estudiantes se quedaran fuera del sistema.
Y el 2021 no comenzó bien. Un nuevo confinamiento, primero nacional y ahora limitado a la capital y sus alrededores, busca frenar un agresivo repunte pandémico en Panamá, que acumula ya 4.238 muertes y 259.770 contagios confirmados desde marzo.
DESEMPLEO Y CRISIS SOCIAL
«Nos preocupa la salud mental de las personas en capacidad laboral (…) porque consideramos que este 2021 vamos a tener más molestias sociales en vista de la falta de trabajo», dijo el ombudsman.
El cierre de la economía no esencial llevó a la suspensión de más de 270.000 contratos de trabajo a partir de marzo de 2020, de los cuales poco más de 100.000 se habían reactivado hasta inicios de diciembre, aunque la patronal ha dicho que la cuarentena en curso puede hacer retroceder los avances en materia de empleo.
Una encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) difundida en diciembre indicó que 3 de cada 4 familias con niños en Panamá han perdido total o parcialmente sus ingresos, y que 7 % de los hogares con niños, niñas y adolescentes manifestó no tener suficientes alimentos.
En ese contexto de crisis social, Leblanc prevé un auge de «la migración interna, personas que bajan de las comarcas indígenas tras el sueño capitalino, cuando la capital ya no es exactamente un (buen) sueño, o que venga del interior en busca de mejores oportunidades».
«Esas migraciones nos preocupan bastante, la situación económica es diferente» y puede generar más presión social, «los gobiernos tiene que darle» a los habitantes del interior «más herramientas para que puedan salir adelante desde sus comunidades», alertó.
LOS NIÑOS Y LA EDUCACIÓN
«Nos preocupa muchísimo la salud psicológica de los niños y jóvenes», bien sea por el actual confinamiento, ya que «no pueden salir a ejercitarse», o porque el nuevo año que debe comenzar en marzo se desarrolle en su mayoría a distancia, afirmó Leblanc en una entrevista con Efe.
El año escolar 2020 se vio afectado por una reducción de las horas de clase y se desarrolló a distancia, a través de internet, para lo que tenía conexión, y por otros medios como clases por televisión y radio, para los que no.
Un nuevo período escolar que se puede desarrollar casi todo a distancia va a «elevar el estrés a los menores, a los padres» y puede propiciar, pese a todos los evidentes esfuerzos del Ministerio de Educación, que quizá el sistema no llegue a todos los estudiantes, como ya ocurrió en el 2020, agregó Leblanc.
Recalcó que otro problema que amenaza el derecho a la educación es la migración de estudiantes del sector privado a público, en el que «no hay certeza de que pueda recibirlos».
PARES Y NONES EN VEZ DE RESTRICCIÓN POR GÉNERO
Desde el 4 y hasta el 14 de enero se aplica en las provincias de Panamá, donde está la capital, y en la contigua Panamá Oeste, las zonas más pobladas del país, la movilidad por género y número de identidad y la suspensión de la jornada laboral.
El ombudsman recordó que estas restricciones ya generaron en el 2020 denuncias locales y de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) de discriminación y abusos hacia la comunidad transgénero, por lo que ha pedido al Ejecutivo eliminarla.
«Le pedimos al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Salud que rectifiquen (…) propusimos el sistema de pares y nones» dependiendo el número de identidad, para la salida fraccionada de las personas de lunes a sábado.
De momento, dijo Leblanc, no se han recibido denuncias formales de abusos de parte de la comunidad trans, pero sí quejas de los hombres, que en la actual cuarentena sólo salen martes y jueves, mientras que las mujeres lo hacen lunes, miércoles y viernes: «Hay una discriminación» hacia el sexo masculino, sostuvo el funcionario.
Hasta ahora la Defensoría tampoco ha recibido denuncias de abusos policiales, como sí ocurrió durante las restricciones de 2020, dijo el defensor, que no descartó que lleguen porque siempre habrá algún policía o juez de paz «al que se le vaya un poquito la mano».
«Yo soy muy respetuoso de los estamentos de seguridad, siempre digo que son 17.000 efectivos de los cuales una mínima parte violenta su reglamento», afirmó Leblanc, quien destacó que a los agentes se les han dado capacitaciones en derechos humanos y se ha conversado con los directores de los organismos para que tomen «las precauciones» del caso.
Giovanna Ferullo M.
