El derecho a defender los Derechos Humanos

Por Monkey D, Dragon*

Los derechos humanos (DD. HH.) son un discurso y, como tal, tiene adeptos y detractores. Conversos y herejes se disputan la apropiación simbólica de estas dos palabras tan conmovedoramente bellas e idílicas. ¿Quién no quiere ser respetado y tenido por digno en todo momento? Aseveremos que la gran mayoría de los seres humanos busca que su dignidad sea prevalente por encima de cualquier circunstancia.

Los eruditos de los derechos humanos discuten varias ideas sobre la importancia de estos y la relevancia o preeminencia de algunas facetas de ellos. Una idea consiste en considerar que los derechos humanos se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad humana como valor intrínseco que posee cada persona, la dignidad humana como pilar fundamental para alcanzar la felicidad personal y la felicidad política. Marina y  De la Válgoma consideran la dignidad como el resultado de luchas sociales que le dan el fundamento a los derechos humanos; otros, como Ansolabehere, creen que solo con la positivización de los Derechos Humanos es que se da la creación de todo un sistema legal internacional que obliga a los Estados a crear leyes internas cuya finalidad sean la garantía y el respeto de los derechos humanos. Si no hay leyes que los protejan, difícilmente un país tendría cómo garantizarlos. Sin positivación solo habrá buenas intenciones, nada obligaría a los Estados a que los respeten.

Mientras unos están anclados en la filosofía de los derechos humanos, otros con la política y el derecho a estos, nosotros nos inclinamos por una tercera corriente que tiene que ver con la importancia de su defensa y la movilización social como mecanismo de exigibilidad y presión política a los gobernantes para que los respeten, los garanticen y los promuevan.

Haciendo eco de las inconformidades y denuncias de líderes y defensores de derechos humanos, es pertinente pensar que en la ciudad los que más los promueven son las organizaciones de la sociedad civil, ONG, organizaciones comunitarias como mesas de derechos humanos, grupos artísticos, grupos juveniles y organizaciones de víctimas, entre otras. Estos actores promueven los DD. HH. Por medio de la socialización, el diálogo y la denuncia.

Enrique Haba denomina a estos líderes sin recursos y luchadores incansables como aquellos que “viven para los Derechos Humanos”; estos vienen siendo la baja iglesia que, en palabras de Muller, son aquellos que no tienen una formación sofisticada y académica, en contraste con la alta iglesia, que son los formados o la élite que vive de los derechos humanos, los que se codean con ministros y en sus columas de opinión hablan de lo cool que es viajar por el mundo en paseos humanitarios.

Los que viven para los derechos humanos, denuncian y ejercen presión microterritorial con sus organizaciones y comunidades para que el Estado respete y proteja derechos que organizaciones al margen de la ley tienen amenazados. Estos líderes como el mismo Haba dice, no son bien vistos por los gobiernos (esos ponen los muertos que los de la alta iglesia de los derechos humanos ponen en sus libros), esos son los perseguidos por el paramilitarismo, los asesinados y los desaparecidos.

Por su parte, Hanna Arendt nos dice que somos miembros de una nación por el resultado del trabajo en común. Nuestra vida política, dice la autora, “descansa en la persuasión de que podemos producir la igualdad a través de la organización porque el hombre puede actuar en un mundo común, cambiarlo, construirlo, junto con sus iguales y solo con sus iguales”. Así, el ser humano está llamado a la transformación por medio de la cooperación y a determinar su existencia; por ende este tiene el derecho a defender sus derechos y los derechos de su comunidad.

Al respecto, la resolución 53/144 del 8 de marzo de 1999 de la ONU dice en su artículo primero que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Aquí se dicta claramente el derecho a defender los derechos humanos.

Por otra parte, el artículo 3 de la resolución dicta que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”. Observemos que no es un favor lo que hacen los gobernantes cuando le sueltan un proyecto a una organización social, es una obligación que están cumpliendo, la obligación de promover los derechos humanos y su respeto.

Sin embargo, notamos y vivenciamos que el Estado no adopta medidas especiales para que el derecho a la vida digna de los defensores se garantice, pues muchos tienen que hacer uso de sus escasos recursos para la promoción dentro de sus comunidades y para buscar la garantía de los DD. HH ante los órganos jurisdiccionales. Para la defensa de los derechos humanos es preciso tener dinero y un espíritu filantrópico porque el Estado escasas veces designa recursos para que estas personas hagan una labor sostenida en el tiempo.

Siendo el derecho a la vida el derecho que se encuentra mas amenazado por parte de los defensores, el artículo 12 obliga al Estado a proteger a los líderes frente a agentes que atenten contra su vida e integridad personal, esto con ocasión del ejercicio de defensa y promoción de los Derechos Humanos. Con esto se reconoce que hay riesgos reales para los defensores y su actividad.

Sin embargo, en Medellín, como en tantas otras ciudades, el defensor de derechos humanos es tenido por paria o indeseable para los gobernantes locales. En Medellín a los líderes los matan a bala, como en el caso de Juan David Quintana, quien tras un atroz homicidio no mereció ni una condolencia por parte del exalcalde Aníbal Gaviria. Actualmente muchos defensores y promotores están amenazados y escondidos, deambulando por la ciudad, desplazados y redesplazados, aguantando física hambre porque, pese a su demostrada actividad no ha habido un trato humanitario eficiente por parte del Estado y las medidas de protección llegan tarde o ni siquiera llegan, como en el caso Jario Maya, a quien le llegaron las ayudas el día en que se velaba en la funeraria.

Queremos que el alcalde y los agentes encargados de los derechos humanos en la ciudad no nos miren con desprecio o como enemigos declarados, los defensores queremos una ciudad segura, justa y equitativa. Esta labor nos cuesta estar en la mira de los paramilitares y fuera del radar del gobierno local, pues acá parece que la consigna entre lo legal y lo ilegal es: SI NO LOS MATAMOS A BALA, LOS MATAMOS DE HAMBRE Y NECESIDADES.