La ruptura de un acuerdo de no agresión entre los combos “la Agonía” y “Peñitas” desató una crisis de seguridad en la comuna 13 de Medellín, que en apenas cuatro días produjo seis entierros, dos heridos, un par de tiroteos con la Fuerza Pública y luto generalizado.
“Se rompió el pacto de paz que tenían esas estructuras y ahora la comunidad quedó en la mitad”, relató un líder barrial, quien pidió la reserva de su nombre. La información fue confirmada al diario El Colombiano por fuentes de Inteligencia.
“Peñitas” y “la Agonía” sostienen una rivalidad histórica en la franja noroccidental de la comuna, que se había apaciguado desde 2015. Esto, afirmaron agentes de seguridad, permitió que fortalecieran una alianza estratégica para cerrarles el paso a enemigos comunes en la frontera con el corregimiento San Cristóbal.
Con esa sociedad se repartieron algunas cuadras para el cobro de vacunas en cercanías a la estación del metro de San Javier.
La muerte y el encarcelamiento de algunos cabecillas de lado y lado, fue deteriorando el acuerdo, pues los nuevos líderes no compartían la distribución territorial y de rentas ilícitas que hicieron sus antecesores. La incomodidad acumulada estalló en la tarde del pasado 15 de febrero.
En una vía del barrio Antonio Nariño le hicieron un atentado a alias “César”, miembro de “la Agonía”, quien logró sobrevivir. Este fue el florero de Llorente, pues para sus compinches, los autores fueron de “Peñitas”, así que fraguaron la retaliación.
Cuatro cuadras más arriba, a las 10:20 p.m., abalearon a la dueña de un puesto de comidas rápidas y a tres de sus clientes. Según la indagación preliminar de las autoridades, los sicarios solo iban por “la Araña”, uno de los comensales, y las demás fueron muertes por daño colateral.
En la reacción a esta masacre, la Policía capturó como sospechoso a un presunto integrante de “la Agonía”.
Con la pelea casada, el clima de tensión se apoderó de los barrios Antonio Nariño, El Socorro, San Javier N°1 y N°2, y los sectores Peñitas, La Loma y Altos de la Virgen (ver mapa).
Uno de los temores es que al conflicto se sumen otros combos del vecindario, tal cual sucedió en años recientes, lo que no solo aumentaría la violencia sino que generaría pérdidas al comercio (por cierre de locales y ausencia de turistas) y un potencial cese de actividades del transporte público.
A punta de “niños”
La ola de crímenes siguió el 17 de febrero. A las 2:30 p.m. le dispararon al joven Miguel Marín Arango, en San Javier N°2. Pertenecía al colectivo cultural Casa Morada y se destacaba por su talento artístico.
“Perdimos a uno de nuestros moradores más importantes, al que nos devolvía con renovada rebeldía. Nos dejaba decirle Migue, pero le gustaba La Rata. 17 años y ya tenía filosofía, nada se le escapaba, muy buena letra y mejor patineta. ¿Cuánto más?”, publicó el grupo en su cuenta de Twitter.
Tan atroz como el homicidio fue la modalidad empleada, según las indagaciones preliminares de la Fiscalía.
Dos sicarios, con cara de infantes y uniforme de colegio, amenazaron a un taxista para que los llevara al lugar de los hechos y, después del asesinato, los dejara en el cementerio parroquial de La América.
Una hora después hubo un lesionado con arma de fuego en Peñitas y a las 9:20 p.m. en El Socorro acribillaron a Andrés Felipe Cartagena Ramírez, de 30 años. Iba a casa con su madre, después de mercar, y cuando iba a subirse a un taxi “llegaron dos niños a decirle que alguien lo necesitaba”, según testigos; el hombre, dedicado a oficios varios, fue al sitio que le indicaron. Allí lo esperaba la muerte.
Frente a estas situaciones, el secretario de Seguridad, general (r) José Acevedo, señaló: “Los cabecillas están instrumentalizando a menores de edad para estos delitos, los vamos a judicializar por eso para que tengan penas más altas”.
El sábado y el lunes hubo hostigamientos armados contra la Policía en la zona semirrural de Antonio Nariño. La zozobra creció por cuenta de audios que circulan en chats de celulares, en los que promueven toques de queda y fronteras invisibles.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, comentó que esos rumores “son falsos, son personas inescrupulosas que usan estos medios para generar pánico en la comunidad”.
La Alcaldía y la Policía anunciaron que trabajarán en tres frentes: el preventivo, con 60 carabineros de la Policía como refuerzo, además de 60 hombres de Unipol; la contención, con grupos de reacción motorizada en los polígonos más críticos; y la judicialización, con la Sijín y la Fiscalía produciendo expedientes y órdenes de captura.
Ayer la Policía acompañó el recorrido de los estudiantes que iban para el colegio, tratando de mitigar esos temores que se esparcen en La 13 como un virus de temporada.
Estrategia de judicialización
“La estrategia sería que la Fiscalía y la Policía centren las investigaciones en esa zona en forma permanente. La dificultad es que golpean a las estructuras ilegales una vez, y al año o dos años vuelven a sacarles un proceso penal; debe hacerse más seguido, máximo en seis meses, y mientras tanto hacer investigaciones más cortas por microtráfico y extorsión contra esos grupos, así como allanamientos permanentes en puntos críticos”: Claudia Carrasquilla, exfiscal experta en crimen organizado.,
Tomado de El Colombiano
