Cali (Colombia), 6 octubre de 2022.- El desalojo de unas 1.500 familias en el oriente de Cali, en una de las zonas de «invasión» más grandes de esa ciudad colombiana, provocó momentos de tensión este jueves entre los vecinos del asentamiento y las autoridades locales y fuerzas de seguridad.
«Con toda la garantía de derechos humanos y junto a la fuerza pública, el Ministerio Público y distintos organismos de la Alcaldía de Cali se inició la recuperación de más de 30 hectáreas que habían sido ocupadas de manera ilegal en el predio Aldovea -corregimiento Navarro-«, indicó la Alcaldía de Cali en un comunicado.
El asentamiento comenzó, al parecer, el año pasado con motivo del paro nacional (ocurrido entre abril y junio), detalló César Lemos, subsecretario de Gobierno de Cali, y cuenta con una parte que es privada y otra que es pública, propiedad del distrito, donde está proyectado que se construya la Universidad Distrital.
Además, estas familias «están conectadas fraudulentamente al servicio eléctrico, es más, adquirieron unos transformadores e hicieron unas instalaciones incluso con postes de concreto en el asentamiento», explicó Lemos, quien indicó que ya se ha cortado el servicio eléctrico.
Según esta información, el desalojo había sido consensuado con la comunidad, que habría «permitido el acceso al lote para ejecutar el proceso de manera programada, paulatina y progresiva», en palabras del secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Jimmy Dranguet Rodríguez.
VERSIÓN DIFERENTE
No obstante, la versión de las autoridades fue desmentida por los vecinos del predio. La situación es «muy difícil porque no dijeron que iban a desbaratar las casas así», explica Diana Castro, una de las vecinas de este asentamiento, a EFE.
«Si hubiesen dicho con tiempo, ayer o hace dos días, uno hubiera arreglado las cosas para desalojar bien, como se debe, pero no, lo sacan a uno, no le dan ni solución ni nada», lamentó Castro, a lo que agregó que no sabe dónde ir tras ser desalojada ni cómo «conseguir comida» para su hijo.
Aunque los vecinos aseguran no ser conocedores de la decisión de desalojo, la Alcaldía afirma que la medida «fue comunicada desde el pasado 26 de septiembre de 2022».
En la operación han participado unos 1.600 uniformados de la Policía Nacional y 2.000 funcionarios de la Alcaldía, así como han sido utilizados camiones para los trabajos.
«La ruta de invadir predios públicos y privados para resolver la vivienda es equivocada y no la aceptamos, para las comunidades necesitadas instalamos mesas de trabajo para concurrir con el Gobierno Nacional y así adquirir tierra y posibilitar mecanismos alternativos de construcción», aseguró tras la jornada de desalojo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
A esto añadió que para los que «venden» tierras «aprovechándose de las necesidades de nuestra comunidad la ruta es la judicialización», por lo que serán denunciados ante la Fiscalía, informó el funcionario en un mensaje publicado en sus redes sociales.
INVASIONES DE TIERRA EN COLOMBIA
El mes pasado, la Defensoría del Pueblo alertó que han aumentado los casos de ocupación indebida de tierras en varias regiones del país, ya que han detectado 108 casos, en un problema para el que la Fiscalía ha anunciado la creación de un grupo especial de investigación.
Se trata de cerca de 6.000 personas que están ocupando predios rurales en distintos puntos de la geografía, según informó entonces el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
«Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios», afirmó Camargo, quien dijo que 13 de ellos tendrían vinculación con grupos armados.
Sin embargo, «la mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36 % de los casos», añadió.
EFE
