Santiago de Chile, 22 febrero del 2025 – Cuatro ciudadanas estadounidenses llegaron este sábado a Santiago de Chile en medio de una fuerte expectación para conocer por primera vez en persona a sus familias biológicas, de las que fueron separadas durante la dictadura de Augusto Pinochet y enviadas al extranjero por un sistema de adopciones ilegales.
“Estoy demasiado feliz y vamos a seguir abrazándonos mucho rato”, dijo a EFE, entre lágrimas, Edita Bizama, que en 1984 tuvo que dar a su hija Adamary García en adopción porque “no tenía cómo criarla”.
Unos 20.000 menores chilenos fueron adoptados de forma irregular por familias extranjeras entre 1970 y 1990, según cifras del Poder Judicial. De éstos, sólo 1.000 se han reencontrado con sus familias.
“Hay 19.000 personas de quienes no tenemos idea de qué pasó. Tenemos un sesgo estadístico muy importante”, dice a EFE Juan Luis Insulza, vicepresidente de la organización Connecting Roots, que desde 2021 trabaja para reunir a ciudadanos norteamericanos con sus raíces en el sur del continente.
Aunque hay registro de estas prácticas a partir de los años 60, fue durante la dictadura cuando más casos se registraron, en una práctica que se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos.
“Hoy recuerdo mucho el pasado”
Teresa del Carmen Araya toma un refresco en el bar del aeropuerto capitalino mientras espera la llegada del vuelo procedente de Houston, donde viaja su hija Jada Thiemann.
Dice que “hoy todo es extraño” y que “recuerda mucho el pasado”, ese día en que después de dar a luz “la señorita Verónica” le dijo que tenía que “pasarle la niña”.
“Yo no quería, pero me pillaron igual. La había pasado por el Registro Civil, la reconocí como hija para que no saliera fuera del país y quise salir del hospital por otra puerta, pero no pude”, cuenta a EFE.
Llegó a casa sola, sin su niña y “con la leche que le seguía corriendo”.
“Quizás el destino para mí no era con ella, o era para la mamá que tuvo. No sé cómo explicarlo”, admite con nervios y desconcierto antes de abrazar por primera vez a su hija, tras más de 30 años de separación y de haber hablado con ella solo una vez por videollamada.
Siente “injusticia” porque –asegura– a ella la buscaron por “ser madre soltera y tener una situación económica precaria”.
La mayoría de las madres víctimas de adopciones ilegales responden a un mismo perfil: jóvenes o menores de edad, solas y en condiciones de vulnerabilidad.
Según el Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la salida de los menores al extranjero fue principalmente con dos métodos: por entrega de la tutela del pequeño a un tercero para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes del país de destino; o por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscrito por los padres adoptivos como propio en otro país.
Cuando Jada, acompañada de dos de sus hijas, cruza la puerta de llegadas internacionales, Teresa la espera al final del pasillo. Ambas se buscan con la mirada hasta que Juan Luis las presenta mutuamente, se abrazan y la madre llora, casi sin poder hablar.
Conocer el pasado “es hacer justicia”
El Estado chileno no reconoce como víctimas a los adoptados de forma ilegal entre las décadas de 1960 y de 1990, según el informe del INDH. Es más –añade– “se está lejos de contribuir a establecer la verdad o lograr reencuentros”.
Conocer el pasado, para las familias, “es hacer justicia”, dice Insunza. “Permite sanar, cerrar ciclos, porque hay familias que han pasado años con la incertidumbre y el dolor de haber perdido una guagua (bebé) que murió al nacer, que se la robaron o que fueron forzadas a darla en adopción”, explica.
Claudia Díaz hoy podrá dar un paso hacia esta “sanación”. Con una pancarta en la que se lee ‘Welcome sister Natalie’, espera ansiosa a su hermana detrás de la valla de la puerta de llegadas.
“¡Ahora mismo me quiero morir! ¡Estoy ‘full’!”, exclama a EFE. Explica que nunca pensó que se iban a ver, aunque “siempre supo de su existencia y que se había ido en adopción” porque su madre “tenía problemas con el alcohol”.
El Gobierno chileno lanzó en 2022 un plan piloto para localizar a víctimas de adopciones ilegales y esclarecer las irregularidades cometidas durante el régimen pinochetista. La iniciativa se suma a la investigación judicial que se abrió en 2018 para indagar alrededor de 700 casos.
“Hay un dolor prolongado por años y el tiempo nunca se va a poder recuperar, pero a partir del reencuentro –concluye Insunza– se comienza a sanar”.
Meritxell Freixas
EFE