San Salvador, 8 septiembre.- El Salvador registró el desplazamiento forzado de al menos 18 familias por la violencia durante el período de cuarentena domiciliar obligatoria impuesta por el Gobierno por la pandemia de la COVID-19, según datos de la organización humanitaria Cristosal dados a conocer este martes.
El Salvador se mantuvo en confinamiento casi absoluto entre el 21 de marzo y mediados de julio pasado, mismo que no se sostuvo ante la falta de acuerdos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa.
Rina Montti, directora del Sistema de Monitoreo de Derechos Humanos de la referida organización, señaló que en lo que va del 2020 Cristosal ha registrado el desplazamiento de 30 familias.
«Aún en una situación en la que deberíamos haber estado todas las personas en encierro, los hechos delictivos no habían parado», señaló la experta y añadió que algunos de estos casos fueron atendidos por instancias estatales, como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto de Desarrollo de la Mujer (Isdemu).
Detalló que los principales hechos violentos que obligan a las familias a huir de sus hogares son las amenazas, intentos de homicidios, homicidios de familiares y extorsiones.
Lamentó que la pandemia de la COVID-19 obligó a las organizaciones sociales que ayudan con la atención de este fenómeno a distanciarse de las comunidades, por lo que los lugares en los que podían encontrar ayuda disminuyeron.
El Congreso de El Salvador aprobó en enero pasado una ley de protección y restitución de derechos para las personas desplazadas por la violencia, principalmente la de pandillas.
La aprobación de esta legislación especial, que contó con 82 votos de los 84 diputados, se dio tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2018.
Montti subrayó que la situación «demuestra nuevamente la importancia en que no solo tuviéramos una ley, sino que esta fuera operada» con protocolos y presupuesto «suficiente para mantener de manera integral a las familias» con asistencia humanitaria y con medidas de protección.
Pese a la existencia de la ley, el único dato oficial que se maneja en la actualidad es que el 1,1 % de la población salvadoreña «ha sido forzada a desplazarse» entre 2006 y 2016, porcentaje que representa a más de 70.000 personas.
Esta cifra fue dada en declaraciones a la prensa por la jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, Elisa Carlaccini, en noviembre de 2018.
Por otra parte, una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5,2 % de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235.700 personas.
Las pandillas son, de acuerdo con los estudios, el principal generador del desplazamiento forzado en las zonas que controlan y le siguen las fuerzas estatales de seguridad.
EFE
