Este jueves, por medio de una audiencia virtual, se definirá la libertad de un procesado cuya suerte va intrínsecamente ligada a la del expresidente Álvaro Uribe: la de Diego Cadena, quien fue abogado del exmandatario. Tanto Uribe como Cadena, el primero en la Corte Suprema y el segundo en la Fiscalía, están bajo investigación por los mismos delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. La Corte dice, en el primer semestre de 2018, que Uribe podría haber recurrido a Cadena para tratar de manipular a algunos testigos que lo han señalado de tener nexos con el paramilitarismo. La Fiscalía, por su parte, asegura que Cadena se prestó para ello. Ellos dos, por su parte, lo niegan con vehemencia.
Este martes 4 de agosto, cuando determinó que el senador Uribe debía quedar en detención domiciliaria, la Corte Suprema de Justicia tomó también otras decisiones. Entre ellas ordenó que se compulsaran copias (es decir, que se abrieran investigaciones) por algunas actuaciones de Cadena y de su socio, Juan José Salazar -a quien la Fiscalía le imputó cargos, junto con Cadena, el pasado 27 de julio-. El expresidente lo ha rechazado una y otra vez, pero la Corte tiene indicios de que Uribe, a través de Cadena y Salazar, les hizo promesas económicas a dos exparamilitares (Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés) para que hicieran declaraciones que desacreditaran a otro exparamilitar: Pablo Hernán Sierra.
Sierra, alias Alberto Guerrero, comandó el frente Cacique Pipintá (que operó en el Eje Cafetero) y sostiene que hizo parte del bloque Metro. Es decir, de la estructura paramilitar de la que el expresidente habría sido promotor, cosa que él ha rebatido hasta el cansancio. Según las pruebas que tiene la Corte Suprema en el expediente, los abogados Cadena y Ramírez quisieron apoyarse en Vélez (alias Víctor) y Cortés (alias Diana) para que dejaran testimonio de que Sierra era parte de un cartel de falsos testigos y, además, estos exparamilitares habrían recibido la misión de buscar más declarantes a cambio de dinero y de asistencia judicial.
La Corte, asimismo, sostiene que recibió de parte del senador Uribe documentos que contenían afirmaciones falsas, por lo que podían hacer incurrir al alto tribunal en un error (de ahí el cargo de fraude procesal). Entre esos está una carta fechada el 20 de febrero de 2018 que firmó Fauner José Barahona Rodríguez, alias Racumín, radicada cuatro días después de que la Corte hubiera decidido archivar una indagación en contra del congresista Iván Cepeda. Esa indagación tenía como origen una denuncia de Uribe, quien alegó que Cepeda había armado un cartel de falsos testigos en su contra. El 16 de febrero de 2018 la Corte resolvió que no había razón para investigar a Cepeda, pero sí para investigar a Uribe.
Racumín, se supone, llegó al expediente porque Carlos Enrique Vélez lo convenció de que declarara en favor de Uribe y fue mencionado también en la audiencia de imputación de cargos contra Cadena. La Fiscalía habló en esa diligencia sobre la búsqueda activa que emprendió el abogado caleño de testigos que pudieran hablar en favor del expresidente Uribe, búsqueda que, sostienen las indagaciones judiciales, escondían una promesa remuneratoria. Asimismo, habría dado con Elmo Mármol, quien entregó su testimonio a la Corte en una carta redactada por Cadena. El abogado aseguró que fue así porque Mármol era analfabeta. Pero Cadena, dijo la Fiscalía, no dijo la verdad: Mármol es bachiller.
Mármol, dijo también la Fiscalía, es uno de por lo menos tres testigos que han relatado cómo Cadena llegó a su lugar de detención con documentos en mano, listos para ser firmados, que incluían una declaración en favor del expresidente Uribe. Otro de los nombres que salió a flote con la decisión de la Corte Suprema es el de Carlos Alberto Cruz Moreno, un antiguo juez de la República a quien Cadena se refiere con cercanía como Cachelito. La Corte quiere saber si él, de algún modo, participó en la presunta estrategia de Uribe Vélez para conseguir testigos a su favor, pues, cuando se interceptó el celular de Cadena a raíz de esta investigación, Cruz aparece varias veces discutiendo con Cadena el tema de los testigos.
En una de esas conversaciones, revelada por El Tiempo el año pasado, se oye al exjuez hablarle a Cadena sobre otro de los testigos que han asegurado que el expresidente Uribe promovió la creación del bloque Metro: Juan Guillermo Monsalve, quien está condenado a 37 de años de prisión por hechos no relacionados con el paramilitarismo: “Más que ofrecerle, es que la palabra ‘ofrecer’ tiene una connotación como que uno está como manipulando el testigo (…) es ponerle en conocimiento ante las inquietudes y la realidad de él, de que tiene una sentencia: ‘Mire, jurídicamente hay unos recursos extraordinarios de ley, hay unas acciones, una de ellas es la acción de revisión, es una cosa de ley a la que tiene derecho usted y cualquier hijueputa’”.
En la imputación de cargos contra Cadena la Fiscalía aseguró que Monsalve fue presionado para firmar “de manera inmediata” un documento en favor de Uribe, a cambio de que Cadena elaborara una solicitud de acción de revisión de su caso. Como parte de su estrategia de defensa, Cadena reveló a través de la revista Semana un audio que él mismo grabó de una conversación con Héctor Romero, abogado de Monsalve, en el cual se oye a Cadena decirle a Romero: “Por mi santa madre, doc, yo a ese tipo (Monsalve) no le ofrecí ni dinero, él dijo que lo que quisiera”. “Sí, es que yo estuve ahí (…)Y eso no se habló nada de eso”, le responde su interlocutor, que sería Romero. “¡Por eso!”, le dice, enérgico, Cadena.
La Fiscalía sostiene que Romero, al contrario, le advirtió a su defendido Monsalve que no se pusiera a creer en esos ofrecimientos. Cadena le habría hablado de la posibilidad de llevar su caso a la Jurisdicción Especial para la Paz; Romero, dijo la Fiscalía, le advirtió que él no podría ser aceptado en la JEP —tal como ocurrió a principios de 2019, la JEP rechazó su caso—. Por último, la Corte Suprema quiere que se indague más sobre otras dos personas. Está la asesora política Vicky Jaramillo, quien acompañó las campañas presidenciales de Uribe -y también de Juan Manuel Santos-. Según ha dicho Uribe, Jaramillo fue quien lo abordó para decirle que Monsalve se quería retractar de los señalamientos en su contra.
La importancia de Monsalve radica en que es el hijo de quien era el administrador de Guacharacas, una finca de la familia Uribe que, ha dicho Monsalve, fue escenario de la promoción del bloque Metro. La segunda persona es Enrique Pardo Hasche, vecino de Monsalve en la cárcel La Picota y condenado por el secuestro y la desaparición del empresario Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana. A Monsalve, supuestamente, también le ofrecieron promesas compensatorias para que reversara su versión, por medio del representante Álvaro Hernán Prada —bajo investigación también— y de Diego Cadena y Pardo Hasche. El caso Uribe sigue moviéndose y, con él ya bajo orden de detención domiciliaria, este jueves se sabrá lo que viene para su exabogado Cadena.
Tomado de El Espectador
