La ausencia que por décadas ha mantenido el Estado colombiano en el Catatumbo se convirtió en el motor que impulsó el complejo panorama de seguridad y conflicto que hoy, tras casi medio siglo, persiste en la zona y que pareciera estar lejos de llegar a su fin.
Esta es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado hasta ahora en los primeros ‘Diálogos para la No Continuidad y la No Repetición del Conflicto en el Catatumbo’, liderados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con diferentes actores y víctimas que han padecido los rigores de años de violencia en esta subregión de Norte de Santander.
Cada jueves, desde finales de julio, y de manera virtual, líderes campesinos, representantes de instituciones, fuerza pública, miembros del sector productivo, organizaciones sociales, juntas de acción comunal, jóvenes, excombatientes, partidos políticos, artistas y medios de comunicación se vienen dando cita para tratar de dar respuesta a preguntas como, ¿por qué persiste la violencia contra los líderes y lideresas sociales en el Catatumbo? y, frente a esta situación, ¿qué se puede hacer en conjunto para transformar o mitigar la situación?
En la mayoría de los encuentros, los invitados han coincidido en que las necesidades que pululan en la zona se deben, en gran medida, a ese abandono estatal que poco ha atendido los requerimientos de la población. En contraste, insisten, solo han recibido presencia del Ejército Nacional para tratar de dar solución a los problemas en seguridad, dejando a un lado la atención en salud, educación y otras demandas de la comunidad.
Uno de los factores que ha profundizado esa falta de seguridad en la zona son los cultivos ilícitos, aspecto que los invitados a los diálogos han calificado como un síntoma de la misma ausencia de las instituciones, lo que le ha abierto paso a la llegada y fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley que buscan proteger todas las aristas del narcotráfico.
El conflicto en el norte del departamento se ha vuelto a tornar aún más intenso desde marzo de 2018, cuando se agudizó la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y un grupo residual del Ejército Popular de Liberación (Epl) conocidos como ‘Los Pelusos’, que se enfrentan por el control de los cultivos ilícitos y las rentas derivadas del contrabando. Pero no son los únicos grupos armados ni actores en la zona.
Hasta enero de este 2020, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó 341.412 personas víctimas de conflicto armado en el departamento.
En El Tarra y Convención se han registrado 26.074 y 24.061 desplazamientos, respectivamente. Además, entre 2017 y 2020 se han presentado 92 ataques contra líderes sociales. Tibú, con 32 ataques; Teorama, con 14; y Ocaña, con 13, son los municipios más afectados de Norte de Santander.
Así mismo, este año, entre el 27 de marzo y el 26 de junio, en el departamento más de 45.000 personas fueron sometidas a confinamiento forzado, el 70% de ellas en el Catatumbo. Además, 22 personas han sido víctimas de minas antipersonal (13 de la fuerza pública y 9 civiles), según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
Entre las conclusiones que han surgido de los Diálogos que lidera la Comisión de la Verdad también aparece el tema ambiental, toda vez que la población reconoce una preocupación por los daños en el ecosistema. De acuerdo con los participantes, la llegada de la industria petrolera al Catatumbo, hace aproximadamente 50 años, generó el “escenario para la creación del conflicto armado”.
Las mismas instituciones del Estado reconocen que los pobladores ya no creen en el Gobierno Nacional, por los mismos antecedentes que hay en la región, y es por eso que no ha sido posible una articulación con éxito.
El diálogo definitivo
Sonia Rodríguez, coordinadora de la macrorregión nororiental de la Comisión de la Verdad, destacó que las jornadas que se han desarrollado han sido espacios muy importantes, en los que empiezan a salir algunos puntos de vista sobre el conflicto.
“El resultado final y oficial de estos diálogos lo tendremos el próximo 2 de octubre, día en el que la reunión de todos los actores se hará de manera pública”, explicó.
La próxima semana finalizarán las sesiones por sectores, con una intervención de la población indígena, que dará su punto de vista sobre el conflicto que redujo sus territorios y población, dejándolos al borde de la desaparición.
Así como en el Catatumbo, los espacios de diálogo se vienen desarrollando en otros tres territorios priorizados del país, como son: Cauca, Bajo Cauca antioqueño y Bajo Atrato.
“Esta metodología busca profundizar sobre los factores y condiciones que facilitan o contribuyen a la persistencia del conflicto armado, e identificar casos, a la luz de problemas actuales, que permitan entender por qué estos factores se han reactivado o potenciado en algunas regiones”, ha dicho la Comisión de la Verdad.
Esta entidad se creó bajo cuatro objetivos: el Esclarecimiento, el Reconocimiento, la Convivencia y la No Repetición. Todas las estrategias para lograr la No Repetición buscan contribuir a sentar las bases para que no se repita el conflicto armado, sus causas y sus graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Tomado de La Opinión
