El difícil reto de Bello, ciudad entre la legalidad y la ilegalidad

FECHA:

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Imagen de la sede de la alcaldía del municipio de Bello, Antioquia. Tomada de www.minuto30.com

Redacción Análisis Urbano

Tomando en cuenta las próximas elecciones, e intentando plantear un panorama de algunos municipios en materia de seguridad y criminalidad, que es con el que se encontrarán los nuevos mandatarios una vez se posesionen, desde Análisis Urbano,  se asume que la situación en Bello, municipio antioqueño, es tanto o más preocupante que la que se vive en Medellín.

La diferencia radica en el vínculo comprobado entre la clase política dirigente y los grupos criminales tanto de carácter paramilitar como mafioso. Aunque en Medellín han sonado casos e investigaciones contra políticos que entre otras cosas han llegado a la Alcaldía de la ciudad. En Bello, desde hace más de una década, es un grupo familiar -y sus apadrinados- los que han ostentado el poder, y su práctica política ha sido cuestionada por sus relaciones con la ilegalidad de dicho sector.

El problema de estas relaciones de poder, es que permiten afianzar la criminalidad en un territorio, tal como sucede en Bello, al punto de que actos delictivos comienzan a naturalizarse. En este municipio, debido a su historia, la ilegalidad se hizo paisaje y hoy sus habitantes son víctimas de cinco principales fenómenos criminales que, independiente del candidato que se electo, deben ser solucionados o planteados en la política de seguridad del próximo mandatario. Son los siguientes:

  1. La extorsión conocida como “vacuna”

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Imagen tomada de www.eltiempo.com

El drama más grande y más violento que vive Bello es el pago de la “vacuna” ya que por esta vía están controlando la población y de paso la someten por medio de la agresión física y del uso de las armas. Esta dinámica es indiscriminada en el territorio y todo aquel que desempeñe una actividad que genere un lucro económico, por pequeño que sea, está obligado a pagar una extorsión.

De acuerdo con las denuncias, los comerciantes, incluidos los vendedores ambulantes, están obligados a una vacuna que puede ir desde mil a 20 mil pesos al día. Uno de los casos más sonados se presentó el mes pasado, cuando los combos del sector agredieron a un artista del municipio que hacía su presentación en un semáforo cercano a la Estación Bello del Metro.

El joven fue víctima de una golpiza porque se negó a dar la plata de la extorsión;  y este no es el único evento, por la misma razón, a otro chico que es guitarrista, los criminales le partieron un brazo en tres partes a fin de dejarlo inmovilizado para trabajar. Estos actos, al parecer, quieren enviar un mensaje de las posibles consecuencias que puede sufrir como escarmiento quien se sostenga en la negativa de pago de la vacuna.

Este año han sido más de diez los artistas que han sido víctimas de estas estructuras criminales ligadas al paramilitarismo que opera en Bello, y todo apunta a ser una persecución que sufre este gremio ya que  a través de su red vienen denunciando, desde hace años, el  control territorial que padece este municipio, a manos de estos grupos armados ilegales.

La vacuna casi que se está volviendo como una herramienta de los ilegales para censar y controlar a la población de Bello, incluida la población flotante; los criminales se movilizan en motos y sus movimientos, según denuncias recibidas por Analisisurbano.com, son bastante notorios porque se saben “los dueños del espacio público de Bello”; la policía no actúa para frenar la problemática que se ha agudizado en el último lustro; y finalmente, la población desconfía de la autoridad puesto que sus denuncias formales han terminado en amenazas que en muchos de los casos les ha obligado a desplazarse del municipio.

  1. Los grupos armados ilegales y su control territorial

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Imagen de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Carlos Chata o Tom, jefe militar del Pacto del fusil en el Valle del Aburrá.

Las estructuras criminales en Bello se fortalecieron desde tiempos de Escobar quien clandestinamente formó una escuela de sicariato y sus candidatos provenían en buena parte de este municipio. Sin embargo, con la llegada del paramilitarismo al área metropolitana estos grupos criminales obtuvieron el control total del territorio.

El Bloque Cacique Nutibara de las AUC fortaleció su presencia en el territorio a través de diferentes bandas criminales y luego de la fallida desmovilización paramilitar, estas estructuras se multiplicaron y se dividieron el territorio. De acuerdo a un informe realizado por la Corporación Nuevo Arcoíris en 2010, la creación de la  Mesa de Trabajo por la Paz y la Convivencia de Bello -una de las primeras tareas hechas por la alcaldesa elegida en 2004-, a la que asistieron algunos de los jefes de las bandas del sector, como Jader Botero -alias ‘Gancho’- hoy desaparecido; y Evelio Restrepo, asesinado en 2009, permitió la repartija del municipio y consolidó el poder criminal en el municipio.

El próximo mandatario debe asumir y admitir que este legado criminal fue fuertemente apoyado por Administraciones municipales anteriores de esta localidad, y empezar por desmontar   cualquier tipo de cercanía que pueda permanecer al interior de la institución; en otras palabras debe purgarse a la Alcaldía.

Igualmente, esto incluye una depuración de la fuerza pública en Bello ya que este poder criminal no se hubiera radicado en el municipio casi dos décadas atrás sin que hubiese sido notado por la autoridad. Ninguna mafia tiene posibilidad de existencia si no cuenta con la connivencia de un sector estatal y policial.

Actualmente, las bandas más poderosas que operan en el sector son los Chatas, Oficina del 12 de Octubre, Los Triana, Los de Mesa, Camacol, Bellanita, y Pachelly. Análisis Urbano, en recurridas ocasiones ha informado sobre estos grupos y  sus sitios operativos pero las autoridades poco han actuado y los criminales mantienen su dominio territorial.

Como en Medellín, para resolver este problema, los candidatos a la Alcaldía deben hacer propuestas serias que permitan salidas reales al problema del control territorial, ilegal y armado de Bello, sin desconocer la participación que ha tenido la Administración en la expansión de este fenómeno.

  1. Las mafias

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Imagen de las bandas en el municipio de Bello, Antioquia. Tomada de www.fnpi.org

En un artículo publicado por El Colombiano, titulado La mafia del ladrillo azota las construcciones de Bello, se expone cómo este fenómeno se ha tomado el municipio y ha permitido la expansión territorial pero irregular de esta localidad. Este territorio está creciendo muy rápido y su ausencia de control está favoreciendo al poder Criminal, de acuerdo a la denuncia del periódico, cualquier constructor que trabaje en Bello debe pagar una “vacuna” y hasta han tenido que ingresar a las cárceles para negociar el permiso de construcción con los criminales.

Hasta julio de 2014, eran 80 las licencias de construcción que la administración de Bello había entregado para proyectos habitacionales. Si se aplica la lógica de la mafia del ladrillo, los combos alineados al paramilitarismo que controla este municipio están teniendo un papel fundamental en la edificación y planificación de este territorio. En resumen, se podría decir que los criminales están imponiendo un ordenamiento territorial a fin a sus intereses.

Otro asunto irregular al que debe enfrentarse el próximo mandatario tiene que ver con las contrataciones, especialmente las que tienen que ver con Mayor Seguridad Ltda, que ya ha recibido 27.800 millones de pesos gracias a que desde 2008 viene contratando con el municipio. Además, existen licitaciones a las que sólo se ha presentado esta empresa lo que constituye una situación bastante extraña.

El problema está en que varios de los miembros de la familia Suárez Mira han sido gerentes de esta empresa. Así mismo, aunque el grupo familiar ha negado ser, o haber sido accionario de la misma, negativa que respaldó Diego León Ortiz, que es el representante legal de Mayor Seguridad, la revista Semana publicó un documento que demostraba que, a inicios de 2008, Héctor Hernán Suárez Mira poseía el 40% de las acciones las cuales endosó en mayo de ese mismo año.

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Imagen tomada de la Revista Semana.com

Mayor Seguridad no ha sido investigada hasta el momento aunque sus contratos son recurrentes y han alcanzado altos valores monetarios. Indudablemente, el próximo alcalde de Bello deberá revisar esta situación.

  1. La invasión Nuevo Jerusalén

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Imagen del Asentamiento Nuevo Jerusalén, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia, donde la Oficina del 12 de Octubre, cogobierna.

Replicando lo que en múltiples ocasiones se ha investigado y denunciado desde Analisisurbano.com, el asentamiento urbano conocido como Nuevo Jerusalén, cuyo nombre real es finca o predio El Cortado, se convirtió en el nuevo nido paramilitar del Valle de Aburrá. El terreno en sí, ocupado de manera ilegal, es uno de los más grandes negocios que sostienen la economía criminal de los grupos armados en el municipio de Bello, cuyos mandos políticos y militares responden ante alias Soto, uno de los jefes de ‘La Oficina’.

La invasión llamada Nuevo Jerusalén es el infierno terrenal de al menos 1118 de sus habitantes que, según apunta Jorge Enrique Calero Chacón, director del Sistema de Alertas Tempranas, son víctimas de “amenazas, actos de intimidación y agresiones” por parte de ‘Los de Paris’, organización que “participa dentro de la estructura de la Oficina de Envigado, grupo armado post desmovilización de las AUC”.

La situación  de El Cortado es alarmante, su riesgo va desde crisis ambiental, zona insalubre, alto riesgo de deslizamiento, y hasta peligro inminente de incendio a causa de un tubo de Ecopetrol que por allí pasa, que ha sido múltiples veces perforado por parte de los grupos armados para vender su gasolina.

El asentamiento ilegal fue denunciado desde el 2005 pero a finales del 2006 aumentó, época en la que en realidad se estaba presentando una reacomodación paramilitar luego de su fallida desmovilización. Para el 2007 ya existían memoriales dirigidos tanto el municipio de Medellín como al de Bello, alertando de la situación, y documentación oficial que daba fe de la problemática.

El director nacional del Sistema de Alertas Tempranas, Jorge Enrique Calero Chacón, elaboró un Informe de Riesgo dedicado exclusivamente al tema El Cortado y el 26 de agosto del 2013 lo envió al secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe. El texto resume la situación violenta y dramática de este sector y le da la categoría de URGENTE.

Foto documento El Cortado
Foto Analisisurbano.com

En el informe Calero Chacón le recomienda a la Alcaldía de Bello “realizar acciones permanentes que eviten que los actores armados sustituyan la presencia y las funciones legitimas de las autoridades del Estado. En particular se recomienda presencia activa y directa en el asentamiento Nuevo Jerusalén de un inspector de policía, […] como instancia legal para la resolución de conflictos entre los vecinos, función usurpada por los actores armados”.

En resumen, una situación tan delicada, un territorio que inclusive podría estar rodeado de una fosa común, como lo denunció Analisisurbano.com, no puede ser ignorado por los candidatos a la Alcaldía de Bello, especialmente porque es un enorme territorio que también padece el flagelo de la extorsión. Sus habitantes deben pagar a las estructuras criminales una vacuna por el uso de los servicios públicos (20 mil por el agua y 6 mil por la luz de manera mensual), un negocio ilegal que deja  una utilidad próxima a los 1.560 millones de pesos anuales.

  1. El desplazamiento forzado

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Imagen tomada de www.arcoiris.com.co

Todos los fenómenos anteriores están desembocando en la peor situación que hoy padecen los habitantes de Bello. Si bien es cierto que el tema de los homicidios ha reducido nadie ha mencionado la cantidad de habitantes que se vieron obligados a abandonar sus hogares, víctimas de las amenazas y el conflicto armado del municipio.

Según el Registro Único de Víctimas, desde la creación del municipio, de Bello se desplazaron 7.533 personas por causa de la violencia. Lo realmente crítico, y que puede demostrar el control paramilitar del territorio, es que  6.533 de estas personas fueron desplazadas a partir del año 2000, siendo el pico cumbre el 2001 con 1.234 víctimas; época en que llegaron los grupos paramilitares al territorio.

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El fenómeno se mantenido pero es motivo de alarma el aumento que demostrado durante la administración actual y son sólo los datos de las víctimas que se atreven a denunciar, es decir, es apenas un subregistro de la problemática real.

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Por tal razón, no es cierto que Bello sea la quinta ciudad más segura del país ni que esté en las diez ciudades del futuro en Colombia, cuando los años de estos nombramientos coinciden con los picos más altos de desplazamiento forzado del último cuatrienio. Los candidatos a la alcaldía de Bello no deben desconocer esta situación y por el contrario deben trabajar en la recuperación de los territorios y, de ser posible, en el retorno al municipio de los desplazados.

Para finalizar, este el panorama al que, según Analisisurbano.com, se verá enfrentado el próximo mandatario de Bello, situaciones críticas que pueden convertirse en bombas de tiempo y cuyas soluciones deben ser de raíz y transparente ya que algunas de ellas implican directamente al manejo interno de la Administración Municipal y a emporios económicos del gremio constructor. Este es el difícil reto de Bello, ciudad entre la legalidad y la ilegalidad.

 

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