La ministra del Interior, Alicia Arango, se refirió al crimen del escolta Arley Enrique Chalá, quien hacía parte del esquema de seguridad del líder social Leyner Palacios, enfatizando en que aún no se conocen las causas del homicidio.
Durante su visita a Cali para participar de un Consejo Extraordinario de Seguridad en la noche del jueves, la ministra Arango indicó que las autoridades todavía no tienen certezas de las motivaciones del asesinato de Chalá.
«No sabemos la motivación. Sí sabemos que es un sicariato de alto grado. Pero en este momento no hay información de por qué se causó y si tiene relación con el protegido (Leyner Palacios)», indicó en una rueda de prensa que concedió antes de terminar el Consejo de Seguridad que se realizó en el comando de la Policía Metropolitana de Cali.
Durante esas declaraciones, dijo que visitó al líder Leyner Palacios a quien encontró «devastado» y aseguró que tras el atentado se reforzará su esquema de seguridad.
«Fui a darle el pésame a Leyner Palacios, porque un escolta se vuelve como parte de la familia y él es una víctima más de esta desafortunada tragedia que están viviendo los colombianos y que necesitamos que siga mejorando, ha mejorado pero todavía los números no se notan», dijo.
Interpelada por los periodistas sobre sus recientes comentarios de que en Colombia han asesinado a más personas por hurto de celulares, que por ser defensores de derechos humanos, declaración que desencadenó una intensa polémica en el país, la Ministra enfatizó que en este caso la víctima no era un líder social, sino un escolta.
«El escolta no es un líder social, es un escolta. Hace parte del esquema pero no es un líder social. Aquí han asesinado a muchos escoltas, y no pasa nada. Nosotros creemos que todas las víctimas tienen derecho a reparación y a que se los investigue. Y lo digo porque una mamá que tiene dos hijos, a uno que mataron por robo de celular y a otro que mataron por ser defensor de derechos humanos, ¿los llora distinto?, esto es un tema de corazón».
Añadió que «ellos (líderes sociales) están priorizados, tienen el 70% de la UNP, y está perfecto, pero eso no significa que Colombia se pueda dar el lujo de no mirar hacia el otro lado, las 12.500 víctimas que tenemos: siete mil por sicariato, 800 por robo y 107 de defensores de derechos humanos».
Sobre el informe de la ONU
Seguidamente, la Ministra hizo referencia al informe de la ONU sobre derechos humanos en Colombia y dijo que «está lleno de imprecisiones. Todos los muertos tienen que tener nombre y apellido».
«¿Por qué los números son tan distintos?, porque nosotros nos atendemos a las cifras de investigaciones de la Fiscalía, esa es la fuente de información que da certeza de lo que pasó. La Fiscalía y la Policía, no hay ninguna otra, entonces, se equivocan, no fueron a nuestras oficinas a preguntarnos qué pasó. Es un informe lleno de inexactitudes. Con base en que vino una persona aquí y me dice que mataron a un señor», enfatizó.
De acuerdo con Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, «en 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos».
El 75% de estos asesinatos ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. En los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá ocurrió el 55% de estos crímenes.
Tomado de El País de Cali
