Desde su captura en abril de 2018, Marín le expresó a las autoridades que estaba dispuesto a colaborarles. Su cercanía con el jefe guerrillero, y también con «Jesús Santrich», fue clave para las DEA. Desde hace dos años no se sabe nada de él, pero lo que alcanzó a decir en Colombia sobre la relación entre la guerrilla y Venezuela habría sido clave.
Los investigadores de la DEA y de todas las agencias estadounidenses encargadas de casos de lavado de dinero, justicia y relaciones internacionales, llevaban casi diez años detrás de la pista de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y su círculo cercano de colaboradores y generales. Tenían pistas claras sobre cómo hicieron parte de un cartel de narcotráfico que, durante años, logró enviar a Estados Unidos miles de kilos de cocaína. Sus datos indicaban que en Venezuela existía un sofisticado esquema de corrupción que involucraba a jueces, empresarios y funcionarios.
Todo quedó consignado en la acusación que hizo el gobierno de Donald Trump contra Nicolás Maduro y su entorno hace unas semanas. Una de ellas, la más reciente y polémica, fue la de ponerle precio a la cabeza del hoy presidente venezolano, a su mano derecha, Diosdado Cabello, y a varios generales del más alto rango. La decisión de emitir una orden de captura en su contra, inesperada por el mundo entero por la crisis del COVID-19, tiene a la opinión pública en controversia, y al gobierno de Venezuela contra las cuerdas por varios testimonios, entre ellos el de un conocido personaje: Marlon Marín.
En Colombia, su identidad es pública. No solo por ser el sobrino del exjefe de las Farc y negociador en La Habana, Iván Márquez, sino porque desde su captura en abril de 2018 le dio la espalda a su tío y a quienes seguían en vueltas ilegales tras la firma de la paz, y hoy es testigo protegido de la DEA. La importancia de este hombre entre los fiscales colombianos y norteamericanos surgió a partir de su papel en el escándalo judicial que en su momento involucró al hoy también rearmado guerrillero Jesús Santrich, que logró la libertad gracias a una decisión de la JEP, y luego apareció como disidente.
Eso sucedió en abril de 2018, tras un operativo de la Dijín, el CTI y agentes de la DEA que llevó a la captura del entonces congresista del partido FARC, Jesús Santrich. Pronto se supo que la acción judicial respondió a una solicitud de extradición de Estados Unidos que aseguró que Santrich había vuelto a delinquir tras la firma del acuerdo, y no podía seguir gozando de beneficios judiciales. Por el contrario, debía dar la cara a las autoridades. Desde ese mismo día, él se declaró inocente y calificó la investigación como un montaje de Estados Unidos y de los detractores de los diálogos de La Habana.
Sin embargo, el proceso judicial continuó y la Fiscalía, entonces dirigida por Néstor Humberto Martínez, dio la credibilidad a las pruebas estadounidenses y ordenó conducir a Santrich a los calabozos del búnker, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP y un importante sector de la sociedad empezaron a reclamar su libertad, pues no era una competencia de la justicia ordinaria. Mientras las jurisdicciones peleaban por quedarse con el caso, puertas adentro del bunker la historia era diferente. Allá fue a dar también Marlon Marín y hasta allá llegaron agentes de la DEA a buscar información.
Detalles de lo que les dijo a los estadounidenses se conocieron después. De entrada, les aclaró su disposición a colaborar, y recalcó que, por su privilegiada relación con Iván Márquez y Jesús Santrich, podía dar información de primera mano. Eso sí, puso una condición: protección para él y su familia, pues hasta su lugar de reclusión ya habían llegado amenazas. Desde ese día les aseguró que tenía pruebas, no solo para demostrar que los negocios ilegales de Santrich habían continuado después de la firma del Acuerdo Final, sino que sabía cómo el gobierno venezolano había apoyado al grupo guerrillero desde que Hugo Chávez estaba en el poder.
Marín logró captar toda la atención de los agentes de la DEA, pues tenían claro que no se trataba de cualquier relación, y que, desde el gobierno de George W. Bush, las agencias de investigación de Estados Unidos sumaban información sobre esas relaciones. Aquellos días fueron de álgidas relaciones bilaterales y Hugo Chávez, en vivo y en directo, ofrecía apoyo a los grupos insurgentes en Irak, o calificaba al mandatario norteamericano como terrorista. Después de diez años de investigación sin pausa, por fin tenían a la mano un testigo clave sobre la relación entre Farc y Venezuela.
El sobrino de Iván Márquez no duró ocho días en el búnker. El 16 de abril de 2018 salió del aeropuerto El Dorado en un avión de la DEA y no quedó registro de la oficina de prisiones, lo que dio a entender que pudo quedar en libertad condicional, o que ahora tiene otra identidad y sigue vigilado. Lo cierto es que su proceso por narcotráfico no ha tenido avances, según se puede leer en el sistema judicial norteamericano, lo que hace prever que su colaboración sigue por buen camino. Antes de que perdiera su rastro, y que ni la Corte Suprema de Justicia colombiana haya podido conseguir su testimonio, Marín dejó pistas confiables.
La más clara se la anunció a los agentes de la DEA justamente durante su tiempo en el búnker de la Fiscalía. Además de explicarles que fue su mamá la que le pidió a Iván Márquez “que lo enganchara” porque no encontraba trabajo, les explicó que se convirtió en su mensajero, y después en el de Jesús Santrich. Por eso supo todo y dejó claro que tenía información sobre negocios de narcotráfico que quedaron vivos después de diciembre de 2016, y que se concretaron con el tercero al mando del cartel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero. Con la perspectiva de convertirse en garganta profunda, recalcó que además viajó varias veces a Cuba y a Venezuela.
Esas reuniones fueron determinantes para la relación entre la guerrilla y ambos países. Entre ellas, una a la que asistió Diosdado Cabello, segundo hombre del chavismo, y otra a la que acudieron varios generales del cartel de los Soles. Aunque no se supieron más detalles, desde 2015 se conocían datos de las andanzas de Cabello y los oficiales. Ese año, The Wall Street Journal señaló que el presidente de la Asamblea Nacional tenía una investigación por narcotráfico. Además, en ese momento ya había trascendido que, en noviembre de 2007, al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, por asuntos de la guerra en Colombia acudió una delegación de las Farc.
Entre los asistentes al Palacio de Miraflores estuvo Iván Márquez, Rodrigo Granda y Jesús Santrich. La fotografía del encuentro causó revuelo y apuró la salida de Chávez como mediador para un acuerdo humanitario. Sobrevino un nuevo pulso político y en marzo de 2008 se produjo la crisis por el bombardeo a Raúl Reyes en Ecuador. A partir de ese momento, las revelaciones de los hallazgos en los computadores del jefe guerrillero tensionaron las relaciones. Tres años después, Marín reveló a la DEA que, por la misma época, oficiales venezolanos ayudaron a la guerrilla a mover un campamento porque el ejército había establecido sus coordenadas.
Chávez pidió estatus de beligerancia para las Farc y planteó dejarlos de llamar terroristas. Para capotear los rumores de relaciones con el narcotráfico, nombró a un hombre de su plena confianza: el general Néstor Reverol, quien entró a oficiar como director de la Oficina Antidrogas. Hoy es otro de los acusados por Estados Unidos. Cuando el poder pasó a Maduro en abril de 2013, Reverol pasó a ser comandante de la Guardia Nacional de Venezuela. Dos años después, Nicolás Maduro recibió el primer golpe directo: Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flórez, fueron capturados.
En 2017 siguieron los señalamientos. Un estudio de Insight Crime, llamado Venezuela, ¿un Estado mafioso?, reseñó que «la frontera colombovenezolana se había convertido en una de las regiones con mayor criminalidad en Latinoamérica”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Santrich empezó a mover a sus hombres para exportar 10 toneladas de cocaína. Es decir, los hechos que lo llevaron a estar preso, lo mismo que Marlon Marín. En esa pesquisa, las autoridades consiguieron un robusto archivo de interceptaciones telefónicas a los números de Marín, lo que agilizó su acercamiento con agentes de la DEA que ya lo tenían estudiado.
En una de las conversaciones interceptadas, Marlon Marín habló con emisarios mexicanos sobre un negocio que se les cayó en Venezuela con un personaje de la vida pública, al que identificaron como Plátano. Según las averiguaciones, al parecer, la idea era “coronar” un cargamento de droga en Estados Unidos, de la mano del cartel de Sinaloa, y, para lograrlo, Plátano debía evitar el control de las autoridades. Según el testimonio que les dio Marín a los agentes de la DEA en el búnker de la Fiscalía, él sabe el nombre verdadero de este hombre, pero condicionó darlo a la salida de él y de su familia de Colombia.
Así fue. Dos años después de esta negociación en los calabozos de la Fiscalía, el gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro y sus hombres. Y ahora anuncia el incremento de las operaciones que supervisan las actividades de defensa en Latinoamérica y el Caribe, desplegando destructores de la Marina, barcos de combate y aeronaves de vigilancia cerca a Venezuela. Una movida que en Caracas ha sido interpretada como un ataque directo a su soberanía. “Los Marines ponen un pie aquí, y nosotros vamos por ustedes… Furia bolivariana en alerta. El que entendió, entendió”, dijo Diosdado Cabello para responder a los movimientos de Washington.
Maduro insiste ante sus parciales que no es más que una campaña de “manipulación miserable, horrorosa”, y los detractores del gobierno de Trump aseguran que se trata de una estrategia política del presidente de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, las pistas del paso del narcotráfico por Venezuela y su relación con las Farc son de vieja data, y los testigos que maneja en el caso no son de poca monta. El sobrino de Iván Márquez casi secretario de Santrich, Marlon Marín; seguramente el general Clíver Alcalá que se entregó a la DEA el pasado 27 de marzo; y quién sabe qué otros en este cerrojo judicial en tiempos de coronavirus.
Tomado de El Espectador
