Leyner Palacios tiene la certeza de que su territorio lo es todo. Allá están su familia, su historia, su pasado y su vida. Por eso se niega a ceder ante las amenazas de los grupos ilegales que el pasado 3 de enero —a modo de sentencia de muerte— le dieron un plazo de dos horas para que abandonara el departamento de Chocó. “Yo no tengo para dónde irme. Soy un campesino, un líder social sin capacidad económica para sobrevivir en la ciudad. Soy una persona con vocación agrícola y pesquera, y en las ciudades esas posibilidades no las tengo. Obligarme a salir de mi territorio es decirme muérase”, asegura.
La intimidación llegó a raíz de las denuncias que Palacios y varias organizaciones sociales del departamento hicieron sobre la incursión paramilitar en el corregimiento de Pogue (Bojayá) el pasado 31 de diciembre, que derivó en el confinamiento de los habitantes de la zona. La alerta volvió a poner la lupa sobre la situación de violencia en el municipio chocoano que intenta recuperarse de las heridas que dejó la masacre perpetrada por las Farc en 2002 y en la que murieron 79 personas. Veintiocho de ellas eran familiares de Leyner Palacios.
Para él es claro que lo que sucede hoy en Bojayá y en otros municipios de Chocó ha sido anunciado desde hace varios años, sin que el Estado haya atendido el llamado de la comunidad e incluso de organizaciones internacionales. Por eso asistió este martes a la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad —instancia creada con el fin de detener el asesinato de líderes sociales y desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo— para llevar ante el gobierno del presidente Iván Duque las preocupaciones de las comunidades del Pacífico colombiano ante el recrudecimiento del conflicto en sus territorios.
Tras la denuncia sobre la incursión paramilitar que tuvo lugar en Pogue el 31 de diciembre, hubo versiones oficiales que invitaban a una especie de calma. Lo hacían con el controvertido argumento de que no eran muchos los hombres armados que habían llegado a la región.
¿Cuál es la información confirmada?
Yo no puedo decir cuántos hombres armados llegaron a Pogue, porque no los vi. Pero los testimonios de pobladores de la región dieron cuenta de más de 600. Yo confío en las comunidades, porque son las que están viviendo el problema en el territorio. Lo que pasa es que aquí, como hay tanto temor y miedo, nadie se atreve a decir nada, pero la situación es bastante grave. Pero además, la violencia en Bojayá persiste desde hace mucho rato. La Diócesis de Quibdó, la Defensoría del Pueblo, el sistema de Naciones Unidas e incluso Amnistía Internacional han manifestado su preocupación al Gobierno Nacional. Allá hay muchas denuncias de la problemática, pero el Estado no ha actuado en coherencia y ha despreciado esas denuncias. Eso es lo que ha hecho que la situación hoy sea más complicada.
¿Cómo están operando estos grupos en el territorio?
Hay una práctica que todos los actores armados están implementando, que a mí me preocupa demasiado, porque es una forma de involucrar a la población civil en el conflicto. Lo han hecho el Eln en Chocó, haciendo eventos con niños; las Agc llevándoles regalos, y la Fuerza Pública haciendo jornadas cívico-militares. Me parece que en un contexto de guerra como en el que están estas comunidades, esas actividades deberían suspenderse porque agreden el principio de distinción de la población civil en el conflicto armado. Es un incumplimiento de acuerdos internacionales.
La medida inmediata del Gobierno fue aumentar el pie de fuerza en la zona. ¿Es una solución efectiva?
La verdad es que Bojayá no se ha recuperado del abandono de las autoridades militares en 2002. Ven con mucha desconfianza lo que pasó. Y hoy en día la comunidad está preocupada por ciertos niveles de complacencia o permisividad de algunos agentes del Estado con las estructuras ilegales que operan en el territorio. Mucha gente dice, por ejemplo, que en algún punto están los grupos armados y a cinco o diez minutos está el Ejército y no pasa nada. La gente no tiene confianza en las autoridades. Yo creo que es importantísima la depuración seria y profunda de las filas militares.
¿En qué deberían centrarse, entonces, los esfuerzos del Gobierno para empezar a solucionar la crisis?
Lo más básico es responder de manera urgente a problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la atención en salud. En Bojayá no hay médico para el río, la gente se muere en los caminos, hay una necesidad de mejorar el sistema. Pero también se requiere que el Estado mejore la infraestructura educativa, que estén los docentes en las comunidades y que exista una interconexión eléctrica. Cómo es posible que más del 60 % de las comunidades no tengan fluido eléctrico. Eso implica un retraso impresionante. Y eso sin contar la crisis en materia de comunicación: en Bojayá pasa algo en una población o comunidad y uno no tiene información sino hasta cinco días después, porque no hay manera de comunicarse de ninguna forma.
Usted también ha insistido en la urgencia de implementar el Acuerdo Final de Paz…
Hay temas mucho más grandes que tienen que ver con la implementación profunda del Acuerdo de Paz, porque es necesario que el Estado colombiano avance en temas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las circunscripciones especiales de paz, todo el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación. Se necesita una decisión política de fondo para empezar a recuperar, no solamente a Bojayá, sino a todas estas comunidades que el conflicto armado ha golpeado profundamente.
¿Cree que es posible el desmantelamiento de estas estructuras ilegales?
La situación es muy compleja, porque para tomar una decisión o pensar en una estrategia para desmontar los grupos ilegales, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Mientras en Colombia siga el negacionismo del fenómeno del paramilitarismo, de su accionar y afectación a las comunidades, nunca se van a tomar las decisiones correctas. En el caso de Bojayá, las comunidades dan testimonio de cerca de 600 hombres armados y sin embargo las declaraciones de algunas autoridades militares dicen que no son más de 15 bandidos. Colombia debe decidir cómo va a abordar el tema: si son bandidos o si son estructuras grandes como las Autodefensas Gaitanistas.
¿Qué habría que hacer con las estructuras ilegales?
Una oportunidad única que tenemos en el país es la posibilidad de abrir esa mesa de diálogo con el Eln, de tal manera que se den muestras de compromiso y tengamos una paz completa y duradera. También es necesario abrir la posibilidad de sometimiento de las estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas. Nosotros vamos a seguir resistiendo en el territorio. Somos un gran colectivo de organizaciones, Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Diócesis de Quibdó, la Comisión Interétnica de la Verdad para los territorios del Pacífico, además de organizaciones de víctimas. Entonces, la pregunta es: ¿nos van a sacar a todos del territorio? Lo que se ha denunciado no es una voz de Leyner, no es una posición mía. Somos todos. Si los actores armados están incómodos tendrían que sacar a todo este colectivo, a todas las organizaciones. Aquí se está queriendo expulsar todo un proceso organizativo en el departamento del Chocó. ¿El Estado va a dejar que pase eso?
Tomado de El Espectador
