La Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Antioquia, organización defensora del territorio y de los derechos humanos queremos denunciamos ante la opinión pública los recientes hechos que vienen agudizando la crisis humanitaria padecida en este territorio del Bajo Cauca durante varios años.
En primer lugar responsabilizamos al Gobierno Colombiano por acción y por omisión mostrada de manera constante ante la situación de dinámicas que se siguen instalando en el territorio. En el Bajo Cauca está activa la Operación Agamenón II, la Fuerza de tarea Conjunta Aquiles que solo han servido para militarizar la vida social de las comunidades, con certeza manifestamos que esta no puede ser la única respuesta de del Estado a un problema histórico que tiene un hondo origen en la exclusión social, la pobreza, la miseria, el abandono y la falta de un Estado que ofrezca un bienestar digno a campesinos y campesinas.
Como sociedad civil nos preocupa la exacerbación de la violencia, la presencia de grupos paramilitares, los impactos sociales que ello genera en la población y la incapacidad del Gobierno de Iván Duque para prevenir y proteger nuestras comunidades.
El país se sumerge cada día en el incremento de las acciones de guerra, las masacres, los homicidios, el reclutamiento forzado, la violencia social y política en un medio de una incapacidad del Gobierno Nacional para efectuar cabalmente la paz.
En Antioquia, en la región del Bajo Cauca persisten fenómenos de violencia generalizada contra la población, cruelmente vienen siendo torturadas, descuartizadas y posteriormente asesinadas muchas personas por parte de actores paraestatales que se siguen apoderando del territorio.
El pasado 26 de agosto en el municipio de Tarazá se presentó el homicidio contra el hijo de un presidente de Junta de Acción Comunal, hecho que obligó a más de 50 personas de la vereda La Esperanza para que abandonaran la vereda y se desplazaran forzadamente hacia el casco urbano del municipio, todo con la intención de proteger sus vidas por temor a la presencia de grupos paramilitares.
El 29 de agosto del presente año fueron hallados sin vida los cuerpos de dos jóvenes hermanos menores de edad en casco urbano del municipio Taraza. Para este doble homicidio el grupo paraestatal recurre a la crueldad de las armas blancas y luego de torturarlos fueron degollados.
El 30 de agosto otra condenable noticia robó nuevamente la tranquilidad de los habitantes de Tarazá, en el sector conocido como El 90 fue hallada sin vida la lideresa Mabel Sandra Banda Meneses. Sandra era Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso del corregimiento de La Caucana.
Sandra tenía 48 años de edad y era, además, comerciante. Mabel fue citada por integrantes de los Caparros. Ella acudió a la cita, en el sector El 90, y allí fue asesinada.
Éstos son algunos hechos que nos siguen distanciando de la paz, por eso desde inicios de la de la firma de los Acuerdos de paz, los y las campesinas del Bajo Cauca hemos afirmado reiteradas veces ante instituciones, autoridades del Estado, la opinión pública y la comunidad internacional acerca de la importancia del cumplimiento de la implementación de los acuerdos de paz en sus diferentes puntos, esa es la única oportunidad para la construcción de paz territorial, el goce efectivo de los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones de seguridad de nuestras comunidades.
Rechazamos la violencia y exigimos al Gobierno Nacional para que se brinden todas las condiciones de seguridad y protección para nuestras comunidades, organizaciones, líderes y lideresas en los territorios, establecidas en el Decreto Ley 660 de 2018 como normativa derivada del Acuerdo de Paz, además, .de las garantías de seguridad y no repetición, brindar condiciones de seguridad y protección para nuestras comunidades, organizaciones, líderes y lideresas en los territorios, establecidas en el Decreto Ley 660 de 2018 como normativa derivada del Acuerdo de Paz.
Señalamos que la consumación y la recurrencia de las Alertas Tempranas del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en todo el país, así mismo la AT No. 020–19 (Tarazá), ATI 009-2018 (Cáceres), ATI 027-18 (Tarazá), AT 031-18 (Caucasia) ATI 003-19, (El Bagre, Zaragoza y Caucasia) son la demostración de la falta de voluntad y la responsabilidad directa del Presidente Iván Duque Márquez por el incumplimiento a la paz, por no contener la violencia y e incumplir con la constitución de Colombia.
El 31 de agosto del 2020 es emitida otra AT N° 045-2020 para los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza; demandamos y exhortamos de las Alcaldías Municipales, a la Gobernación de Antioquia y al Presidente Iván Duque se acaten las recomendaciones allí consignadas, se proteja la vida y la integridad de las y los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunitarios y se concreten acciones para la protección de todas las comunidades que están en alto riesgo.
Responsabilizamos al Presidente Iván Duque Márquez, a la Gobernación de Antioquia y a las autoridades por los hechos que se sigan repitiendo en esta subregión, toda vez que la consumación de las alertas, las situaciones de riesgo y vulneración de los derechos humanos compete a las funciones del Estado.
Seguiremos insistiendo en la necesidad del establecer mecanismos de protección colectivas de urgencia decretadas en las Medidas Cautelar No. 210-17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Dirigentes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, se adopten y concreten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los dirigentes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Por Comisión de DD. HH. Mapa Antioquia
