Bogotá, 28 noviembre.- El exfiscal colombiano Néstor Humberto Martínez, cuyo nombre suena como embajador en España, está en el ojo del huracán tras un debate en el Senado por supuestamente hacer un «entrampamiento» contra el exjefe de las FARC «Jesús Santrich» para vincularlo con el narcotráfico.
El debate fue citado luego de que a principios de mes el diario El Espectador publicara un reportaje según el cual la «Fiscalía participó en una entrega» de cinco kilogramos de cocaína para involucrar a Santrich con el narcotráfico y lograr su extradición a EE.UU., «a pesar de que el exfiscal Martínez lo niega».
Igualmente, el informe señala que la agencia estadounidense de Administración de Control de Drogas (DEA) «estaba realizando una operación de entrampamiento contra los negociadores de la guerrilla».
«Lo que hizo la Fiscalía conjuntamente con funcionarios de la DEA fue un montaje, fue una mentira», afirmó el senador opositor Gustavo Petro, jefe del movimiento de izquierdas Colombia Humana y uno de los citantes del debate.
Para el también exalcalde de Bogotá «todo obedece a un libreto para sembrar pruebas con la intención de involucrar a gente de las FARC, que había hecho un acuerdo de paz, en un supuesto negocio de drogas».
«Finalmente ante el fracaso de la operación, montan una operación controlada, con droga de la Fiscalía o con dinero de la DEA, que termina en una casa que el Gobierno le puso a Santrich, con cámaras de seguridad», añadió.
EL CASO JUDICIAL
Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», fue arrestado en Bogotá el 9 de abril de 2018 en una operación con fines de extradición a EE.UU. por narcotráfico en la que participó la DEA.
En mayo de 2019 la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado en Colombia, concedió a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por EE.UU. eran insuficientes.
Entonces, la JEP ordenó a la Fiscalía que lo dejara en libertad tras permanecer 416 días preso, tras lo cual Santrich abandonó el proceso de paz del cual había sido negociador y volvió a tomar las armas como disidente de la guerrilla a mediados de 2019.
Después de esa decisión de la JEP, Martínez presentó su renuncia al cargo de fiscal general.
Según lo publicado por El Espectador, la Fiscalía de Martínez y la DEA negaron el acceso a parte del expediente a la JEP cuando tenía la competencia para decidir sobre la extradición de Santrich a EE.UU., que finalmente no concedió por falta de pruebas.
La JEP señaló esta semana que de las 24.000 grabaciones de audio que según el diario tenía la Físcalía, solo recibió 12.
En respuesta a las acusaciones, Martínez dijo durante el debate que espera que los 24.000 audios sean «colgados en la nube» para que «todos los colombianos pudieran conocer las monstruosidad de los delitos y las acciones que se estaban encarnando por parte de personas vinculadas a la dirigencia de las entonces FARC».
OPINIÓN DE DUQUE
El presidente Iván Duque salió en defensa de la Fiscalía y aseguró el viernes que «Jesús Santrich es un mafioso, es un narcoterrorista y está siendo perseguido por la Justicia colombiana y por la Justicia internacional».
Igualmente señaló que el exjefe guerrillero no es «una mansa paloma, un angelito del bien, perseguido por la justicia», y que no había «un entramado para deslegitimarle su buen nombre de trayectoria criminal de décadas».
PETICIÓN A ESPAÑA
El pasado 19 de noviembre los congresistas que citaron al debate de esta semana pidieron al Gobierno español que considere la «inconveniencia» de aceptar al exfiscal Martínez como embajador de Colombia en ese país por las investigaciones judiciales que tiene y porque «solo beneficia a los enemigos de la paz».
Así lo expresaron en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Para los congresistas el «nombramiento de Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de España es un acto inmoral, que sólo beneficia los enemigos de la paz y es un escape para que las investigaciones que se adelantan en su contra puedan avanzar».