Autor: Juan Pablo Barrientos
¿Quién suspendió al telepredicador Carlos Yepes? No se sabe. Lo cierto es que ni la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni el papa Francisco, según el diario El Colombiano, suspendieron a Yepes con base en mi libro Dejad que los niños vengan a mí. En el Vaticano ni siquiera conocerán el libro y tampoco deben saber que yo existo. La Congregación o el papa decidieron suspender a Yepes luego de leer el informe que elaboró Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, con su vicario general. Este informe recoge tres denuncias contra Yepes, la defensa del cura y las observaciones del obispo y el vicario, y lo envió Tobón hace dos años sin suspender a Yepes, como lo obligaba el derecho canónico y como lo ha hecho en los pocos casos en los que ha actuado. Después de estudiar el expediente durante dos años, desde Roma le ordenaron a Tobón suspender a Yepes e iniciarle un proceso canónico penal.
He dividido este artículo en cuatro partes: las generalidades del caso Yepes, los aspectos específicos de las tres denuncias, el contexto en el que el cura fue protegido y encubierto por sus superiores y lo que viene para el suspendido sacerdote.
La verdad a medias de Carlos Yepes que no le creyeron en Roma
La Congregación para la Doctrina de la Fe, que funge como la Fiscalía de la Iglesia católica, suspendió al telepredicador antioqueño Carlos Yepes. Lo hizo después de leer el expediente que enviaron el arzobispo de Medellín y su vicario general. En ese documento reposan, al menos, tres denuncias contra el cura, así como su defensa, que ha consistido en descalificar a las tres víctimas sin desvirtuar sus testimonios.
La fecha exacta de la suspensión no se conoce, pero se intuye que fue el 8 de marzo de 2020. Ese día, Yepes presidió la última misa —por el momento—, en sus canales digitales en un templo‑estudio diferente al tradicional, aquel que tenía montado en un saloncito de su parroquia, San Juan Bautista de la Salle, en el municipio de Copacabana, Antioquia. Pronunció una homilía en la que no escondió su dolor. Algo había ocurrido, y solo él, la Congregación para la Doctrina de la Fe y el arzobispo de Medellín lo sabían. Y lo escondieron a sabiendas de que se sabría en muy poco tiempo, pues cinco días atrás, el 3 de marzo de 2020, la Corte Constitucional de Colombia les había dado otro golpe: la sentencia T-091-20 le ordenó al arzobispo Tobón responder por 36 curas por los que yo les preguntaba en un derecho de petición que le envié. Yepes estaba incluido en esa lista, por lo que solo sería cuestión de tiempo.
Con la demoledora sentencia de la Corte Constitucional, el arzobispo rogó por un aliado para retrasar el anuncio de la suspensión de su protegido. Tenía que montar la estrategia y la narrativa, pues la respuesta que esperaba de Roma era la absolución de Yepes, no su suspensión ni mucho menos un proceso penal canónico que él, como arzobispo, tendrá que presidir con los sacerdotes que lo rodean en la curia y que han defendido y protegido a Carlos Yepes en todo este proceso.
Ricardo Tobón, hijo ilustre de Ituango, preparó la narrativa y encontró apoyo: Carolina Alzate Montoya, juez Tercera de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, quien no solo tuvo errores fatales en la argumentación de su fallo de primera instancia, sino que también retrasó 42 días la notificación de la sentencia de la Corte Constitucional a la arquidiócesis de Medellín, argumentando que ella pensaba que era la Corte la que notificaba. Tobón tuvo tiempo para sacar a Yepes de la parroquia sin informarle a la comunidad, aprovechando que nadie preguntaría porque todos los templos estaban cerrados por la pandemia del Covid-19. Juez y virus jugaron a su favor, y las 48 horas que le dio la Corte se convirtieron en 50 días.
Tras hacerse pública su suspensión el 29 de abril de 2020, hábilmente —como es su costumbre— Yepes cargó sus baterías contra los medios de comunicación insistiendo en que todo se trata de una persecución. Algunos de sus seguidores incluso revivieron un video de un señor llamado Frank Zapata, que se autodenomina “periodista”, con el que intentaron lavarle la cara a Yepes cuando se publicó la primera denuncia, el 21 de marzo de 2018 en La W. La gran hazaña de ese feligrés fue, según él, haber encontrado al padre Yepes, luego de que el cura repitiera una y otra vez que nunca lo busqué para escuchar su versión. Para muchos esa es la prueba reina de la inocencia de Yepes: “El periodista nunca lo buscó”. Otros, incluso, dicen que Zapata es un gran periodista porque buscó y encontró a su gran amigo, y lo entrevistó. Y de pasó lo absolvió, como lo hizo la periodista Claudia López hace ocho años en Teleantioquia Noticias, o como lo hizo un grupo de irresponsables de un programa que se llama Nos cogió la noche, o como lo hizo la joven corresponsal de Noticias Caracol en Medellín, Catalina Botero.
La verdad es que Carlos Yepes nunca ha dado la cara. Ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera denuncia. Dar la cara no es hacer monólogos en sus canales digitales o responder las entrevistas de sus amigos, sino, precisamente, aclarar las preguntas incómodas que alguien pueda tener. Sus seguidores se quedaron repitiendo como loros la defensa que el cura hizo con su amigo, pero solo con el primer denunciante; luego olvidaron, muy convenientemente, que contra Yepes existen dos denuncias más. Al menos.
Justamente esas tres historias fueron estudiadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero no de mi puño y letra, sino del informe que envió el jefe directo del padre Yepes, el arzobispo Tobón, quien, cuando se publicó la primera denuncia, se comunicó con Yepes para agradecerle: “El señor Arzobispo de Medellín me ha llamado el día de antier, un par de horas después, diciéndome: ‘Padre, gracias por su defensa valiente de la Iglesia’”. No lo telefoneó para suspenderlo o informarle del inicio de un proceso canónico, sino para agradecerle por el show que había dado en la radio nacional, donde su defensa fue repetir que yo no lo había buscado para escuchar su versión y que por eso había decidido llamar a la emisora luego de escuchar su nombre al aire.
Una vez tuvo el micrófono abierto, la defensa de Yepes consistió en gritarle “demonio” y “enfermo mental” al denunciante; acomodar unas verdades a medias a una narrativa mentirosa, como decir que la justicia ordinaria lo había absuelto; llamar a sus barras bravas al linchamiento del denunciante y del periodista; y amenazar con los estrados judiciales. Fueron casi 30 minutos de intensidad radial en los que todos perdimos los estribos. Las barras bravas se hicieron sentir en las redes sociales y a los pocos días enviaron 45 mil firmas al edificio de Caracol Radio en Bogotá exigiendo mi retractación. También protestaron en las calles.
La defensa más sólida que el abogado‑cura Carlos Yepes creía tener y que repitió una y otra vez como si se tratara de un dogma, es que a él lo absolvió la justicia ordinaria y que la víctima se había retractado. La primera aseveración es falsa y la segunda es una verdad a medias. Comencemos por lo segundo: la supuesta víctima sí se retractó, pero después de ser amenazado, según sus palabras, de ser enviado a la cárcel si no retiraba la denuncia contra Yepes. La escena es la de un hombre de escasos recursos económicos, sin abogado y con todo tipo de presiones para que no denunciara al cura más famoso de Antioquia.
La absolución de la justicia ordinaria que alega Yepes es falsa. Y eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal Superior de Medellín, adonde llegó una de las varias tutelas que interpuso Yepes para que me retractara, pero solo de la primera denuncia, porque, insisto, tanto la defensa de Yepes como la de sus seguidores se han centrado en tratar de desvirtuar, sin resultados, la primera denuncia, olvidando convenientemente, que existen al menos tres. Resalto “al menos” porque son las que yo conozco, la Arquidiócesis guarda herméticamente su archivo secreto, donde podrían reposar más.
La Sala Civil del Tribunal desvirtuó una a una las mentiras repetidas por el cura y su amigo periodista. La Sentencia es de noviembre de 2018 y desde entonces la publiqué completa. Aclaro que completa porque la sentencia incluye el salvamento de voto del magistrado Ricardo León Carvajal Martínez, quien proyectó una sentencia favorable a Carlos Yepes, en la que me obligaba a retractarme de la publicación de la denuncia. Esa ponencia fue derrotada en la Sala Civil, aún así, el magistrado salvó su voto anexando la sentencia que había proyectado. Del magistrado Carvajal Martínez varias fuentes coinciden en decir que es muy cercano a la Iglesia católica y a algunos movimientos de laicos de la Arquidiócesis de Medellín.
Hace poco les recordé esta sentencia a los seguidores del telepredicador y, como era de esperarse, comenzaron a rotar el salvamento de voto, no la sentencia real del Tribunal Superior de Medellín, la cual anexo a este artículo.
No fue una, ni fueron dos, fueron tres
Dos de los nombres de los denunciantes ya son públicos, el tercero ha querido mantenerse como fuente protegida, lo cual no significa que sea una fuente anónima. Los tres hombres tienen nombres y apellidos y presentaron su denuncia ante las autoridades eclesiásticas. Las tres historias están documentadas en el cuarto capítulo de Dejad que los niños vengan a mí (Editorial Planeta, quinta edición, junio del 2020) y en la investigación que lleva el mismo nombre publicada en La W Radio.
Sin que les falte razón, muchos se preguntan por qué no hay denuncias penales contra el suspendido sacerdote en la Fiscalía. La respuesta la tiene nuestro ordenamiento jurídico: estas denuncias prescriben después de diez años. Denunciar a Yepes, dicen los abogados de los denunciantes, es entregarle al cura la excusa de una falsa absolución: el archivo de las denuncias por prescripción.
En cambio, Yepes sí denunció por injuria y calumnia a los tres hombres que lo señalaron de abuso sexual. Acompañado por el abogado Alejandro Decastro, también instauró tres denuncias contra mí por ser, supuestamente, el coautor «al encauzar, dirigir, patrocinar e impulsar estas declaraciones injuriosas y calumniosas».
La primera historia es la de un hombre que hoy tiene 37 años y que dice haber sido víctima de abuso sexual del recién ordenado Carlos Yepes, quien en 1993 recibió su primer nombramiento como sacerdote: vicario parroquial en la parroquia El Salvador, en Medellín, donde estuvo hasta mediados de 1994. Según su relato, a pesar de los supuestos abusos, él mantuvo contacto con Yepes hasta su edad adulta. En 2011, sin abogado y en la absoluta pobreza, decidió denunciarlo en la Oficina del Trabajo de Medellín, la curia y la Fiscalía. Ninguna denuncia prosperó y se vio obligado a retractarse. Enfrentar al poderoso sacerdote, cuyas conexiones políticas son más fuertes que las religiosas, era imposible sin una defensa adecuada. La carta de retractación y el oficio con el que la fiscal cierra la investigación son el certificado de buena conducta de Yepes, quien insiste en que esas son las pruebas de su inocencia.
La segunda historia es la de un hombre que hoy tiene 36 años y que dice haber sido víctima de Carlos Yepes en la parroquia San Esteban Protomártir, en Aranjuez, comuna 3 de Medellín, en 1996, cuando apenas tenía trece años de edad. Esta fue la tercera parroquia de Yepes, la segunda como párroco. En la anterior, Nuestra Señora del Camino, también en Medellín, duró solo seis meses, tiempo inusual para un párroco. En Aranjuez sí ofició como párroco entre diciembre de 1994 y diciembre de 1998. A diferencia del primero, este segundo denunciante indicó que sufrió la agresión sexual una sola vez, y en ninguno los tres casos, según el relato de los hombres, hubo penetración.
Yepes y el protagonista de la segunda historia se vieron las caras en la Fiscalía durante la audiencia de conciliación por la denuncia que interpuso Yepes. Verse la cara es solo un decir, porque el cura no levantó la mirada del suelo, tembló durante toda la diligencia y no pudo responderle a la supuesta víctima, quien le narró a la fiscal, con lujo de detalles, los abusos sexuales de los cuales asegura haber sido víctima. Sin embargo, víctima y victimario no conciliaron, teniendo en cuenta que en este caso la víctima es Carlos Yepes, pues fue quien interpuso la denuncia.
La tercera historia se desarrolla en la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, en Barrio Triste, centro de Medellín, donde Yepes fue párroco entre 2008 y 2017. Allí montó su canal digital Amén Comunicaciones. Solo cruzando una calle estaba su segundo trabajo, pues el cura se desempeñó como capellán de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, siempre de la mano de los Gaviria —uno de los clanes políticos de Antioquia—, quienes lo consideran un hermano más. El homenaje que le hizo Teleantioquia al recién suspendido sacerdote demuestra que el cura todavía está en el corazón del gobernador, Aníbal Gaviria.
En 2009, un adolescente que aspiraba a terminar su bachillerato en el Seminario Menor de Medellín, conoció a Yepes en la parroquia. El contacto se lo hizo su madre, quien trabajaba con el sacerdote. Como en los otros dos casos, hay ausencia de figura paterna, y Yepes se ganó la confianza de los menores y de la familia para entrar a ocupar esa figura. Y es precisamente desde esa doble posición, la de padre putativo y padre espiritual, desde la cual se dieron los abusos sexuales, según denuncian los tres hombres.
Publiqué la primera historia el 21 de marzo de 2018 en La W, mientras que emití las otras dos el 26 de septiembre en el mismo medio. A diferencia de la primera publicación, en las otras no hubo marchas, ni firmas, ni tutelas. La estrategia era no hacer bulla para no enterar a los seguidores sobre las nuevas denuncias. Antes de la publicación de septiembre, Yepes, con voz de crucificado, exclamó “¡Alerta de una trampa!” en un video que publicó en sus canales. Allí les contaba a sus fieles que se venía una nueva “persecución”. Identificó, además, al protagonista de la tercera historia, porque la Arquidiócesis ya lo había notificado de esa denuncia. Como en el primer caso, descalificó al denunciante sin desvirtuar la acusación. Sobre el protagonista de la segunda historia no dijo nada porque aún no sabía quién era.
Una coincidencia de los relatos es que Yepes siempre se mantenía rodeado de niños y adolescentes, con quienes tenía los mismos comportamientos que hoy denuncian estos hombres. La Arquidiócesis de Medellín no especificó cuántas denuncias tiene contra Yepes, pero podrían ser más de tres en sus 27 años como sacerdote.
Arquidiócesis de Medellín: una empresa del crimen organizado transnacional
David Hickton, exfiscal del Distrito Oeste de Pensilvania, Estados Unidos, es un católico practicante que sorprendió al mundo en 2016 con una teoría que puso contra las cuerdas a las casi doscientas diócesis de Estados Unidos.
¿Cómo lo hizo? Pidió que se investigara a la Iglesia bajo la Ley Rico, que se aplica para perseguir a la mafia y al crimen organizado. Para Hickton, la Iglesia católica cumple todos los requisitos de una estructura de crimen organizado transnacional, pues involucra a un Estado foráneo que tiene injerencia en suelo ajeno, en este caso el Vaticano, al que pensó imputar en su momento, pero no consiguió herramientas legales para un fallo.
Dice el exfiscal que la estructura de encubrimiento permite que un sacerdote sea castigado dentro de las leyes eclesiales, que facilitan que siga de parroquia en parroquia, de país en país o, en el caso de Estados Unidos, de estado en estado, cometiendo los mismos delitos sin que la autoridad civil tenga noticia de los abusos. En 2016, Hickton se presentó ante el juez con la intención de aplicar la Ley Rico, pero la Diócesis de Altoona‑Johnstown concilió con el gobierno federal y con las víctimas, con lo cual evitó la aplicación de esa ley. Dos años más tarde, Josh Shapiro, fiscal general estadounidense, aplicó la Ley Rico en seis diócesis de Pensilvania y encontró más de mil casos de niños abusados por trescientos sacerdotes en los últimos setenta años.
Solo con introducir las palabras Iglesia católica en una investigación especial, autorizada por una ley para perseguir y desmantelar estructuras mafiosas y de crimen organizado, los fiscales demostraron en un extenso reporte cómo el encubrimiento era sistemático y se daba desde las más altas esferas vaticanas hasta las autoridades locales. Los fiscales de Pensilvania y de quince estados más, así como los del FBI, aplican la Ley Rico para investigar algunas diócesis de Estados Unidos. Y lo hacen con base en la definición de crimen organizado transnacional establecida por el propio buró, que lo define como asociaciones que operan independientemente de la geografía y que buscan obtener poder, influencia y dinero. Sobre todo, dinero, que posibilita el encubrimiento y, en el fondo, permite que los abusos continúen. Si se conocen los abusos, disminuyen los feligreses y, por ende, bajan las contribuciones a la Iglesia. Sin dinero no se les puede pagar a las víctimas ni a los costosos abogados, que ya se han especializado en llevar los procesos de las diecinueve diócesis declaradas en bancarrota desde 2005.
La teoría del exfiscal Hickton es, entonces, perfectamente aplicable a la Arquidiócesis de Medellín. Veamos. Después de conocer algunos indicios sobre la red de curas pederastas y abusadores de menores que opera en Medellín, tuve la fortuna de conocer a las personas indicadas, fuentes protegidas, casi todos curas, para demostrar que el arzobispo de Medellín encubre y protege a estos sacerdotes. Además de Carlos Yepes —protegido desde la primera denuncia en 2011, y ahora suspendido no por el arzobispo, sino por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano—, monseñor Ricardo Tobón encubrió, entre otros, a Roberto Cadavid, quien salió en 2005 de Bello, protegido por el Ejército, por haber abusado de dos menores de edad, monaguillos de la parroquia y estudiantes del colegio. Abusados por dos autoridades, párroco y rector, encarnadas en la misma persona, Roberto Cadavid.
Como dicen las mamás, “la razón natural enseña” que ese sería el fin de Cadavid. No fue así. El entonces arzobispo de Medellín, Alberto Giraldo Jaramillo —que era tan o más encubridor que el actual arzobispo— decidió premiar al cura con una de las mejores parroquias de la arquidiócesis, que además tiene colegio. De nuevo, párroco y rector, tras haber abusado, al menos, de dos monaguillos y estudiantes. La parroquia Santa Ana y el colegio Pablo VI eran ahora el campo de acción de un depredador sexual que delinquió con la venia de sus superiores.
Ricardo Tobón fue nombrado arzobispo de Medellín en 2010, y como todo obispo que quiere conocer a sus curas, y además es curioso por defecto, revisó el archivo secreto, ese aparte de la curia donde reposan todas las trayectorias de los curas, desde el primer año de seminario, hasta las denuncias y quejas, que van desde pederastia hasta alcoholismo, drogadicción y todo tipo de relaciones amorosas, la mayoría de ellas homosexuales.
Es bueno hacer un paréntesis en este punto para recordarles, así lo nieguen o lo quieran ignorar, que más del 90 % de los curas del mundo son homosexuales. El periodista y sociólogo francés Frédéric Martel lo cuenta en su best seller Sodoma: los seminarios se convirtieron en el mejor escaparate para los jóvenes homosexuales que quieren evadir la incómoda pregunta de la mamá y la tía: “Mijo, ¿y la novia?”.
Aunque la orientación sexual de los seres humanos no debería ser un tema de discusión, para muchos sí es importante encasillarlos en la narrativa de la familia tradicional: mujer y hombre que se unen para procrear. Otros modelos de familia aún no encuentran asidero ni en los más conservadores ni en la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, en uno de sus sermones de la Semana Santa de 2020, monseñor Ricardo Tobón la emprendió contra las familias conformadas por parejas del mismo sexo. En palabras de Martel, haciendo referencia a la homofobia en la Iglesia, “el odio a los homosexuales, es decir, el odio a sí mismo, [consiste] en un acto masoquista desesperado”. Y es más masoquista y más desesperado cuando proviene de monseñor Tobón.
La orientación sexual no determina la bondad o la maldad de una persona. Es tan aceptable ser homosexual como ser heterosexual, bisexual, transexual, intersexual… Un sacerdote puede tener cualquier orientación y ser un gran sacerdote, o un buen sacerdote. También puede ser un criminal. La orientación sexual no define las decisiones que toman los seres humanos. Y la decisión de cualquier adulto de entablar una relación con otro adulto, sea del género que sea, no ha sido ni será de mi interés periodístico, muy a pesar de los cientos de “denuncias” que me llegan contra curas que llevan su doble vida, generalmente con otros hombres. Además de no ser un delito, creo que es saludable que todos los seres humanos —y lástima tener que aclarar que esto incluye a los curas— amen y sean amados.
En la Iglesia hay una misoginia que no solo se evidencia en el rechazo de la mera idea de que las mujeres sean sacerdotisas, sino en la severidad de los castigos para los curas que incurren en faltas o delitos.
Para una falta, como enamorarse de una mujer, salir con ella y hasta tener un hijo, la sanción es la expulsión inmediata. Si el cura es de buenas, no lo expulsan, pero lo tratan como a un delincuente hasta el final de sus días. Como toda regla tiene su excepción, hay otros a los que no les pasa nada. Hay un cura, una ‘vaca sagrada’ en Medellín que no solo tuvo mujer e hijo, sino que su hijo creció, entró al seminario y hoy es sacerdote, como su padre. Obviamente, con otros apellidos para despistar a los feligreses.
Las relaciones homosexuales se mimetizan más fácilmente y, en cambio, no son castigadas, como sí lo son las relaciones heterosexuales. Esta es otra de las contradicciones del doble discurso, pues, insisto, ninguna relación con otro adulto debería ser considerada una falta, pero allá la Iglesia católica y los que han decidido someterse a sus códigos.
Para una denuncia por un delito como pederastia exigen un debido proceso y un juicio justo. La mayoría de veces encubren, protegen y envían al abusador de parroquia en parroquia y de colegio en colegio. La falta no les quita dinero ni prestigio, el delito sí, y por eso lo tratan de forma diferente.
Ese fue el caso de Roberto Cadavid, para retomar la historia. Monseñor Ricardo Tobón, a pesar de revisar el archivo secreto y saber que Cadavid había sido denunciado por pederastia, y aún así había sido nombrado en otra parroquia con colegio, lo mantuvo en su posición hasta 2012, cuando recibió nuevas denuncias contra el párroco y rector y se vio obligado a suspenderlo. Era necesario, para todos los que encubrieron a Cadavid, sumar nuevas víctimas al prontuario del pederasta. Y esta vez no fueron dos, sino decenas de niños, monaguillos y estudiantes del colegio, las víctimas de un depredador sexual que actuó con la venia de sus superiores, los más altos dignatarios de la curia arquidiocesana de Medellín, todos curas, todos cómplices, todos tan criminales como Cadavid. No lo digo yo, lo dice el saliente arzobispo de Bogotá, cardenal Rubén Salazar, quien afirmó que “es tan criminal el que viola como el que encubre”. A los pocos meses de pronunciar esa frase se pudo demostrar que el cardenal había encubierto a un confeso cura pederasta y abusador de menores.
Para quedar bien y posar de buen pastor preocupado por la infancia, Tobón suspendió a Cadavid en febrero de 2012, pero en agosto del mismo año lo autorizó y lo recomendó para irse a trabajar a la Diócesis de Brooklyn, donde ejerció como sacerdote hasta 2017, cuando Tobón decidió confesarle a su homólogo neoyorquino, con un falso asombro, que Cadavid había sido suspendido y expulsado de la Iglesia por comprobadas acusaciones de pederastia y que estaba sorprendido al saber que todavía estaba en Brooklyn.
Cuando hablé con monseñor Tobón el 1.° de febrero de 2018 y le pregunté por el caso de Cadavid, sin ningún asomo de vergüenza me dijo mirándome a los ojos que no sabía que Cadavid estaba en los Estados Unidos. A las pocas semanas, Anthony DiMarzio, obispo de Brooklyn, me envió las cartas con las que Tobón recomendó y autorizó a Roberto Cadavid para ejercer su ministerio sacerdotal en esa diócesis. También me manifestó que presentaría una denuncia formal contra Tobón ante la Congregación para la Doctrina de la Fe.
A pesar de esta prueba reina, hay quienes insisten en la inocencia de Ricardo Tobón. Contextualizar el caso Cadavid es importante para entender cómo actúan el arzobispo de Medellín y las curias en general frente a las denuncias por pederastia. El actuar de Tobón ha sido el mismo desde que fue nombrado obispo de Sonsón‑Rionegro, en 2003. Uno de sus primeros actos fue defender a un cura pederasta que había abusado sexualmente de dos hermanitos en San Rafael, Antioquia. Sin escrúpulos, Tobón involucró en el juicio a su exjefe y protector, el entonces nuncio en Colombia, Beniamino Stella.
Ricardo Tobón fue secretario privado de Stella en la Nunciatura antes de ser obispo. El cardenal Stella es el prefecto para la Congregación para el Clero, uno de los poderosos e intocables del Vaticano, y sigue velando desde lejos por su discípulo, el terrateniente de Ituango. Aunque ha sabido aferrarse a su puesto, Tobón vio frustrado su sueño de ser el próximo arzobispo de Bogotá. Eso sí, como la Iglesia es más una institución política que religiosa, Tobón tiene chance de ser nombrado cardenal en el próximo consistorio y cumplir su otro sueño.
Lo que viene para el telepredicador antioqueño
Conocer al arzobispo de Medellín es clave para saber qué va a pasar con el proceso del suspendido Carlos Yepes: nada. Será absuelto y usará esa absolución como certificado de buena conducta y como prueba reina de una persecución inexistente de un periodista “resentido”. La Congregación para la Doctrina de la Fe, según me informó a regañadientes la Arquidiócesis de Medellín, les ordenó suspender e iniciar un proceso canónico penal contra Yepes.
Aclaro que a regañadientes porque la Arquidiócesis de Medellín fue obligada por la Corte Constitucional, con la Sentencia T 091-20, a entregarme la información que yo estaba solicitando sobre 36 curas, uno de ellos Carlos Yepes. Interpuse cuatro tutelas contra la Arquidiócesis para poder acceder a información. Las perdí todas. En la última pedí que me entregaran información sobre 95 curas, pues la cifra, de tutela en tutela, fue aumentando según llegaban más denuncias, obtenía nuevos indicios o simplemente cruzaba información en los directorios de la Arquidiócesis.
Valga la pena señalar que, en un acto que atenta contra la transparencia y el derecho para acceder a información, la Arquidiócesis de Medellín decidió tumbar el directorio de sacerdotes que tenía en su página web. Ojalá se trate de una actualización para decir que yo estaba equivocado. Ver para creer.
El 3 de marzo de 2020, la Corte Constitucional escogió la primera de las cuatro tutelas que interpuse contra la Arquidiócesis, es decir, en la que preguntaba por 36 curas, y luego de estudiarla falló a mi favor y revocó las sentencias de los jueces de primera y segunda instancia. Por negligencia de la jueza de primera instancia, Catalina Alzate Montoya, jueza Tercera Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, la Arquidiócesis se tomó más de 50 días para cumplir la sentencia. La jueza Alzate Montoya —que terminó siendo un gran hallazgo periodístico— y el derecho de petición que se convirtió en tutela y llegó a la Corte Constitucional serán temas de uno de mis próximos aportes a Vorágine.
La suspensión de Yepes se conoció varias semanas después. De no ser por la sentencia de la Corte Constitucional, el arzobispo de Medellín aún le estaría escondiendo esta información a los feligreses de la parroquia San Juan Bautista de La Salle y a la amplia audiencia digital del popular sacerdote. Como en todos los casos, remueven al cura de la parroquia silenciosamente y no les cuentan a las comunidades.
Pero ya se sabía. La noticia de la suspensión de Yepes no causó sorpresa en los curas de la Arquidiócesis. Casi todos sabían que le habían pedido la parroquia, y eso, entre los curas, es un código infalible. Aún así también callaron. Muchos se asustaron, y los entiendo, pues si el Vaticano suspendió a un cura que consideraban intocable, cualquiera puede caer en la cruzada del papa Francisco contra la pederastia y el abuso sexual. La mayoría de decisiones del papa así lo demuestran.
El proceso canónico penal que ahora enfrenta Carlos Yepes será una medición de fuerzas entre el ala más liberal y la más conservadora de la Iglesia. Una la lidera el papa Francisco, y hasta el momento no ha favorecido los intereses del sacerdote, hasta el punto de ordenar su suspensión y la apertura del proceso canónico. La otra está en cabeza del arzobispo de Medellín y jefe directo de Yepes, Ricardo Tobón, quien, recordemos, llamó a agradecerle al sacerdote la defensa que hizo de la Iglesia tras la publicación de la primera denuncia, y no lo suspendió ni le abrió proceso canónico, como debería haberlo hecho. Solo emitió un decreto el 6 de noviembre de 2018 en el que informó que le abrieron una investigación al cura: «Que la ley canónica ordena que “siempre que el ordinario tenga noticia, al menos verosímil de un delito debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua”».
El papa y el arzobispo tienen su pasado. Coincidieron en Aparecida, ciudad de Brasil, en 2007, en la V Conferencia de Obispos Latinoamericanos y del Caribe. Por desgracia, para Bergoglio y Tobón, fueron nombrados en la comisión de redacción del documento final, donde, cuentan varias fuentes, chocaron con fuerza dos visiones irreconciliables de la Iglesia: una progresista y la otra conservadora. La visión progresista de Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino, entonces arzobispo de Buenos Aires y quien salió muy bien posicionado del Cónclave que eligió a Benedicto XVI, tuvo más acogida que la visión conservadora del cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, encarnada en su discípulo Ricardo Antonio Tobón Restrepo, entonces obispo de Sonsón-Rionegro.
Fue una discusión desigual en todos los sentidos, sobre todo porque mientras Bergoglio hablaba de doctrinas o ideas propias, Tobón se limitaba a defender doctrinas o ideas de otros, en ese momento las de López Trujillo, quien murió un año después. Desde entonces, pero más en 2010, cuando llegó a ocupar la sede que hizo famoso y poderoso a su difunto jefe, la Arquidiócesis de Medellín, Tobón ha querido llenar ese nefasto espacio que dejó el no muy bien recordado cardenal López Trujillo. Hasta en la extravagancia quiso parecerse a él.
Una de las primeras decisiones que tomó Ricardo Tobón como arzobispo fue comprarse una casa de un millón de dólares en El Poblado. Obviamente no la pagó de su bolsillo, sino de una colecta que hizo con las parroquias de Medellín, en cuotas diferentes, dependiendo del estrato. El capricho del arzobispo se pagó con las monedas y billetes que depositan los feligreses en las canastas que pasan durante la misa. Y era capricho porque no tenía necesidad de mudarse del cómodo y hermoso Palacio Arzobispal donde vivieron los últimos arzobispos, en el histórico barrio Prado Centro, al lado de la casa del alcalde de Medellín, que usó para ese fin por última vez Sergio Fajardo.
Dirá Tobón, sin faltar a la verdad, que la casa queda para la Arquidiócesis. Y poco me interesa meterme a investigar los cientos de denuncias que me llegan por enriquecimiento de curas de todo el país. Curas que, a diferencia de Tobón (al menos en este caso), compran todo tipo de propiedades para su colección y de cuenta de los bolsillos de los feligreses. Y no lo hago porque es una empresa privada y considero que no es de mi resorte saber cómo consiguen o se roban la plata. Allá ellos. Las denuncias por pederastia y abuso sexual de menores, en cambio, sí son de todo interés periodístico, sea empresa privada o pública.
Traer a colación el no muy pequeño detalle de la compra de la casa en El Poblado sirve para comparar las dos visiones de Iglesia que se siguen enfrentando hoy con el caso Yepes. Mientras el arzobispo se compra una casa con todos los lujos en el barrio más adinerado de la ciudad, el papa prefiere mudarse de su Palacio Papal a un pequeño apartamento en la Casa Santa Marta y le cede su residencia de verano y fines de semana en Castel Gandolfo a su predecesor, Benedicto XVI.
El talante de Ricardo Tobón, ampliamente documentado en este texto, es entonces beneficioso para los intereses del suspendido Carlos Yepes. El proceso canónico penal que enfrentará estará a cargo de Tobón, su jefe inmediato y protector, y del vicario general, Óscar Álvarez Zea, párroco de la muy adinerada parroquia del Beato Padre Marianito, en El Poblado, quien en 2012 habría conciliado una millonaria suma de dinero con un adolescente para evitar ser denunciado por abuso sexual. Desde entonces no ha parado de ascender en su carrera, primero como canciller diocesano y ahora como vicario general.
Tobón y Álvarez serán los instructores del caso Yepes, el cual llegará al Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis, donde los jueces son sacerdotes nombrados por el arzobispo, y muy probablemente son amigos y cercanos a Carlos Yepes. En la Iglesia todos se conocen con todos. La movilidad de los curas de parroquia en parroquia, desde que están en el seminario, les permite que todos se relacionen con todos. Los secretos entre los curas no existen. Entre todos se protegen, porque si cae uno, caen otros, más en el caso Yepes. Todos los curas involucrados en llevar a cabo el proceso penal canónico contra Carlos Yepes entienden que su colega no puede caer, sencillamente porque es Yepes y porque así lo ha decidido el arzobispo. Y porque caerían otros. Y Yepes no se quedaría callado. En la primera aparición, luego de conocerse la suspensión, Yepes les hizo un llamado a otros sacerdotes suspendidos o expulsados de la Iglesia católica para que siguieran predicando el evangelio.
El futuro del ministerio sacerdotal de Carlos Yepes está, entonces, en manos de su jefe y protector, quien se ha rodeado de los curas más incompetentes de su clero para evitar ser cuestionado. Tal es el caso de su canciller, Germán Darío Duque Ochoa, un joven sacerdote que funge como notario de todos los actos criminales que cometen sus colegas sacerdotes, pues, junto al arzobispo, es quien firma los decretos de suspensión. Decretos a los que no tiene acceso la justicia ordinaria, a pesar de tratarse, en su mayoría, de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.
Yo entiendo que Ricardo Tobón pueda dormir, pues lleva firmando este tipo de decretos desde 2003, pero no entiendo cómo pueden dormir el canciller Duque Ochoa o los cancilleres de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. ¿Cómo pueden dormir después de firmar casi a diario confesiones criminales que quedan en la absoluta impunidad?
Responderá el joven canciller de Medellín que duerme muy bien en la casa cural de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el sector Estadio, de donde es párroco, una de las mejores parroquias de Medellín, con la que compraron su silencio. También es el rector del Seminario Juan Pablo II para vocaciones tardías. Es decir, Duque Ochoa, además de conocer y firmar declaraciones que claramente se pueden tipificar como delitos, es también formador de futuros sacerdotes.
Esto tiene sentido en la visión de iglesia que tiene Tobón, que va más dirigida a crear un cuerpo indisoluble que defienda los dogmas, tradiciones y principios de la institución. La configuración piramidal, patriarcal y misógina de la Iglesia hacen del encubrimiento y la protección a sacerdotes pederastas elementos esenciales en el ADN de ese cuerpo que defiende Tobón, cuerpo que viene reconfigurando Francisco, con algunos desaciertos, desde su elección como sucesor de Pedro.
Reconfigurar no implica modificar el ADN, cosa que ningún papa hará si no se reestructura la institución, y eso comienza obligatoriamente con la inclusión de las mujeres en los tres órdenes sacerdotales y de mando en la Iglesia: orden diaconal, orden presbiteral y orden episcopal. Siento decepcionar a las monjas que están leyendo este texto, pero ustedes son un cero a la izquierda en la configuración actual e histórica de la institución a la que tan devota y genuinamente sirven. El ADN de esa institución difícilmente cambiará si ustedes, o las mujeres en general —pues quiero incluir también a mujeres solteras, casadas y/o con hijos—, no tienen los mismos derechos y deberes que tienen los hombres dentro de esta institución.
Lo de las mujeres casadas y con hijos obviamente también aplica para los hombres y para los sacerdotes ya ordenados que decidan conformar una familia, cualquier tipo de familia. El celibato obligatorio y la histórica exclusión de las mujeres de la configuración de la Iglesia son los dos elementos que permiten que los abusos y el encubrimiento continúen. Subrayo obligatorio porque el celibato es una válida —y hermosa— opción de vida para muchas personas, incluyendo a miles de sacerdotes que son célibes y llevan una vida íntegra. Reconfigurar es mitigar el delito, sin modificar el ADN. Y eso ya es un avance, puesto que los dos anteriores papas decidieron mantener deliberadamente la configuración de su Iglesia, y eso implicó encubrir y proteger a miles de pederastas y abusadores de menores de todo el mundo.
Son entonces Tobón, Álvarez y Duque, arzobispo, vicario y canciller, y otro grupo de colegas, los que decidirán el futuro de su otro colega. Los mismos que ignoraron la primera denuncia durante siete años y decidieron proteger a Yepes al no suspenderlo, muy a pesar de las tres denuncias recibidas por ellos mismos.
Una condena o una absolución del derecho canónico no son, en definitiva, garantía del esclarecimiento total de unos hechos que, para comenzar y por tipificar graves delitos, deberían llegar primero a las manos de la justicia ordinaria. La prescripción de los delitos sexuales es, sin embargo, un obstáculo para llegar a ese fin. Por eso, las investigaciones y decisiones eclesiásticas, aunque no son garantía de justicia, alivianan las cargas de las víctimas que han guardado su tragedia durante décadas, siempre y cuando se hagan genuinamente y con transparencia. Eso implica escuchar la defensa de Yepes, pero sin entrar a absolverlo de buenas a primeras, como lo hicieron algunos colegas, como ciegamente lo hacen sus seguidores y como lo han hecho sus superiores, comenzando por el señor arzobispo.
Tomado de Vorágine
