La Paz, 27 de septiembre de 2022.- El Gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, sostuvo que el polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009 fue «archivado arbitrariamente» durante la Administración transitoria de Jeanine Áñez y evitó pronunciarse sobre el informe final de la CIDH referido a este proceso porque está «bajo reserva».
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que aseguró que el proceso penal por los delitos de «separatismo y terrorismo» en Bolivia por sucesos ocurridos en 2009 «fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez».
«Dichas acciones son objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncia presentada por los entonces acusados del caso», indica la nota.
Con respecto al informe de la CIDH que se conoció recientemente por publicaciones de prensa, el ministerio indicó que «el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad».
«Por lo que el Gobierno Nacional, respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva», concluyó.
El citado informe responde a una petición formulada en septiembre de 2009 por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros muertos en el operativo policial de abril de ese año en la región oriental de Santa Cruz que dio lugar al llamado «caso terrorismo».
La comisión concluyó que «el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial» en perjuicio «de las víctimas identificadas» en el documento.
La petición, admitida en 2018, alegaba la «responsabilidad internacional» del Estado boliviano por la «ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas», es decir, Dwyer y también el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, sobrevivientes de la operación policial, y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza.
El organismo recomendó al Estado otorgar reparaciones a las víctimas e iniciar una «investigación penal» para aclarar los hechos «en forma completa», identificar responsabilidades «e imponer las sanciones que correspondan», entre otros.
POLÉMICO CASO
El «caso terrorismo» estalló el 16 de abril de 2009, con una operación policial en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos, incluido Dwyer, y la detención de Tadic y Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra el entonces presidente, Evo Morales.
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.
Como ya habían cumplido su condena estando en detención preventiva, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Los procesados siempre denunciaron que el caso respondía a motivos políticos para acallar a opositores cruceños que pudieran enfrentarse a Morales, e incluso varias versiones durante la investigación pusieron en duda que el tiroteo en el hotel fuera una acción antiterrorista.
El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, luego de que el Gobierno transitorio de Áñez y la Fiscalía de Bolivia retirasen sus acusaciones.
El expresidente Morales consideró que se busca «direccionar» en su contra el «caso terrorismo» dentro de un supuesto «plan negro» que asegura que algunos funcionarios de su propio partido tienen en marcha.
Mientras que quienes fueron procesados en Bolivia por el «caso terrorismo» esperan que ahora se investigue y enjuicie a las exautoridades y exfuncionarios judiciales que impulsaron el proceso.
EFE
