Londres, 26 noviembre.- La decisión del Gobierno británico de recortar la ayuda al desarrollo del 0,7 % al 0,5 % del PIB por la pandemia se enfrenta a una tormenta política, con dimisiones en el propio Ejecutivo y críticas desde todos los flancos, al atentar contra uno de los estandartes de la diplomacia del Reino Unido.
Para un país que digiere lentamente la pérdida de estatus, la ayuda al desarrollo es mucho más que una anécdota o solo un epígrafe más en el Presupuesto: representa la vigencia de su «soft power» («poder blando») , la capacidad de influir en el concierto global a través de la cooperación más allá de su verdadero poderío político y económico.
Fijada por ley en el 0,7 % desde 2015 por el Gobierno conservador de David Cameron, esta partida se mantenía estable en ese porcentaje, pero el ministro de Economía, Rishi Sunak, anunció el miércoles en el Parlamento que pasará a ser del 0,5 % a causa del incremento en el gasto público generado por la pandemia.
«Estamos ante la peor contracción económica en 300 años», recordó hoy en la Cámara de los Comunes el ministro de Asuntos Exteriores y de Desarrollo, Dominic Raab.
El Gobierno se ha lanzado a una operación de control de daños, consciente de los riesgos que implica esta decisión a la hora de presentarse ante la comunidad internacional como paladines de la cooperación internacional.
Ya después del anuncio, la responsable de Desarrollo Sostenible en el Gobierno, la subsecretaria de Estado Liz Sugg, presentó su dimisión y tachó la decisión de «fundamentalmente errónea».
MEDIDA TEMPORAL
La realidad es que, incluso tras el tijeretazo, el Reino Unido seguirá siendo el segundo país del G7 que más porcentaje de su riqueza nacional destina al desarrollo.
El Ministerio de Exteriores reconoce que se trata de una «elección difícil y necesaria», y que el objetivo ahora será utilizar los fondos de manera «más inteligente».
«Es una medida temporal, volveremos al 0,7 % en cuanto la situación fiscal lo permita», subrayó Raab en una comparecencia ante los diputados en la que debió de hacer frente a las críticas de la oposición pero también al «fuego amigo» desde las mismas filas «tories».
No en vano, los ex primeros ministros conservadores David Cameron y John Major se contaron entre los primeros en salir a rechazar esta decisión y pedir al actual jefe del Gobierno, Boris Johnson, que la reconsidere.
Raab insistió en que el Reino Unido no es el único país que está revisando sus prioridades de gasto público, debido al golpe económico que ha supuesto la covid-19 para todo el mundo, pero que pese a todo los alrededor de 10.000 millones de libras (13.300 millones de euros) que se destinarán el año que viene permitirán «mantener la posición de líder contra la pobreza mundial».
La oposición laborista no ahorró adjetivos para cargar contra el recorte. A juicio de su portavoz de Desarrollo Internacional, Preet Kaur Gill, el país se enfrenta a su «mayor retirada de la escena global en décadas».
«Nuestros aliados tradicionales tomarán buena nota de esta decisión», le espetó Kaur Gill a Raab, quien para justificar el tajo se agarró a una cláusula de la ley de 2015 que dice que «en el contexto de dificultades económicas» el objetivo del 0,7 % puede incumplirse.
COLOMBIA Y BRASIL, RECEPTORES AMERICANOS
En 2019, el 32,5 % de los fondos de ayuda al desarrollo se canalizaron a través de organizaciones multilaterales. Del resto de recursos, el 57,6 % se invirtió directamente en países y regiones concretas, mientras que el 42,4 % se dedicó a proyectos no vinculados a una región específica.
La mayor parte de la cooperación británica va dirigida a África y Asia. Entre los países latinoamericanos, el primer receptor de ayuda bilateral fue en 2019 Colombia, con casi 50 millones de libras (67 millones de dólares), el 20 % de lo que se destinó al continente.
Después se ubicaron Brasil con 34 millones de libras (45 millones de dólares), el 15 % del total para América; el territorio británico de ultramar de Montserrat, con 25 millones (33 millones de dólares), el 10,2 %; y México, con 24 millones (32 millones de dólares), el 10 %.
La noticia del recorte de fondos indignó asimismo a las principales organizaciones no gubernamentales (ONG) muchas de las cuales tienen su cuartel general en suelo británico.
Para Oxfam, «quitar el salvavidas británico a las comunidades más pobres del mundo durante una pandemia llevará a decenas de muertes evitables», según dijo en Twitter al lanzar una campaña de presión en redes sociales para tratar de revertir la decisión.
Mientras, la directora en el Reino Unido de Amnistía Internacional, Kate Allen, consideró «un mal presagio» la medida y señaló que «semejante recorte requiere una reflexión apropiada sobre sus implicaciones en los derechos humanos», algo que, temen, «se ha hecho sin consultarlo con quienes se verán afectados».
Enrique Rubio
