Bogotá, 15 abril de 2021.- El Gobierno colombiano presenta este jueves al Congreso un controvertido proyecto de reforma fiscal que incluye el gravamen del IVA para los servicios públicos de los estratos más altos, amplía la base tributaria, crea un fondo para hacer frente al cambio climático y un impuesto para plásticos de un solo uso.
La iniciativa, que tendrá un impacto negativo principalmente en la clase media, ya golpeada por la crisis de la covid-19, busca ampliar la base tributaria mediante el cobro del impuesto a la renta a partir del año gravable de 2022 a quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares de hoy).
Para 2023 se prevé extenderla a aquellos que perciben por encima de 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).
Igualmente contempla el cobro del IVA, que es del 19 %, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario, para los más pudientes.
Esos servicios actualmente están exentos del IVA para todos los colombianos y la «Ley de Solidaridad Sostenible», como llama el Gobierno a la reforma, prevé que en adelante lo paguen los usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6, los más altos de la escala, como parte de la «equidad en la redistribución de cargas tributarias».
PENSIONES Y AHORRO PARA VIVIENDA EN LA MIRA
En caso de que el Congreso apruebe el proyecto de ley tal como lo presenta el Gobierno, también perderían la exención tributaria de que gozan actualmente las pensiones voluntarias y los recursos guardados en las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), utilizadas para compra de vivienda.
Con este proyecto, el Gobierno del presidente Iván Duque espera recaudar 25 billones de pesos (unos 6.850 millones de dólares) que serán destinados a mejorar las finanzas públicas y a financiar los programas de asistencia social, cuya demanda ha crecido por la pandemia de coronavirus.
«La presente ley tiene por objeto optimizar la política fiscal para consolidar una infraestructura de equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, que contribuya a fortalecer la política de erradicación de la pobreza», señala el proyecto que será presentado al Congreso por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, filtrado hoy por la prensa.
INVERSIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES
Con ese fin se crea el Programa Ingreso Solidario, que tendrá carácter de renta básica permanente mediante una transferencia monetaria para los hogares más vulnerables, cuyos montos serán definidos según el número de miembros de cada núcleo familiar.
Este subsidio será de un máximo de 252.142 pesos mensuales (unos 70 dólares) para familias en situación de pobreza y de 366.101 pesos (unos 102 dólares) para los que están en pobreza extrema, según la propuesta del Gobierno.
El proyecto contiene además un artículo de promoción del acceso al empleo con beneficios fiscales para los empleadores que contraten a jóvenes menores de 28 años, personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, discapacitados y mujeres mayores de 40 años «que durante los últimos doce meses hayan estado sin contrato de trabajo».
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y A INGRESOS ALTOS
Otra medida prevista es el «impuesto temporal y solidario a la riqueza» durante los años 2022 y 2023 para quienes al próximo 1 de enero tengan un patrimonio líquido superior a 4.865 millones de pesos (unos 1,35 millones de dólares), por el cual tendrán que pagar el 1 %, tarifa que se elevará al 2% si el patrimonio sobrepasa los 14.595 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).
Además de los ricos, a los trabajadores del sector público o privado que ganen más de 10 millones de pesos mensuales (unos 2.765 dólares) se les cobrará durante el segundo semestre de este año el «impuesto temporal y solidario a los ingresos altos», que será equivalente al 10 % de la base gravable, además del impuesto de renta.
El proyecto de ley incluye las habituales sobretasas a la gasolina y el diésel, modifica el impuesto al carbono -que se cobra por el uso de combustibles fósiles- y, para reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático y la contaminación, crea el Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Fonclima).
El dinero obtenido en adelante con el impuesto al carbono irá a la cuenta del Fonclima, que recibirá recursos del presupuesto nacional y de la cooperación internacional, entre otras fuentes.
En la parte ambiental, la reforma crea un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, cuyos recursos también irán a la cuenta del Fonclima.
La reforma del Gobierno ha recibido una avalancha de críticas de distintos sectores políticos y sociales que seguramente se hará sentir en el Congreso cuando comience los debates y contra la cual sindicatos y otros movimientos ya convocaron una protesta nacional para el próximo 28 de abril.
