Chocó, Colombia, 8 febrero de 2022.- Enero del año 2022 trajo consigo el deterioro de la situación de derechos humanos en Colombia. Arauca, Buenaventura y Chocó, son solo algunos de los lugares en que la crisis de las comunidades aumenta por la constantes disputa entre grupos armados y sus acciones contra la población.
Cada vez que se menciona al Chocó se recuerda la historia de la violencia que ha vivido este territorio. Los hechos que atentan contra la vida e integridad se siguen repitiendo por la indolencia de la sociedad colombiana y el abandono Estatal.
Mapa Asuntos Humanitarios ONU
En Istmina y Medio San Juan del Chocó, desde el 12 de enero de 2022 las comunidades de Paimadó, Calle Fuerte, Chaquí, Dipurdú (Medio San Juan) y Negría (Istmina) se encuentran en medio de la violencia armada por cuenta de la disputa territorial entre el grupo paramafioso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en contienda por el dominio territorial.
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Estos grupos armados al margen de la ley continúan reaccionando con violencia contra la población civil. Realizan incursiones armadas, secuestros, torturas, homicidios selectivos, amenazas en contra líderes sociales, reclutan y utilizan a menores, siembran minas antipersonal (MAP), y además sus múltiples enfrentamientos dejaron en el mes de enero el desplazamiento masivo de aproximadamente 871 personas (353 familias) y el confinamiento de 1.230 personas (550 familias). El 37% de las víctimas son niños y niñas (Cifras Asuntos Humanitarios ONU). Entre los intereses en disputa están las rutas fluviales, las rentas por minería ilegal y el tráfico de estupefacientes.
Cifras de Confinamiento. Asuntos Humanitarios ONU.
El 15 de enero la situación de más de 1.230 personas (550 familias) se agudizó por el confinamiento generado tras el ingreso violento de las AGC a la comunidad de Dipurdú. En esta incursión paramilitar atacaron con ráfagas de fusil a la población, masacran a 3 personas y asesinaron Valeria Murillo, una niña de tan solo 11 años que tenía el gran sueño de ser profesora de danza.
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Las restricciones a la movilidad no se han hecho esperar, primero por el uso de las armas y segundo, con la siembra indiscriminada de minas antipersonal en la que queda en medio la sociedad que habita cada territorio.
Algunas familias lograron desplazarse hacia sitios cercanos. Según cifras de Asuntos Humanitarios de ONU hasta el 20 de enero más de 244 personas (109 familias) habrían salido en condición de desplazados forzados y se espera que estos datos se incrementen con el pasar de los días.
De nada han servido las alertas de la defensoría del pueblo AT_034_19, AT_020_21 y AT_024_21, AT_031_19, AT_027_21 y AT_029_21 sobre las condiciones permanentes de riesgo que padecen estas comunidades.
Pero no solo han sido estos los hechos. El pasado 10 de enero las AGC también incursionaron en la comunidad de Paimadó, realizaron disparos al aire, atacaron con ráfagas de fusil las viviendas de la población, amenazaron a los habitantes de la comunidad y a sus líderes y lideresas sociales.
Como si fuera poco esta situación que atenta contra los derechos humanos, secuestraron, torturaron y luego asesinaron a un habitante de esta comunidad.
Esta situación también llevó a que las comunidades de Calle Fuerte y Chaquí conformadas por cerca de 367 personas (176 familias) se desplazaran hacia el Istmina.
El 2021 también fue un año trágico para estas comunidades. Según Asuntos Humanitarios ONU, entre agosto del 2021 y enero del 2022, se registraron por lo menos seis desplazamientos masivos y cuatro confinamientos de comunidades en los municipios de Istmina y Medio San Juan. Este panorama, también evidencia que la comunidad de Dipurdú ha sido desplazada y confinada en más de una ocasión. Tan solo el 2021, la región del San Juan reportó un desplazamiento forzado de 22.774 personas.
Es inaudito de que el departamento del Chocó tenga más de 30 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y las comunidades sigan padeciendo de los factores de violencia, la difícil situación de esta zona parece avanzar con la total omisión del Establecimiento hacia Nóvita, el Litoral del San Juan, Sipí y San José del Palmar.
El 14 de diciembre de 2021 la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 029-21 por el “…riesgo extremo de confinamiento, amenazas e infracciones al DIH al que se encuentra expuesta la población civil que reside en el corregimiento La Italia y la cabecera municipal de San José del Palmar – Chocó, por parte de los grupos armados ilegales (GAI), Frente de Guerra Occidental “Omar Gómez” del ELN a través del Frente Ernesto Che Guevara y las AGC – Frente San Juan”.
Foto archivo, Análisis Urbano. 
AGC en El Chocó, imagen tomada del video del Pacifista.
Entre las recomendaciones de la AT al Gobierno Nacional y sus instituciones están mitigar y disuadir los riesgos con la presencia interinstitucional con la presencia de la fuerza pública, planes de contingencia para la atención de la crisis, protección de las comunidades y sus liderazgos, elaborar estrategias de prevención, entre otros.
Lo que sabemos desde el Portal de Noticias Análisis Urbano es que no se han cumplido las recomendaciones de las Alertas Tempranas, tanto así, que estas comunidades pareciera que están condenadas a vivir revictimizadas por los armados y la omisión gubernamental.
