Quito, 21 de noviembre de 2022 – El Gobierno de Ecuador manifestó este lunes su rechazo a un informe no vinculante de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, que atribuyó una responsabilidad política al presidente Guillermo Lasso en el asesinato la abogada María Belén Bernal, cuya muerta se investiga como feminicidio.
En una carta remitida al presidente la Asamblea, Virgilio Saquicela, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, lamentó que «de forma temeraria se intente endosar al presidente una supuesta -e inexistente- responsabilidad política por causa de un execrable delito, como el cometido contra la vida de María Belén Bernal».
Jiménez señaló que «permanecer callado cohonestaría un nuevo pretexto para romper el orden democrático», y anticipó que «este Gobierno democráticamente electo defenderá su honor ante todos los foros en los que le corresponda hacerlo».
«El enfoque de todos quienes hacemos política debe estar en las víctimas de la violencia, y nunca en el oportunismo demostrado por quienes secundaron aquella votación en la Asamblea Nacional», agregó.
El informe fue aprobado por el pleno de la Asamblea el pasado jueves, tras la presentación de su contenido, realizada por la asambleísta Ana Herrera, militante del movimiento Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Herrera insistió en su ponencia que existe responsabilidad política desde el propio presidente de la República hasta Lasso; los secretarios de Seguridad Pública y de Derechos Humanos; el exministro del Interior Patricio Carrillo y el comandante general de Policía, Fausto Salinas.
La asambleísta explicó que la responsabilidad se configura por las omisiones en el cumplimiento del deber que correspondía a las autoridades de la Policía Nacional, de acuerdo a un comunicado difundido el jueves por la Asamblea Nacional.
El asesinato de María Belén Bernal se ha vuelto uno de los emblemas de la violencia contra las mujeres en Ecuador, al presuntamente ser asesinada por su esposo dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, de Quito.
La abogada fue a visitar a su pareja en la madrugada del 11 de septiembre al recinto policial y permaneció desaparecida durante 10 días hasta que finalmente su cuerpo fue hallado cerca de un cerro cercano con signos de estrangulamiento, según las conclusiones de la autopsia reportadas por la Policía.
Germán Cáceres, el principal sospechoso del crimen, se encuentra prófugo de la Justicia pocos días después de la desaparición de Bernal al pasar a paradero desconocido tras brindar una primera declaración a la Fiscalía en la que quedó libre sin cargos.
Contra Cáceres, un policía que ejercía de instructor en la escuela de oficiales, hay una orden internacional de captura al sospecharse que se fugó del país.
EFE
