Lima, 14 de mayo de 2025.- El Gobierno de Perú oficializó la dimisión del gabinete de ministros en pleno, tras la renuncia que presentó el martes el primer ministro, Gustavo Adrianzén, un día antes de que el Congreso debatiera y votara hasta cuatro mociones de censura presentadas en su contra.
La salida de los ministros, a los que la ley obliga a dejar el cargo cuando renuncia un primer ministro, fue oficializada mediante sendas resoluciones individuales publicadas este miércoles por la Presidencia del Consejo de Ministros en el diario oficial El Peruano.
En el caso de Adrianzén se señaló que, vista su «renuncia irrevocable» al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, se le da «las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación».
La misma fórmula se aplicó en las demás resoluciones, que fueron suscritas por la presidenta peruana, Dina Boluarte, y por Adrianzén, quien debe seguir despachando hasta ser sustituido en el cargo, muy probablemente en las próximas horas.
El primer ministro renunció antes de tener que someterse al debate de las mociones de censura presentadas por diversas bancadas por su presunta «incapacidad» para enfrentar la lucha contra la ola de criminalidad que afronta el país.
Adrianzén aseguró que decidió dejar el cargo «pensando en los altos intereses de la patria» y que durante sus casi quince meses en el Ejecutivo tuvo tantos logros que son «imposibles de enumerar», a pesar de que una encuesta publicada el pasado fin de semana señaló que la presidenta tiene una aprobación casi del 0 %.
Además, el saliente primer ministro sostuvo que gobernó el país «en sus horas más difíciles», pese a que llegó al cargo cuando ya había terminado la ola de protestas que tuvo que gestionar su predecesor, Alberto Otárola, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Boluarte debe ahora nombrar a un nuevo primer ministro, que será el cuarto en sus dos años y medio al frente de Perú, que planteará la conformación de un nuevo gabinete, en el que pueden estar algunos de los ministros salientes, y luego acudirá al Congreso para solicitar un voto de confianza en un plazo máximo de 30 días.
EFE