La Haya, 13 enero.- El Gobierno neerlandés se debate entre la vida y la muerte por un escándalo de discriminación racial en las aprobación de ayudas a 26.000 padres para el cuidado de sus hijos. A dos meses de las elecciones generales y en plena pandemia, el Ejecutivo del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, decidirá el día 15 si dimite para asumir responsabilidades.
Es el mayor escándalo político y administrativo de Países Bajos, según los comentaristas. Decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de falsas acusaciones de fraude de la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos y fueron obligados a devolver a Hacienda cantidades ingentes de dinero, a veces de hasta 100.000 euros, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa, su trabajo o a endeudarse por ello.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales empezaron a enviar misivas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y les acusaron de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Las acusaciones se hicieron al parecer sin fundamento alguno, y la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que principalmente familias con origen extranjero habían sido objetivo de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.
La práctica continuó durante años, incluso hasta estos días. Diferentes investigadores –también periodistas y diputados a los que la propia Agencia Tributaria trató de obstaculizar la búsqueda de pesquisas- lo ven como un caso claro de “sesgo institucional”.
LA ABOGADA QUE ABRIÓ EL MELÓN
La letrada Eva González Pérez, de origen español, fue quien dio la voz de alarma en 2014, años antes de que el caso estallara en la prensa nacional. Su marido dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven que se vio directamente afectada por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagan con las ayudas estatales su asistencia.
“Todas las familias tienen orígenes migratorios. Esto es un problema moral por muchas cuestiones. Si alguien del Estado te manda una carta diciendo que no tienes derecho a una cosa, te tienen que explicar por qué, y si tu puedes demostrar que sí tienes derecho, no te puede quitar esa ayuda. Pero ellos decidieron bloquear todas las subvenciones, dejando tiradas a las familias, incluso durante la apelación”, explica a Efe.
Como abogada social, decidió ayudar al primer grupo de padres, que recurrieron a ella desesperados porque, por más que enviaban documentos de respaldo de sus gastos y justificaban su necesidad de recibir esta subvención, las autoridades fiscales mantenían bloqueada la asignación, a veces manteniéndolos en espera durante años, y en otras les pedían devolver lo recibido en plazos de tiempo insostenibles.
Se encontró con un muro infranqueable al enfrentarse a Hacienda. El rechazo de las autoridades fiscales a dar explicaciones y a resolver los casos hizo que recurriera a tribunales, políticos, periodistas, la Agencia de Protección de Datos y los defensores del Niño y el del Pueblo, que publicaron informes críticos con la administración y el gobierno.
El caso estalló públicamente en septiembre de 2018, llevándose por delante al secretario de Estado de Hacienda, Menno Snel, entre acusaciones de discriminación racial.
DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL
González lamenta que “en veinte años de carrera, nunca había visto algo así, ni había ido contra Hacienda” porque su especialidad era el derecho laboral y de la seguridad social. Ni siquiera empezó su caso alegando discriminación racial, sino errores de procedimiento que dejaron “a toda esa gente sin poder pagar sus facturas” y el juez le dio la razón a decenas de victimas que ahora, mezclándose con otros casos, suman ya 26.000 personas.
Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido. Aunque el gobierno neerlandés decidió compensar su sufrimiento con 30.000 euros y prometió buscar soluciones a los padres que lo han perdido todo, varias familias han decidido denunciar ante el Tribunal Supremo a cinco miembros del Ejecutivo.
Un comité establecido para investigar lo ocurrido concluyó que hubo un “trato institucionalmente sesgado” por Hacienda, que gestionó las prestaciones como un “proceso masivo”, haciendo que los padres no recibieran la protección necesaria “violando así los principios fundamentales del Estado de derecho”, y la Agencia de Protección de Datos elevó el método de trabajo de Hacienda a “ilegal, discriminatorio e inadecuado”.
Mark Rutte decidirá el día 15, en el Consejo de Ministros, los pasos políticos por el daño causado. Lo único que frena su dimisión es el descontrol de contagios de coronavirus, pero los líderes de los cuatro partidos de la coalición están de acuerdo en que las dimensiones del escándalo hacen que este no se pueda acallar sacrificando sólo a algún ministro.
El próximo marzo son las elecciones legislativas en Países Bajos, en las que Rutte quiere buscar la reelección para su cuarta legislatura, pero no descarta que las consecuencias políticas de la injusticia de los subsidios tiren sus planes por la borda, haciendo que su gabinete siga de forma interina hasta los comicios.
Imane Rachidi
