Bangkok, 12 may. – El autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG) de Birmania (Myanmar), conformado por políticos electos y activistas contrarios al golpe de Estado, reclama a los soldados que deserten del Ejército que reprime con brutalidad a la población.
«Es el momento para responder, si estás en el lado del pueblo birmano o dispuesto a enfrentarte al sistema de justicia criminal internacional por abusar y violar continuamente los derechos humanos», apunta en un comunicado emitido anoche el Ministerio de Derechos Humanos.
El gobierno alternativo birmano, que ha creado recientemente su propia milicia de defensa civil, invita a policías y soldados del Ejército, Marina y Fuerzas Aéreas a unirse a la resistencia que se manifiesta cada día desde hace más de tres meses contra la sublevación militar.
La repulsa hacia la junta castrense ha impulsado un movimiento de desobediencia civil que a través de huelgas ha conseguido parar hospitales, cerrar bancos y paralizar la Administración pública y otros sectores.
Como respuesta, las fuerzas de seguridad han disparado en múltiples ocasiones a matar contra los civiles pacíficos que se manifiestan contra el golpe, una brutal represión que ya ha dejado al menos 783 muertos, según las cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania.
El NUG denuncia en el comunicado las numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de la junta militar, que tomó el poder el 1 de febrero y terminó de súbito con la incipiente democracia en el país.
«Los militares continúan cometiendo a diario violaciones contra los derechos humanos e ignoran, 100 días después, las demandas del pueblo birmano de restablecer la democracia», indica el texto.
«Desde el golpe, el Ejercito solo ha mostrado su falta de respecto a los derechos de las personas y sigue con su brutal represión, con asesinatos y torturas a civiles inocentes», señalan al detallar algunos de los más violentos delitos perpetrados por los militares.
AAPP también ha documentado casi 5.000 detenciones arbitrarias, incluida a la derrocada líder Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde el primer día del levantamiento militar.
El gobierno alternativo, fundado a mediados de abril por parlamentarios electos en las elecciones de noviembre de 2020 cuyos resultados fueron anulados tras la sublevación militar, reclama el cese inmediato de todas las violaciones de derechos y advierte que los responsables serán llevados ante los tribunales.
El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
EFE
