Puerto Príncipe, 7 de julio de 2022.- El Gobierno de Haití reconoce «lentitud» en la investigación del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, sin apenas avances un año después del asesinato, pero el ministro de Justicia, Berto Dorcé, no cree que se pueda hablar de negligencia.
En una entrevista con Efe con motivo del aniversario de la muerte del mandatario a manos de un comando que asaltó su residencia privada en la madrugada del 7 de julio de 2021, Dorcé evaluó la gestión del expediente, que a estas alturas no permite concluir quién mató a Moïse.
CINCO JUECES
La investigación ha pasado de mano en mano desde el principio. El magistrado Walter Voltaire es quien lo instruye actualmente, después de que le hayan precedido cuatro jueces que, o bien han abandonado o han sido apartados de la instrucción, que implica a más de 40 detenidos, muchos de ellos exmilitares colombianos integrantes del comando de asalto, así como a varios prófugos.
El Ejecutivo, explicó el ministro, puede satisfacer las necesidades materiales del magistrado que lleva a cabo las audiencias de la causa «pero no puede interferir en el caso», tal y como establece la separación de poderes.
El juez «tiene todo lo que necesita para hacer su trabajo», afirmó Dorcé. «Le damos material, garantizamos su seguridad porque está gestionando un caso sensible. Le damos medios económicos para que no se sienta abandonado (…) Así que es imposible que el Ejecutivo sea responsable en términos de negligencia», destacó.
«Hablaré de lentitud» en la investigación pero no se trata, en absoluto, de un expediente archivado en los cajones, dijo el funcionario, negando así las críticas de quienes afirman que el Gobierno no hace nada para avanzar en las pesquisas.
El Ejecutivo «tiene obligación de controlar» pero «no tenemos derecho a interferir», de modo que se hace seguimiento del proceso «para asegurarnos de que el juez avanza» porque «hacer justicia al presidente» es el deseo de todos los haitianos.
Según Dorcé, la causa no está estancada, tal y como demuestra el hecho de que «nada menos que 33 policías fueron destituidos» del cuerpo la semana pasada «y otros tres fueron suspendidos por su presunta implicación en el caso», tras unas investigaciones de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), dijo.
AYUDA DE LA ONU
La complejidad del crimen, sumada a las circunstancias adversas que vive Haití, llevaron al primer ministro, Ariel Henry, a solicitar ayuda en la resolución del caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), dos meses y medio después del asesinato.
Más recientemente, fue la familia de Moïse la que envió una comunicación al relator especial de la ONU para ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, en la que apuntaba, con pruebas y detalles, «la voluntad de ciertas personas, instituciones y gobiernos de impedir el buen funcionamiento de la Justicia» en esta causa.
En este sentido, Dorcé afirmó que es prerrogativa de la familia pedir ayuda externa y dar su opinión, nada se lo impide, pero Haití es un Estado independiente y no es posible que terceros se inmiscuyan en su sistema judicial.
Por otro lado, «si hay deficiencias, pues trabajamos junto con la comunidad internacional como ellos trabajan con nosotros en áreas específicas», apuntó el ministro, que insistió en que hacer justicia para el presidente Moïse sería el orgullo de todos los haitianos.
Tampoco descartó que, en el marco técnico, el juez se vea en la necesidad de llamar a un experto que colabore en la investigación, «pero no seré yo, como ministro de Justicia, quien le diga lo que tiene que hacer. Dada la complejidad del caso, no descarto la asistencia judicial mutua».
Es la primera vez que se produce un crimen tan atroz en nuestra generación, dijo, «matar a un presidente, sacarle los ojos y hacerle sufrir todo el martirio» son hechos que llevan al ministro cuestionarse si el país cuenta con «los medios para estudiar la escena del crimen».
«Para encontrar pistas, no nos importaría la asistencia judicial. Porque en nuestro sistema, siempre tenemos formadores extranjeros que participan en los seminarios con nosotros», para esclarecer quienes son realmente los asesinos del presidente Moïse.
EL CRECIENTE PODER DE LAS BANADAS ARMADAS
Este primer aniversario del magnicidio llega en un contexto de gran deterioro de la situación sociopolítica y económica que juega en contra de las autoridades, impotentes ante el creciente poder de los grupos armados, principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe.
«Lo peor de la situación es la cuestión de la seguridad», admitió el ministro, consciente del vertiginoso crecimiento de los secuestros que financian la guerra de las bandas en su lucha por el control del territorio, masacrando a la población civil, robando y violando incluso a niños.
Milo Milfort
EFE
