Franklin Castañeda es un defensor de Derechos Humanos que ha trabajado por los derechos de presos políticos, de víctimas de tortura, desplazamiento y desaparición forzada. Preside el comité Solidaridad Con Presos Políticos (CSPP) y es portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Fue amenazado en múltiples ocasiones por su labor, y hasta lo intentaron desparecer en una oportunidad. Tuvo que salir de su ciudad, Barranquilla, hacia Bogotá, para protegerse. Desde allí ha seguido su trabajo en defensa de los Derechos Humanos, e incluso participó en el Proceso de Paz del Estado colombiano con las Farc.

A raíz de esta participación, Franklin fue designado como delegado nacional de las plataformas de Derechos Humanos en la Comisión de Garantías de Seguridad, plataforma creada tras dicho Proceso.

Análisis Urbano conversó con él sobre la situación de seguridad para los defensores de Derechos Humanos en el país, en el marco de la Mesa de Garantías que se celebra en este momento en Popayán.

Análisis Urbano: ¿En qué consiste la Mesa de Garantías que se celebra en Popayán?

Franklin Castañeda: Hace diez años, estando Álvaro Uribe en el poder, y debido al asesinato reiterado de defensores y defensoras de Derechos Humanos, se creó un espacio en el que participa la sociedad civil, instituciones del Estado y comunidad internacional.
A este espacio se le llamó Mesa de Garantías, y tiene por objetivo discutir las políticas públicas de garantías para proteger y garantizar la vida y la libertad y el ejercicio de la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
Desde entonces hasta ahora esta Mesa le ha hecho varios aportes al país. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección surgió de un acuerdo entre los defensores de Derechos Humanos y el Estado colombiano en la Mesa de Garantías. A partir de ahí se han venido trabajando ciertas cosas que sin duda han ayudado a que la situación mejore. Sin embargo, una vez se posesionó el presidente Duque esta Mesa no había sido instalada.
Han sido varios los intentos del movimiento de Derechos Humanos porque ese espacio se respete y para que en él se pueda discutir lo relativo a la protección y a las garantías de los defensores y defensoras.
Solo hasta ahora, casi 10 meses después de haberse posesionado el presidente Duque, logramos que en Popayán se dé una reinstalación de la Mesa Nacional de Garantías, y esperamos que de ahí el gobierno nacional comience a concertar con los defensores y defensoras de Derechos Humanos las políticas de garantías y de protección de sus derechos.

AA: ¿Quiénes vienen de parte del gobierno a la Mesa?

FC: Esperamos contar con la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, el consejero presidencial para los Derechos Humanos Francisco Barbosa, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación Emilio Archila, el viceministro de Defensa Gonzalo Muñoz y el viceministro encargado del Ministerio de Justicia.

AA: ¿Viene el director de la UNP?

FC: Esperemos que también pueda estar con nosotros el director de la UNP, así como un alto integrante de la Fiscalía General de la Nación.

AA: ¿cómo está el tema de seguridad de los líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos en Colombia al día de hoy?

FC: Creo que las cifras hablan por sí solas. Una vez culminamos el Proceso de Paz con las Farc, todo el mundo esperaría que el uso de la violencia mezclada con el ejercicio de liderazgo y ejercicio político disminuyera. Lastimosamente esta disminución no se ha dado, sino que vamos en incremento. Un incremento de homicidios, de amenazas y agresiones en general para los defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
Ante esta situación, desde el movimiento de defensores hemos estado instando al Estado colombiano para que avancemos en unas medidas urgentes en favor de los defensores, pero además de eso en que avancemos en una política pública de garantías.
Esa política pública, hasta el momento, no ha sido concertada con el Estado. Pero además de esto el Estado ha hecho caso omiso en cumplir la legislación que nace del Acuerdo de La Habana para proteger a las comunidades, a los líderes y lideresas: decretos como el 660 de protección de comunidades o el 2124 del Sistema de Alertas Tempranas hoy son letra muerta en el país porque desde el Estado, en mi perspectiva, no se les viene dando aplicación por posturas ideológicas.
Les doy un dato: el acuerdo de La Habana creó 27 componentes y subcomponentes para temas de garantías de seguridad. De ellos, solamente 10 han tenido una creación legal y una ejecución.
Esto aunque las ejecuciones han sido lentas, descoordinadas, sin presupuesto y en casos con intentos de un cambio de enfoque por parte del gobierno.
Hay otros 6 componentes que han sido creados legalmente y que no se encuentran en ejecución alguna, y hay 11 componentes más que no tienen ni si quiera una creación legal.
En esto llama la atención que el ente que debería coordinar estas instancias, que es la Alta Instancia del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política, a pesar de que ya fue creado legalmente, no ha sido convocado por el gobierno.
Si la cabeza no funciona y no articula, lo demás anda al garete.
Eso es lo que estamos viendo: el gobierno no necesita nada más hoy que voluntad política para comenzar a impulsar estos componentes, y no lo ha hecho básicamente porque ideológicamente no quiere avanzar por la ruta que marcó el Acuerdo de La Habana.

AA: ¿Cómo ve a la Unidad Nacional de Protección?

FC: La Unidad Nacional de Protección es un ente más en crisis en Colombia. Han sido sucesivas las decisiones erróneas que se han tomado en la Unidad Nacional de Protección, empezando por la tercerización de sus servicios.
A partir de ahí la UNP comienza a padecer de una serie de presiones que tienen que ver con recursos económicos, contratos con empresas y presuntos hechos de corrupción, pero por otra parte también está el tema esquemas de protección entregados a quienes no lo necesitan como familiares de servidores públicos. Esto básicamente por conexiones políticas y demás.
De otra parte es claro que la UNP, desde su diseño, no tiene las herramientas ni la posibilidad de llevar protección a la población de las zonas rurales del país. En las zonas rurales, que es donde se está llevando a cabo la mayoría de los homicidios a líderes sociales, no les sirven ni las camionetas, ni los escoltas armados ni los celulares sin señal, y mucho menos los chalecos antibala.
En síntesis, el modelo de la Unidad Nacional de Protección podría medianamente funcionar luego de muchas reformas y de un manejo administrativo y político muy serio y muy estricto, pero en ciudades.
Lo que hemos evidenciado es que en la ruralidad colombiana este modelo de protección material junto con la indumentaria de escoltas sencillamente ocasionan más riesgo y visibilidad a las personas que están amenazadas.

AA: ¿Cuántos líderes y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia este año?

FC: Lastimosamente, en Colombia no existe un registro único de víctimas. Las cifras más conservadoras hablan de 60 muertes, y hay otras que hablan de más de 100.
El Estado colombiano intenta jugar con la cifra más baja, que maneja la Fiscalía y que no supera las 40 personas asesinadas. Lo cierto es que incluso hablando con la cifra más conservadora, estamos ante un panorama de crisis que ha sido reconocido por la comunidad internacional.
La cifra más conservadora, la que maneja el gobierno, habla de más de 270 personas asesinadas en los últimos tres años. Esto es una crisis en cualquier tipo de país que se considere medianamente democrático. La cifra quizás mejor documentada es la de la Defensoría del Pueblo, que ya supera los 500 defensores y defensoras de Derechos Humanos asesinados en los últimos tres años.